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[polomoir] (Colombia) Debate sobre artículo de la ley de víctimas

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Debate sobre artículo de la ley de víctimas

Senador Jorge Enrique
Robledo, Bogotá, enero 23 de 2012

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Doctor

Fidel Cano

Director El
Espectador

Ciudad

 

El ministro de
Agricultura, Juan Camilo Restrepo, intentó desvirtuar el análisis “¿Y la tierra
prometida?”, publicado por El Espectador el 5 de enero de 2012, sobre el
artículo 99 de la ley de víctimas. Tras estudiar el caso, considero acertado el
texto del periódico, de acuerdo con la idea que se expresa en el subtítulo: “Serán
muchos los desplazados que no volverán a sus predios aunque les sean
titulados”, porque así se los restituyan estos seguirán siendo explotados por
quien hoy los explota o por un tercero.

 

El artículo 99 dice:
“Cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de
restitución (…) el Magistrado que conozca del proceso podrá autorizar (…) la
celebración de contratos entre los beneficiarios de la restitución, y el
opositor –que es quien posee el predio– que estuviera desarrollando el proyecto
productivo”. Aunque no lo diga un texto redactado para que sea confuso, es
obvio que se apunta a “contratos” en los que quien tiene el predio y aparece
como dueño de los cultivos le pagará algún tipo de arrendamiento por la tierra
a la víctima a la que se le restituyó.

 

Para precisar el
espíritu de la norma, el artículo 99 agrega que “cuando no se pruebe la buena
fe exenta de culpa –de quien tenga el predio–, el Magistrado entregará el
proyecto productivo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas para que lo explote a través de terceros –es
decir, de ninguna manera por parte del desplazado al que se le restituyó la
tierra– y se destine el producido del proyecto a programas de reparación
colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al
beneficiario de la restitución”. También es obvio que lo que recibirá la
víctima a la que se le restituya su predio será alguna forma de arrendamiento
por su tierra, creando lo que se ha llamado un rentismo paupérrimo.

 

La propia carta del
ministro le da razón en lo determinante a El Espectador: “no puede confundirse
el derecho al retorno al predio, con la restitución del mismo, porque son
derechos independientes, según lo establece el numeral 2 del artículo 73 de la
ley 1448 de 2011”. Y cuando agrega que puede ser “conveniente para las partes
(…) propiciar (…) un acuerdo entre el propietario restituido y quien esté
explotando el predio objeto de la restitución”.

 

Acierta, entonces,
Luis Jorge Garay, director del Equipo Nacional de Seguimiento a la Política
Pública sobre Desplazamiento Forzado, cuando concluye: “si el propósito de una
política de tierras es lograr la restitución jurídica y material de los
predios, permitiendo el ejercicio pleno de la propiedad como garantía de no
repetición, no es válido establecer limitantes en las que el propietario
restituido tenga que renunciar”. Y tiene la razón El Espectador cuando señala
que “Este artículo, a juicio de los expertos, abriría un boquete para que las
empresas que se han apropiado de grandes extensiones de tierra, comprándolas a
terceros y siendo en gran medida cómplices del desplazamiento forzado, tengan
una herramienta jurídica para defender sus proyectos y no entregar los predios
a sus verdaderos propietarios”.

 

Atentamente,

Senador

Jorge Enrique Robledo

 

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