Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 21 de November de 2013

[Medios] NP: Un acuerdo anticlimático: pacto comercial UE-Canadá

21 de noviembre de 2013

_Mientras se celebra la Cumbre del Clima en Varsovia_*
**UN ACUERDO CONTAMINANTE Y ANTICLIMÁTICO*_
__Más de 40 organizaciones advierten con una carta y un saco de “arenas
bituminosas” del peligro del pacto comercial UE-Canadá_

*Ecologistas en Acción ha entregado esta mañana una carta a la
delegación española de la Comisión Europea con la firma de más de 30
organizaciones europeas y 14 canadienses que se oponen a la firma del
acuerdo comercial con Canadá (CETA por sus siglas en inglés). Denuncian
el grave impacto ambiental del acuerdo, que contradice los objetivos
europeos de reducción de emisiones. La carta iba acompañada de una saco
de “arenas bituminosas”, materia prima altamente contaminante de la que
se extrae crudo y que Canadá pretende importar con este acuerdo.*

El escrito, que se entrega coincidiendo con la Cumbre del Clima en
Varsovia, recuerda que la Comisión Europea sigue sin iniciar el proceso
de reforma de la Directiva sobre Calidad de los Combustibles al que tan
enérgicamente se ha opuesto Canadá y que tan importante es para lograr
una reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero. El
retraso incumple los compromisos adquiridos por la propia Comisión.

En 2009 la Unión Europea aprobó una reforma de la directiva de calidad
de combustibles (FQD en sus siglas en inglés) con el objetivo de lograr
que en 2020 el petróleo consumido en el sector transporte tuviera un 6%
menos de emisiones asociadas a su consumo respecto a 2010, teniendo en
cuenta el ciclo de vida completo (desde la obtención y refinado del
petróleo hasta su combustión). Dado que existen diferentes tipos de
petróleo -convencionales, procedentes de arenas bituminosas,
combustibles sintéticos, etc.- la Comisión Europea encargó un estudio
para conocer las emisiones asociadas a cada tipo de petróleo y en
función de ello establecer unos valores de emisión sobre los que medir y
evaluar los compromisos obligatorios de reducción. A su vez, se
comprometió a que la reforma de la Directiva quedara aprobada como muy
tarde en 2012.

Las conclusiones del estudio fueron claras:*el petróleo procedente de
las arenas bituminosas emite un 23% de media más de emisiones que los
petróleos convencionales*. Es decir, que el cumplimiento del objetivo
del 6% tenía que pasar por evitar el consumo de este tipo de petróleo.
Canadá, uno de los países con mayores reservas probadas de petróleo
procedente de arenas bituminosas, se ha opuesto pública y enérgicamente
a la aprobación de esta reforma de la directiva al considerarla lesiva
para sus intereses comerciales. Y todo ello ha ocurrido en el mismo
periodo en que la Unión Europea y Canadá, impulsadas por los grupos de
presión empresariales que operan en ambos espacios políticos, han estado
negociando la consecución de un acuerdo económico y de libre comercio
(CETA por sus siglas en inglés), que fue firmado el pasado 18 de
octubre, aunque todavía quedan aspectos inconclusos.

No hay dudas de que la reforma de la directiva ha estado presente en las
negociaciones del CETA, y todo apunta a que ha sido utilizada como
moneda de cambio en las mismas. Eso explica que la Comisión Europea,
teniendo los estudios y las conclusiones, no haya iniciado ya el proceso
para reformar la directiva. Sin embargo, esta reforma era una de las
herramientas claves con las que la Unión Europea pretendía conseguir el
compromiso de reducir un 20% sus emisiones en 2020. Por lo que si al
final la reforma no sale a la luz, la Unión Europea habrá antepuesto
los intereses comerciales de las multinacionales canadienses y europeas,
entre las que se incluyen las petroleras, a su propia normativa y
compromisos –ya de por si poco ambiciosos ambos- en materia ambiental.

