Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 23 de January de 2014

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

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APDHA Cádiz. Presentación de la plataforma Watch the Med

El País
La Guardia Civil frena el asalto a Melilla de 800 inmigrantes en una noche
‘Toque de queda’ comercial en un barrio de Lleida para combatir la inseguridad
El Mundo
Mas recuerda que Rubalcaba se vio con Maroni
El Correo
Encuentro de mujeres locales e inmigrantes
Diario Vasco
Drama social hoy en el cinefórum
El jurado encuentra culpable al acusado de tirar al mar a su hija de 18 meses
Deia
El jurado encuentra culpable al acusado de tirar al mar a su hija de 18 meses
Diario de Navarra
Impiden el acceso al Parlamento de la representante de SOS Racismo
Diario de Noticias
Catalán impide a la representante de SOS Racismo acceder al Parlamento
Médicos del Mundo insta a defender el espíritu de la ley foral de asistencia sanitaria
Salud intenta facturar la asistencia en Urgencias a una inmigrante con cáncer
Diario de noticias de Gipuzkoa
El jurado encuentra culpable al acusado de tirar al mar a su hija de 18 meses en Zarautz
Berria
Aterik ez SOS Arrazakeriari Nafarroako Parlamentuan
La Vanguardia
Un desalojo fuera de lo corriente
Racismo, odio, olvido
El Periódico de Cataluña
Masud Ahsan: «Mi partido político no puede hablar en mi país»
Avui
El rector de Riells paga el trasllat al Brasil del cos del noi mort a casa seva
ABC
Impiden el acceso al Parlamento de la representante de SOS Racismo
Denuncian la celebración de un concierto neonazi en Málaga
Marruecos impide la entrada masiva de 800 inmigrantes a Melilla por la valla
La Seguridad Social pierde 3.964 afiliados extranjeros
Investigan de nuevo a Dieudonné, condenado por antisemitismo
Detienen al polémico cómico francés Dieudonné M’Bala
La Razón
Unos 800 inmigrantes tratan de asaltar la valla de Melilla
La Seguridad Social perdió 102.545 afiliados extranjeros en 2013
Sur
Marruecos aborta un intento de asalto a la valla de Melilla
La Seguridad Social perdió 102.545 afiliados extranjeros en 2013
Investigan de nuevo a Dieudonné, condenado por antisemitismo
La Seguridad Social pierde 3.964 afiliados extranjeros
La Voz de Galicia
Investigan de nuevo a Dieudonné, condenado por antisemitismo
Las Provincias
La Seguridad Social perdió 102.545 afiliados extranjeros en 2013
Marruecos aborta un intento de asalto a la valla de Melilla
Canarias 7
Dispersan en Marruecos a unos 40 inmigrantes que pretendían entrar en Ceuta
Unos 800 subsaharianos intentan sin éxito entrar a Melilla por la valla
Público
Detenidos siete Ultras Sur por agredir a hinchas de Frente Atlético
Ni Le Pen apoya a Gallardón en su contrarreforma del aborto

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[Comunicado] RTVE responde que las CORRIDAS DE TOROS “deben tratarse con NORMALIDAD” y que “NO PERJUDICA LA INFANCIA”