De hecho, la inclusión de un capítulo de protección de las inversiones,
por el cual las multinacionales pueden denunciar a los estados ante
tribunales internacionales poco transparentes cuando consideren que las
políticas públicas interfieren con sus beneficios, hace presagiar que
una vez más, los grupos de presión corporativo han impuesto todas sus
reivindicaciones.

Más información y fotos:
http://www.ecologistasenaccion.org/article22377.html

Mariano González Tejada: 617650785
Luis Rico García-Amado:65424891

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

Este sábado 23 os esperamos en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia a las 17h.SOS Racismo Gipuzkoa organiza la IV edición de Gipuzkoa Solidaria este sábado en San Sebastián

El País
La llegada de temporeros sorprende a Jaén con los albergues cerrados
Juzgan al alcalde de Badalona por vincular rumanos y delincuencia
Albiol admite que usó expresiones “inadecuadas” sobre los gitanos rumanos
Hacia España, en fila india
La PAH frena en el último momento un desahucio en Crevillent
El PP ignora la petición de la oposición de retirar las cuchillas de la valla de Melilla
El Correo
Repelido el intento de entrada de mil inmigrantes a Melilla
Canadá concede asilo a un escritor húngaro perseguido por la extrema derecha
Diario Vasco
Repelido el intento de entrada de mil inmigrantes a Melilla
Menores marroquíes entran en Melilla descolgándose por cuerdas
«Se endurecen las actitudes contra los inmigrantes»
Simunic alienta a los aficionados croatas con consignas neonazis
La Vanguardia
El PP rechaza la petición de que se retiren las cuchillas de la valla de Melilla
Albiol admite deslices y el fiscal pide un año de prisión por incitar al odio
El Periódico de Cataluña
Racismo, oenegés y el papel de la mujer, en el Salón del Cómic Social
España es el país de la UE con más reducción de inmigrantes
Albiol admite que empleó frases «inadecuadas» sobre los rumanos
Avui
El xou, que no falti mai
La realitat a les aules
L’alcalde de Badalona entona el ‘mea culpa’ al jutjat
ABC
Albiol usó expresiones «inapropiadas» pero sin ánimo de «menospreciar»
Repelido el intento de entrada de mil inmigrantes a Melilla
La Guardia Civil y Marruecos evitan la entrada masiva de mil inmigrantes a Melilla
Laluenga, un pueblo de 200 habitantes en la lista negra de la esclavitud por dos octogenarios
SOS Racismo Gipuzkoa critica los recortes en Sanidad y la política fronteriza
El alcalde de Badalona juzgado por repartir panfletos presuntamente xenófobos
Roquetas de Mar, ejemplo de integración social
Interior cree que España es «más segura» tras la implantación estatal del SIVE
La Seguridad Social pierde más de 111.000 afiliados extranjeros en un año
Gritos pro-nazis tras la clasificación mundialista de Croacia
Jaén adelanta una semana la apertura del albergue para jornaleros
La Razón
Como hormigas hacia Melilla
Público
El Ejército marroquí impide que mil personas salten la valla de Melilla
Sólo el PP rechaza en el Congreso la retirada de las cuchillas de Melilla
Albiol llega al juzgado entre gritos de apoyo y abucheos
El CETI de Melilla acoge a 950 personas, el doble de su capacidad
Albiol declara que asociar gitanos rumanos y delincuencia no pone en duda su “compromiso democrático”

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[Comunicado] APDDA concluye en su Jornada que existe PASIVIDAD LEGISLATIVA ante el BIENESTAR ANIMAL

* nota de prensa*
*”Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales”*
*La ‘I Jornada Parlamentaria sobre Protección Animal’ en Las Cortes
concluye que **existe pasividad legislativa y reglamentaria ante el
bienestar animal*
21/11/2013
* APDDA reclama una ley estatal de protección animal y la
incorporación **del bienestar de los animales a la Constitución Española*
La APDDA, ‘Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales’, ha hecho
públicas, hoy, las conclusiones de la ‘I Jornada Parlamentaria sobre
Protección Animal’, que se celebró el pasado 27 de septiembre en el
Congreso de los Diputados, y en las que reclama que se introduzca el
carácter jurídico de ser ‘sintiente’ que tienen los animales, una ley
estatal de protección animal, la incorporación de la protección y bienestar
de los animales a la Constitución Española*,* así como el endurecimiento
del Código Penal en materia de maltrato animal.
Según APDDA y el centenar de organizaciones que participaron en el
encuentro, existe una pasividad legislativa y reglamentaria, además de una
legislación española insuficiente, deficiente y obsoleta – cuando no
contradictoria -, en materia de bienestar y protección animal, en
comparación con otros países vecinos.
El escrito pone de manifiesto la ausencia de cualquier tipo de política
pública estatal en la materia. Es por ello que subraya la necesidad de
aprobar una ley estatal de protección animal, que sirva como norma básica
de la legislación autonómica y de la ley de bases de régimen local. Por
otro lado, señala que es necesaria la incorporación de nuevas conductas
delictivas y penas de prisión efectiva – en determinados casos -, en la
reforma del Código Penal en curso, así como la ratificación del Convenio
para la Protección de los Animales de Compañía, nº 123, del Consejo de
Europa, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987.
*Mayor sensibilización de la sociedad versus indiferencia de las
Administraciones*
La asociación contrasta que, ante una mayor sensibilización de la opinión
pública española respecto al bienestar animal, que permitiría un nuevo
impulso legislativo, se encuentra la “preocupante indiferencia e
insensibilidad de muchas administraciones públicas” con este asunto. Por
ello, APDDA les exige una actitud no sólo cumplidora de las actuales
normas, sino también más pro-activa.
Las conclusiones destacan, además, la importancia de la educación,
remarcando la necesidad de impartir cursos de formación y sensibilización
orientados al respeto y protección de los animales, en escuelas e
institutos.
*[Se adjunta documento de conclusiones]*
APDDA

—-
*Contacto: *
apddaasociacion@gmail.com
Teléf. 619757333
www.apdda.es
Conclusiones – I JORNADA PARLAMENTARIA SOBRE PROTECCIÓN ANIMAL.doc

FontFuente: apddaasociacion@gmail.com, via: puigcas@gmail.com

[Comunicado] EQUO Valdemoro, Europa investiga Plan Depura

Nota de prensa

EQUO logra que Europa investigue el Plan Depura de la Comunidad de Madrid.
20/13/2013
La Comisión Europea ha pedido nuevos informes al Estado Español sobre el
proyecto Madrid Depura, datos que deben aportar la Comunidad de Madrid y al
Canal de Isabel II al considerar insuficiente la información aportada por
estas instituciones sobre las posibles irregularidades cometidas respecto a
la legislación medioambiental europea en este proyecto que fueron
denunciadas por EQUO.

Esta investigación se produce por la denuncia que EQUO presentó a la
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 2012

EQUO argumentó en dicha denuncia que el proyecto Madrid Depura, aprobado
por las autoridades regionales de la Comunidad Autónoma de Madrid y
desarrollado por la empresa pública Canal de Isabel II consistente en la
construcción de infraestructuras de tratamiento de aguas residuales en los
municipios de Valdemoro y Ciempozuelos (Madrid) afectaría a espacios
protegidos de la red Natura 2000.

La Comisión Europea reconoció al admitir a trámite la denuncia que se
podrían estar incumpliendo las directivas europeas ya que “el proyecto es
susceptible de tener un efecto negativo” sobre estas zonas y consideraba
“necesaria” una evaluación que concluyera que el proyecto no causará
perjuicio a la integridad de dichos lugares protegidos “debiendo
paralizarse el proyecto en caso contrario”. En estos momentos el proyecto
no se ha iniciado.