* nota de prensa*
*”Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales”*
*RTVE defiende que “las corridas de toros son un espectáculo
cultural que debe ser tratado con normalidad” y que “no perjudica a la
infancia”*
23/01/2014
*La respuesta escrita llega la misma semana que el senador Josep
Maldonado, de la ‘Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales”
(APDDA), pregunta al Gobierno sobre las Corridas de Toros en horario
infantil*
El Presidente de la Corporación de RTVE, Leopoldo González-Echenique, ha
defendido que “las corridas de toros son un espectáculo cultural que debe
ser tratado con normalidad dentro de su programación”, en una *respuesta
por escrito dirigida al diputado Chesús Yuste*, de la ‘Asociación
Parlamentaria en Defensa de los Animales’ (APDDA).
González-Echenique ‘justifica’ que el interés cultural hacia este cruel
espectáculo queda demostrado por el hecho de que “haya sido protegido como
bien de interés cultural en muchas Comunidades Autónomas. Y más
recientemente, por la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación
de la tauromaquia como patrimonio cultural”.
RTVE asegura que “ha decidido retransmitir corridas de toros por su
estricta legalidad y por el interés de la audiencia por el espectáculo”. Y,
como prueba de ello, informa que “la retransmisión de la última corrida
tuvo una audiencia de 1.064.000 espectadores, cuatro puntos más que el
domingo anterior a esa misma hora”, contrastando sólo con el interés de la
audiencia por la programación habitual de esta cadena, y no con el interés
global de la población por este espectáculo. Cabe recordar que el Barómetro
del CIS de mayo de
2010,
demostró la indiferencia de la población por la programación taurina.
*RTVE: “**la emisión de corridas de toros no perjudica a la infancia”*
La corporación también se ha pronunciado respecto a la retransmisión de
Corridas de Toros en horario infantil, y defiende que RTVE “respeta
escrupulosamente el Código de autorregulación de contenidos televisivos e
infancia”, y que “las autoridades encargadas de su supervisión tuvieron un
pronunciamiento expreso sobre este asunto, señalando que la emisión de
corridas de toros no perjudica a la infancia.”. Concreta que “el 3 de
diciembre de 2012, el Comité de Autorregulación consideró adecuada la
calificación para mayores de siete años que se dio a la retransmisión de la
corrida de toros”.
La respuesta llega la misma semana que el *senador Josep Maldonado, de
APDDA, registra una nueva pregunta al Gobierno* respecto a la previsión de
éste de exigir a Televisión Española que no emita imágenes de maltrato
animal, especialmente en lo que se refiere a las Corridas de Toros en
horario infantil.
*[Se adjunta pregunta escrita y respuesta de RTVE]*
APDDA

—-
*Contacto: *
apddaasociacion@gmail.com
Teléf. 619757333
www.apdda.es
Respuesta RTVE Toros.pdf
Pregunta Maldonado Toros TV infancia.pdf

FontFuente: apddaasociacion@gmail.com, via: puigcas@gmail.com

Fwd: Informe : El Caso Emblemático Antamina – Rio Mosna

Por medio de la presente les hacemos llegar el informe preparado por el
equipo de ProJusticia denominado: ” El Caso Emblemático Antamina – Rio
Mosna, Análisis de la Realidad Judicial” en la cual detallamos acerca de
las Demandas, Enfrentamientos, “Cosas Raras”, Disputas, Medidas Cautelares,
Competencia y Otros, referentes a los juicios entre la toda poderosa
Antamina de Ancash y la Modesta Rio Mosna de Huánuco

Atentamente:

ProJusticia
[image: Imágenes integradas 1]
*INFORME: EL CASO EMBLEMÁTICO ANTAMINA – RIO MOSNA*
*ANÁLISIS DE LA REALIDAD JUDICIAL*
*INTRODUCCIÒN*
*LA HISTORIA DE UNA CONTIENDA MAS ALLA DE LO MINERO*
*Informe ProJusticia*
A lo largo del 2013, PROJUSTICIA ha venido informando acerca del conflicto
judicial que mantiene la empresa minera RIO MOSNA S.A. contra una de las
empresas mineras más poderosas e influyentes del país, como es MINERA
ANTAMINA S.A.C.; y aunque para algunos este conflicto puede sonar a un “lío
de blancos”, lo cierto es que las repercusiones de esta disputa van más
allá de estas partes, ya que implican –como hemos tratado de mostrar en los
diferentes informes- la definición de la provincia de Llata en particular,
y de la región Huánuco en general, como parte del área de influencia de
Antamina, y por ende la obligación que debe asumir esta empresa tanto en
términos de responsabilidad social como de pago de canon.
Por otro lado, el caso nos parece paradigmático en tanto muestra la manera
en la cual empresas como ANTAMINA buscan instrumentalizar al sistema
judicial peruano en términos de sus intereses, no solo para avalar alguna
acción contra comunidades, rondas o caseríos –como suelen ser los casos que
se denuncian- sino contra cualquier tercero que se oponga a sus intentos de
expansión, sea a través del cambio intempestivo de jueces o la presentación
de acciones en diferentes distritos judiciales. En tal sentido, la conducta
de ANTAMINA no se distancia de la asumida por otras empresas que ven a la
corrupción judicial como parte de sus prácticas corporativas,
contradiciendo la imagen de “empresa responsable” que presenta ante el país
y ante el mundo.
Lo rescatable, en todo caso, es que hasta el momento RIO MOSNA ha sabido
sortear todos los obstáculos que le ha ido poniendo ANTAMINA en el camino,
logrando tres cosas que nadie había logrado contra dicha empresa: por un
lado, que la población de Huánuco tome conciencia de la presencia de esta
minera en su zona, preguntándose porqué nadie les había dicho nada al
respecto; de otro lado, que las autoridades tomen cartas en el asunto en
temas como la compra irregular de terrenos hecha a la comunidad campesina
de Túpac Amaru, la cual ha sido cuestionada por la Procuradora Pública de
la Región Huánuco, Dra. Juana Mercado Araujo; y en tercer lugar, que la
Corte Superior de Huánuco reafirme su jurisdicción sobre ANTAMINA,
sacándola del reinado judicial que esta empresa mantiene en Ancash.
Como dimos a conocer en nuestro último informe, esta última medida fue
recientemente cuestionada por ANTAMINA forzando al juzgado civil de Huari a
presentar una contienda de competencia contra el juzgado mixto de Llata, a
fin de asumir el proceso judicial que RIO MOSNA viene llevando en este
juzgado para que se respeten sus derechos mineros. Sin embargo, la Sala
Civil Suprema acaba de resolver dicha contienda a favor del juzgado mixto
de Llata, de acuerdo a lo publicado en su portal web (Exp.
04869-2013-0-5001-SU-CI-01), tomando en cuenta que ya la instancia superior
de Huánuco había fallado por respetar la competencia de dicho órgano, con
lo cual ANTAMINA deberá acatar –si es la empresa responsable que dice ser-
la decisión de la Corte Suprema y someterse a lo que disponga la justicia
de Huánuco, con todas las implicancias que ello tiene además en términos de
definición de su área de influencia.
Ante ello el presente informe presenta un balance y un resumen de toda la
historia que hasta el momento ha tenido esta disputa, sobre la cual aún no
está dicha la última palabra. Resta aún saber qué ocurrirá con la acción de
amparo presentada por Antamina ante el segundo juzgado civil de Huaraz
–esto es, dentro de su reino judicial- y con la cual seguramente buscará un
pronunciamiento del Tribunal Constitucional, con fin de alargar el proceso;
y de otro lado, resta saber si el juez a cargo del juzgado de Llata –y con
éste, la Corte Superior de Huánuco- tendrán el suficiente valor e
independencia para ponerle un límite claro a ANTAMINA y exigirle que cumpla