Inés Sabanés considera que “Es importante denunciar al Parlamento Europeo
las infracciones de las directivas como presumimos ocurre en este proyecto,
que afecta a zonas protegidas por la Red Natura 2000” EQUO trabaja en estos
casos junto Los Verdes ALE apoyando a los peticionarios que denuncian
infracciones de las directivas europeas.
Esta denuncia de EQUO se une a la tramitada por ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
referente al proyecto de construcción de una estación depuradora de aguas
residuales en la zona conocida como El Espartal, en el municipio de
Valdemoro que vulneraría también la legislación medioambiental europea al
estar proyectada sobre una superficie ocupada por hábitats de interés
comunitario y cuya Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que autoriza la
construcción ya no es válida después de pasados 24 meses sin que el Canal
de Isabel II haya iniciado las obras.

“Desde EQUO Valdemoro nos alegramos de que siga adelante la investigación
de la Comisión Europea y el proyecto se encuentre parado. Esto demuestra la
importancia de recurrir desde lo local a instrumentos como el de petición
al Parlamento Europeo” señala Javier Carrillo coportavoz de EQUO Valdemoro
*[Se adjunta comunicado y denuncia en PDF]*
*Comunicación EQUO Valdemoro*

Tel. 647445844

comunicacion.valdemoro@equomadrid.org

*http://valdemoro.equomadrid.org *
*Comunicación EQUO Madrid*

Tel. 630764023 / 649420560

comunicacion@equomadrid.org

*http://equomadrid.org *
*EQUO es un partido político que tiene como pilares básicos la Ecología, la
Equidad Social, los Derechos Humanos y la Democracia, con representación en
el Parlamento a través de Compromís-EQUO.*
[image: eQuo] contacto@equomadrid.org
| 911666654 | c/ Jiloca nº4, bajo
DenunciaPlanDepura2012.pdf
EQUOValdemoroPlanDepura2013.pdf

FontFuente: comunicacion@equomadrid.org, via: carlos.r.sierra71@gmail.com

[Mitjans] NP: Protegir inversions privades a costa del contribuent, el endeutament i el medi ambient.

[cat-cast]

20 de novembre de 2013
/
/_/El dijous es debat al Congrés el Projecte de Llei sobre la cobertura
dels riscos de la internacionalització de l’economia espanyola/__
_
*UN XEC EN BLANC DEL GOVERN A LES EMPRESES ESPANYOLES A COSTA DELS
CONTRIBUENTS**
**Organitzacions adverteixen que la privatització de CESCE provocarà més
endeutament i impactes ambientals, menys control i participació*.

Dijous que ve es debatrà al Congrés el projecte de llei sobre la
cobertura dels riscos de la internacionalització de l’economia
espanyola, és a dir, les assegurances que assumeix l’Estat per a les
empreses amb negocis i inversions en altres països. Aquesta reforma
preveu la privatització de la Companyia Espanyola d’Assegurances de
Crèdit a l’Exportació (CESCE), un organisme criticat per generar
endeutament i impactes ambientals. Organitzacions i xarxes, entre elles
Ecologistes en Acció, alerten que es tindrà encara menys control i
participació democràtica amb aquesta privatització. Per això han enviat
una carta als diputats cridant a desestimar el projecte de llei.

La proposta presentada pel Govern a principis d’octubre proposa que la
cobertura es realitzi a través d’un agent gestor, que serà la pròpia
CESCE, durant 7 anys. Des de fa diversos anys la societat civil ve
denunciant CESCE com un opac mecanisme generador de major endeutament
per als països empobrits i d’impactes socials i ambientals severs. En
lloc d’esmenar els seus defectes, el projecte de llei agreuja encara més
aquesta situació.

*Menys control i participació*

S’atorga a un ens totalment privat la gestió de les assegurances per
compte de l’Estat. Malgrat que es tracta de fons públics, no
s’estableixen mecanismes d’informació ni de control per part de la
ciutadania i dels seus representants al Congrés. No es tracta d’un
mecanisme menor, ja que els Pressupostos Generals de l’Estat de 2013
establien un límit màxim de cobertura per a nova contractació que pot
assegurar CESCE en 9.000 milions d’euros. El Projecte de Pressupost per
2014 preveu una suma idèntica. Tampoc s’estableix cap mitjà de
participació ni de consulta de les poblacions afectades pels projectes
assegurats, els quals són usualment Projectes de Categoria A i B, és a
dir, d’alt risc socio-ambiental.

*Més endeutament**
*
A 31 de desembre de 2012, el deute comercial (generat mitjançant CESCE)
de països tercers amb l’Estat espanyol ascendia a 3.287,82 milions
d’euros (20,75 % del total). Aquest deute afecte particularment a països
empobrits, els quals acaben assegurant el risc de les inversions. És un
altre mecanisme més, com les ajudes al sector bancari, de socialització
de les pèrdues d’aquells negocis que, si haguessin estat reeixits,
haguessin atorgat sucosos guanys únicament privades. Per això, des de fa
anys, la societat civil, en el marc de la Campanya “Qui deu a Qui?” ve
denunciant a CESCE com un instrument de generació de deutes il·legítims
que haurien de ser auditades, i, si escau, repudiades.

*Incoherència amb la legislació europea*

El projecte de llei manca de referència alguna al principi de respecte i
coherència amb els principis de l’acció exterior de la Unió Europea als
que estan subjectes tots els Estats membres. La Regulació europea sobre
les Agències de Crèdit a l’Exportació (entre elles CESCE) estableix que
“Els Estats Membres han de complir amb els principis generals de la Unió
en l’àmbit de l’acció exterior, tals com consolidar la democràcia, el
respecte dels Drets Humans, la coherència de polítiques per al
desenvolupament, i la lluita contra el canvi climàtic, quan estableixen,
desenvolupen o implementen els seus sistemes nacionals de crèdits i
assegurances a l’exportació, així com quan realitzen una supervisió de
les activitats dels suport públic mitjançant crèdits a l’exportació”.
Aquesta regulació es refereix així mateix a l’Article 21 del Tractat de
Lisboa.

Fins ara, el suport amb fons i polítiques públiques a la
internacionalització de les empreses espanyoles ha generat impactes
negatius en la majoria dels casos per a les poblacions dels països
receptors de les inversions. Existeix un nombre significatiu de
denúncies des de la societat civil, per violació tan sistemàtica com a
impune dels Drets Humans per part de les empreses espanyoles en l’exterior.

És urgent que el Congrés dels Diputats desestimi el Projecte de Llei i
treballi sobre mecanismes extraterritorials vinculants de
responsabilitat tant pública com a privada, establint-se sistemes de
control de les pràctiques de les empreses que són afavorides pels
mecanismes d’internacionalització. La Legislació Internacional en
matèria de Drets Humans ha de situar-se per sobre del Dret Corporatiu.

*Organitzacions signatàries*
Acsur-Catalunya, Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, ATTAC
Acordem, Educació per a l’Acció Crítica (EDPAC), Entrepueblos, Colectivo
de Afectado/as por Repsol, Col·lectiu Respostes a les transnacionals
(RETS), Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI),
Ecologistas en Acción, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional (HEGOA), Plataforma Auditoria Ciudadana de la
Deuda – PACD Barcelona y PACD Madrid, Observatorio por la Autonomía y
Derechos de los Pueblos Indígenas, Observatorio de Multinacionales en
América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, Observatorio de la Deuda en la
Globalización (ODG), Red “¿Quién debe a quién?”