con la ley, tal como corresponde a cualquier empresa responsable. Esperamos
por tanto que el 2014 sea un año más auspicioso para la justicia
huanuqueña, y que muestre la madurez que su población espera.
*INFORME 1:*
*LLATA: PUEBLO CHICO, CORRUPCION GRANDE*
Hace unos días estuvimos en la ciudad de Llata, capital de la provincia de
Huamalíes, en plena sierra de la región Huánuco. Fuimos allá al enterarnos
de un caso de corrupción judicial: una jueza penal liquidadora había sido
descubierta luego de recibir 400 soles de un litigante. Llegamos en plena
fiesta de la Virgen, fiesta que llena las calles de esa ciudad de bandas
costumbristas, alfombras de flores y fuegos artificiales durante casi una
semana, y que se extiende luego hasta agosto por las festividades patrias.
Extrañamente, eran pocas las personas del pueblo que estaban enteradas del
caso y menos las que nos dieron alguna información sobre lo ocurrido. Sin
embargo, las conversaciones que sostuvimos con diferentes pobladores nos
fueron conduciendo hacia otros casos de corrupción, mucho más apabullantes
y complejos, que involucran a una de las principales unidades mineras del
país: Antamina, cuyas operaciones se desarrollan aquicito nomás, a espaldas
de Llata, donde la sombra de esta empresa se viene extendiendo como un
cáncer imparable.
El presente informe está dedicado, por ello, a presentar algunas de las
historias que recogimos en este viaje, historias que parecen estar
transformando a Llata de un tranquilo pueblo de comerciantes y campesinos
en un pueblo donde la corrupción empieza a campear, todo gracias a una
empresa que ya ha causado estragos sociales y políticos en otros distritos
de Ancash, como San Marcos. Esperamos por tanto que estas historias
permitan que las autoridades del Estado y de Llata tomen conciencia de lo
que ocurre en este pueblo, y eviten que termine maldecido por sus recursos
naturales.
*LA INVISIBLE INFLUENCIA DE ANTAMINA*
Apenas llegados a Llata, nos dedicamos a buscar información sobre el caso
de la jueza, pero la mayor parte de personas con las que conversamos apenas
tenía referencias de este caso. Su preocupación estaba puesta, más bien, en
la inminente compra de unos terrenos por parte de Minera Antamina en la
zona, negocio que tiene más de un lado oscuro.
Como se sabe, Antamina inició sus operaciones en noviembre del 2001, luego
de toda una etapa de exploración y construcción de infraestructura que duró
más de tres años. En realidad, el yacimiento fue entregado en concesión
años antes, en 1996, durante el gobierno fujimorista. Para entonces, sus
reservas de cobre y otros metales ya estaban calculadas en 500 millones de
toneladas. En la actualidad, Antamina está considerada una de las 10
operaciones mineras más grandes del mundo, constituyendo una de las
principales productoras de concentrados de cobre y zinc dl país.
De acuerdo a su portal web, el complejo minero de Antamina se ubica en el
Callejón de Conchucos, en la sierra oriental de Ancash, a unos 200
kilómetros de la ciudad de Huaraz y a una altitud promedio de 4,300 metros
sobre el nivel del mar. Los datos públicos señalan también al distrito de
San Marcos como la sede principal de Antamina, siendo por ello el distrito
más beneficiado por el canon y las regalías mineras que genera esta
empresa, convirtiéndose en los últimos años en el distrito con mayores
ingresos a nivel nacional, pero también uno con los niveles más altos de
corrupción e inestabilidad local.
Lo que su portal web no indica, sin embargo, es que Antamina tiene también
importantes vínculos con Llata, ubicada a la “espalda” de sus operaciones.
Por un lado, existen dos formas de llegar a Llata: una es vía Huánuco, en
una ruta que dura aproximadamente cuatro a seis horas de viaje, y la otra
es mediante un corte de la carretera a Huaraz que pasa, precisamente, a un
lado de las operaciones de Antamina. Esta ruta es bastante utilizada por
los llatinos, ya que conecta más rápidamente con Lima, lo que hace que
aquellos conozcan bastante bien el impresionante tajo abierto de esta mina,
así como su inmensa cancha de relaves.