*Enllaç a la carta:* http://www.ecologistasenaccion.org/article26940.html

*Més informació:*
Mónica Vargas, monica.vargas@odg.cat, Tel. 66 202 64 97
Jesús Carrión, jesuscr@riseup.net, Tel. 657 910 352
[cast]
20 de noviembre de 2013_
_
_
___ _El jueves se debate en el Congreso el Proyecto de Ley sobre la
cobertura de los riesgos de la internacionalización de la economía
española_*

UN CHEQUE EN BLANCO DEL GOBIERNO A LAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS A COSTA
DE LOS CONTRIBUYENTES*_
__Organizaciones advierten que la privatización de CESCE provocará más
endeudamiento e impactos ambientales, menos control y participación_*
**
**El próximo jueves se debatirá en el Congreso el proyecto de ley sobre
la cobertura de los riesgos de la internacionalización de la economía
española, es decir, los seguros que asume el Estado para las empresas
con negocios e inversiones en otros países. Esa reforma prevé la
privatización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación (CESCE), un organismo criticado por generar endeudamiento e
impactos ambientales. Organizaciones y redes, entre ellas Ecologistas en
Acción, alertan de que se tendrá aún menos control y participación
democrática con esa privatización. Por ello han enviado una carta a los
diputados llamando a desestimar el proyecto de ley. *

La propuesta presentada por el Gobierno a principios de octubre propone
que la cobertura se realice a través de un agente gestor, que será la
propia CESCE, durante 7 años. Desde hace varios años la sociedad civil
viene apuntando los fallos de CESCE como un opaco mecanismo generador de
mayor endeudamiento para los países empobrecidos y de impactos sociales
y ambientales severos. En lugar de enmendar sus defectos, el proyecto de
ley agrava aún más esta situación.
_*
*__*Menos control y participación*_

Se otorga a un ente totalmente privado la gestión de los seguros por
cuenta del Estado. Pese a que se trata de fondos públicos, no se
establecen mecanismos de información ni de control por parte de la
ciudadanía y de sus representantes en el Congreso. No se trata de un
mecanismo menor, ya que los Presupuestos Generales del Estado de 2013
establecían un límite máximo de cobertura para nueva contratación que
puede asegurar CESCE en 9.000 millones de euros. El Proyecto de
Presupuesto para 2014 prevé una suma idéntica. Tampoco se establece
ningún medio de participación ni de consulta de las poblaciones
afectadas por los proyectos asegurados, los cuales son usualmente
Proyectos de Categoría A y B, es decir, de alto riesgo socioambiental.

_*Más endeudamiento*_

A 31 de diciembre de 2012, la deuda comercial (generada mediante CESCE)
de países terceros con el Estado español ascendía a 3.287,82 millones de
euros (20,75 % del total). Esta deuda afecta particularmente a países
empobrecidos, los cuales acaban asegurando el riesgo de las inversiones.
Es otro mecanismo más, como las ayudas al sector bancario, de
socialización de las pérdidas de aquellos negocios que, si hubieran sido
exitosos, hubieran otorgado jugosas ganancias únicamente privadas. Por
ello, desde hace años, la sociedad civil, en el marco de la Campaña
“¿Quién debe a Quién?” viene denunciando a CESCE como un instrumento de
generación de deudas ilegítimas que deberían ser auditadas, y, en su
caso, repudiadas.
_*
*__*Incoherencia con la legislación europea*_

El proyecto de ley carece de referencia alguna al principio de respeto y
coherencia con los principios de la acción exterior de la Unión Europea
al cual están sujetos todos los Estados miembros. La Regulación europea
sobre las Agencias de Crédito a la Exportación (entre ellas CESCE)
establece que “Los Estados Miembros deben cumplir con los principios
generales de la Unión en el ámbito de la acción exterior, tales como
consolidar la democracia, el respeto de los Derechos Humanos, la
coherencia de políticas para el desarrollo, y la lucha contra el cambio
climático, cuando establecen, desarrollan o implementan sus sistemas
nacionales de créditos y seguros a la exportación, así como cuando
realizan una supervisión de las actividades de los apoyo público
mediante créditos a la exportación”. Esta regulación se refiere asimismo
al Artículo 21 del Tratado de Lisboa.

Hasta ahora, el apoyo con fondos y políticas públicas a la
internacionalización de las empresas españolas ha generado impactos
negativos en la mayoría de los casos para las poblaciones de los países
receptores de las inversiones. Existe un número significativo de
denuncias desde la sociedad civil, por violación tan sistemática como
impune de los Derechos Humanos por parte de las empresas españolas en el
exterior.

Es urgente que el Congreso de los Diputados desestime el Proyecto de Ley
y trabaje sobre mecanismos extraterritoriales vinculantes de
responsabilidad tanto pública como privada, estableciéndose sistemas de
control de las prácticas de las empresas que son favorecidas por los
mecanismos de internacionalización. La Legislación Internacional en
materia de Derechos Humanos debe situarse por encima del Derecho
Corporativo.

*Organizaciones firmantes *
Acsur-Catalunya, Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, ATTAC
Acordem, Educació per a l’Acció Crítica (EDPAC), Entrepueblos, Colectivo
de Afectado/as por Repsol, Col·lectiu Respostes a les transnacionals
(RETS), Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI),
Ecologistas en Acción, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional (HEGOA), Plataforma Auditoria Ciudadana de la
Deuda – PACD Barcelona y PACD Madrid, Observatorio por la Autonomía y
Derechos de los Pueblos Indígenas, Observatorio de Multinacionales en
América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, Observatorio de la Deuda en la
Globalización (ODG), Red “¿Quién debe a quién?”

*Enlace a la carta:* http://www.ecologistasenaccion.org/article26940.html

*Más información:*
Mónica Vargas, monica.vargas@odg.cat, Tel. 66 202 64 97
Jesús Carrión, jesuscr@riseup.net, Tel. 657 910 352
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

[Medios] NP: Proteger inversiones privadas a costa del contribuyente, el endeudamiento y el medio ambiente

20 de noviembre de 2013_
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___ _El jueves se debate en el Congreso el Proyecto de Ley sobre la
cobertura de los riesgos de la internacionalización de la economía
española_*

UN CHEQUE EN BLANCO DEL GOBIERNO A LAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS A COSTA
DE LOS CONTRIBUYENTES*_
__Organizaciones advierten que la privatización de CESCE provocará más
endeudamiento e impactos ambientales, menos control y participación_*
**
**El próximo jueves se debatirá en el Congreso el proyecto de ley sobre
la cobertura de los riesgos de la internacionalización de la economía
española, es decir, los seguros que asume el Estado para las empresas
con negocios e inversiones en otros países. Esa reforma prevé la
privatización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación (CESCE), un organismo criticado por generar endeudamiento e
impactos ambientales. Organizaciones y redes, entre ellas Ecologistas en
Acción, alertan de que se tendrá aún menos control y participación
democrática con esa privatización. Por ello han enviado una carta a los
diputados llamando a desestimar el proyecto de ley. *

La propuesta presentada por el Gobierno a principios de octubre propone
que la cobertura se realice a través de un agente gestor, que será la
propia CESCE, durante 7 años. Desde hace varios años la sociedad civil
viene apuntando los fallos de CESCE como un opaco mecanismo generador de
mayor endeudamiento para los países empobrecidos y de impactos sociales
y ambientales severos. En lugar de enmendar sus defectos, el proyecto de
ley vuelve agrava esta situación.
_*
*__*Menos control y participación*_

Se otorga a un ente totalmente privado la gestión de los seguros por
cuenta del Estado. Pese a que se trata de fondos públicos, no se
establecen mecanismos de información ni de control por parte de la
ciudadanía y de sus representantes en el Congreso. No se trata de un
mecanismo menor, ya que los Presupuestos Generales del Estado de 2013
establecían un límite máximo de cobertura para nueva contratación que
puede asegurar CESCE en 9.000 millones de euros; el Proyecto de
Presupuesto para 2014 prevé una suma idéntica. Tampoco se establece
ningún medio de participación ni de consulta de las poblaciones
afectadas por los proyectos asegurados, los cuales son usualmente
Proyectos de Categoría A y B, es decir, de alto riesgo socioambiental.

_*Más endeudamiento*_

A 31 de diciembre de 2012, la deuda comercial (generada mediante CESCE)
de países terceros con el Estado español ascendía a 3.287,82 millones de
euros (20,75 % del total). Esta deuda afecta particularmente a países
empobrecidos, los cuales acaban asegurando el riesgo de las inversiones.
Es otro mecanismo más, como las ayudas al sector bancario, de
socialización de las pérdidas de aquellos negocios que, si hubieran sido
exitosos, hubieran otorgado jugosas ganancias únicamente privadas. Por
ello, desde hace años, la sociedad civil, en el marco de la Campaña
“¿Quién debe a Quién?” viene denunciando a CESCE como un instrumento de
generación de deudas ilegítimas que deberían ser auditadas, y, en su
caso, repudiadas.
_*
*__*Incoherencia con la legislación europea*_

El proyecto de ley carece de referencia alguna al principio de respeto y
coherencia con los principios de la acción exterior de la Unión Europea
al cual están sujetos todos los Estados miembros. La Regulación europea
sobre las Agencias de Crédito a la Exportación (entre ellas CESCE)
establece que “Los Estados Miembros deben cumplir con los principios
generales de la Unión en el ámbito de la acción exterior, tales como
consolidar la democracia, el respeto de los Derechos Humanos, la
coherencia de políticas para el desarrollo, y la lucha contra el cambio
climático, cuando establecen, desarrollan o implementan sus sistemas
nacionales de créditos y seguros a la exportación, así como cuando
realizan una supervisión de las actividades de los apoyo público
mediante créditos a la exportación”. Esta regulación se refiere asimismo
al Artículo 21 del Tratado de Lisboa.

Hasta ahora, el apoyo con fondos y políticas públicas a la
internacionalización de las empresas españolas ha generado impactos
negativos en la mayoría de los casos para las poblaciones de los países
receptores de las inversiones. Existe un número significativo de
denuncias desde la sociedad civil, por violación tan sistemática como
impune de los Derechos Humanos por parte de las empresas españolas en el
exterior.

Es urgente que el Congreso de los Diputados desestime el Proyecto de Ley
y trabaje sobre mecanismos extraterritoriales vinculantes de
responsabilidad tanto pública como privada, estableciéndose sistemas de
control de las prácticas de las empresas que son favorecidas por los
mecanismos de internacionalización. La Legislación Internacional en
materia de Derechos Humanos debe situarse por encima del Derecho
Corporativo.

Organizaciones firmantes
Acsur-Catalunya, Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, ATTAC
Acordem, Educació per a l’Acció Crítica (EDPAC), Entrepueblos, Colectivo
de Afectado/as por Repsol, Col·lectiu Respostes a les transnacionals
(RETS), Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI),
Ecologistas en Acción, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional (HEGOA), Plataforma Auditoria Ciudadana de la
Deuda – PACD Barcelona y PACD Madrid, Observatorio por la Autonomía y
Derechos de los Pueblos Indígenas, Observatorio de Multinacionales en
América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, Observatorio de la Deuda en la
Globalización (ODG), Red “¿Quién debe a quién?”

Enlace a la carta: http://www.ecologistasenaccion.org/article26940.html

Más información: Mónica Vargas, monica.vargas@odg.cat, Tel. 66 202 64 97
Jesús Carrión, jesuscr@riseup.net, Tel. 657 910 352

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net