Esta carretera, sin embargo, no es el único vínculo de Antamina con Llata.
De acuerdo a lo que nos informaron algunos pobladores, buena parte de la
energía eléctrica que alimenta a sus instalaciones proviene o se encuentra
interconectada con Llata. Estos dos aspectos –la carretera y la energía
eléctrica- ubicarían a Llata como una zona de influencia indirecta de la
mima; sin embargo, Antamina nunca ha reconocido a Llata como parte de su
área de influencia, limitándose a darle este reconocimiento al distrito de
San Marcos. Extrañamente, Llata sí se encuentra considerada dentro de las
zonas que reciben apoyo social del Fondo Minero Antamina, junto con el
distrito de Puños, otra zona adyacente a las operaciones mineras. ¿Por qué
ocurre ello?
*UNA EXPANSIÓN CONTAMINANTE*
Este espíritu “filantrópico” de Antamina hacia Llata respondería en
realidad, tal como nos narraron algunos campesinos del lugar, a la
necesidad de encubrir la creciente contaminación generada por dicha empresa
y que ha empezado a llegar hasta esta zona. De acuerdo a las versiones
recogidas, en las alturas de Llata hay muchos animales que se están
muriendo por “causas inexplicables”; asimismo, las cosechas cada vez rinden
menos porque los suelos ya no son tan productivos como antes, mientras que
los pobladores –especialmente los niños- están empezando a padecer también
“extrañas enfermedades” que antes no existían en la zona, incluyendo la
leucemia.
Según nuestros informantes, todos estos problemas son conocidos por las
autoridades médicas de la zona, aunque son pocos los que se atreven a
levantar la voz contra la empresa minera. Y es que al igual que viene
ocurriendo en San Marcos, Huaraz o Huarmey, muchos pobladores indican que
la mina ya tiene “compradas” a la mayor parte de las autoridades del lugar,
a fin de acallar cualquier denuncia de contaminación que se presente en su
contra ante el Ministerio Público o el Poder Judicial. Lo cierto es que
hasta el momento ninguna de estas denuncias se ha hecho pública, existiendo
un preocupante silencio cómplice alrededor de las mismas.
La preocupación de nuestros informantes sobre estas denuncias se acrecienta
ante los indicios que muestran los intentos de expansión de Antamina hacia
Llata, lo que obviamente incrementaría los casos de contaminación ya no
solo en las alturas sino también en los alrededores de esta ciudad. Por lo
pronto, se sabe ya que esta compañía ha adquirido recientemente un terreno
de mil ochenta (1,080) hectáreas a la comunidad campesina de Túpac Amaru de
Llata, por la friolera de 20 millones de soles; esto es, a un poco más de
18,500 soles por hectárea.
De acuerdo a los datos del MINAG, esta comunidad cuenta con reconocimiento
legal desde el 22 de diciembre de 1981, mediante resolución directoral No.
0337-81-DR-XI-H; por su parte, sus terrenos se encuentran registrados en la
partida 11004713 de los Registros Públicos de Huánuco, con fecha 30 de mayo
de 1994. Sin embargo, más allá de estos datos oficiales, esta comunidad no
existe en realidad: de los 27 comuneros que se encuentran formalmente
inscritos, más de 20 no residen en Llata sino del lado de Huaraz. Por ello,
desde hace varios años la directiva de la comunidad se reparte entre 3
comuneros, quienes hoy se han visto favorecidos por la suerte gracias al
interés de Antamina por sus tierras.
De acuerdo a lo que nos informaron, solo 10 de los comuneros de Túpac Amaru
–que eran los posesionarios de los terrenos vendidos a Antamina- recibieron
200 mil soles por parte de la directiva de la comunidad como pago por sus
tierras. Los 18 millones restantes, por su parte, han quedado guardados en
una cuenta que es manejada por la Junta Directiva previa aprobación de
Antamina. Algunos señalan que parte del dinero ha sido entregado a la
empresa minera MILPO, para recuperar terrenos que habían sido concesionados
a esta empresa, pero no es algo confirmado. Lo que sí está confirmado es
que los otros comuneros que no se han beneficiado de esta venta vienen
presionando para que se venda el resto de los terrenos de la comunidad a
Antamina y recibir su tajada, con lo cual la comunidad de Túpac Amaru
desaparecería prácticamente del mapa.
Sin embargo, lo más extraño del caso es que Antamina no quiere decir en qué
va a ser utilizado el amplio terreno comprado a la comunidad, ni para que
quiere seguir comprando el resto del territorio de la misma. También se
sabe de su interés en adquirir otros terrenos en la zona, sin que nadie
sepa cuál es el motivo para ello. Al respecto, en enero del 2013, a poco de
cerrada la primera venta, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de
Antamina, RICARDO MOREL, afirmaba que “aún no hemos definido que uso le
daremos al terreno adquirido, posiblemente sean campamentos”. ¿Esta versión
es creíble? ¿Acaso una empresa como Antamina, por más dinero que tenga, va
a gastar 20 millones de soles en adquirir un terreno sin saber para que lo
quiere?
*ACLARANDO LAS COSAS*
En realidad, el uso para estos terrenos sí estaría claro para la empresa,
aunque sabe bien que decirlo de manera pública puede costarle un conflicto
que pondría en riesgo el futuro de sus operaciones, tal como viene
ocurriendo en Yanacocha.
Para comprender ello conversamos con funcionarios de Río Mosna, una pequeña
empresa minera que viene luchando desde hace unos meses para que Antamina
deje de invadir unas concesiones que mantiene en la zona de Llata. De
acuerdo a lo informado por aquellos, el verdadero interés de Antamina sería
convertir tanto los terrenos comprados como los invadidos en un inmenso
botadero de tierra, con un volumen proyectado de 2,237 metros de desmonte
en los siguientes 12 años, tal como consta en el Estudio de Impacto
Ambiental “Incremento de Reservas y Optimización del Plan de Minado”,
presentado el 2010 por Antamina ante el Ministerio de Energía y Minas.
Reafirmando lo dicho arriba, este EIA tampoco incluye como área de
influencia al distrito de Llata, a pesar de que una mirada a los planos
permite apreciar claramente que el botadero proyectado se encuentra dentro
de los linderos del distrito. Antamina solo informó al MEM que, en tanto el
nuevo proyecto se trataba de una ampliación de su EIA presentado en el
2008, el área de influencia seguía siendo la misma; esto es, el distrito de
San Marcos. Con ello, Antamina se libró de iniciar programas de prevención,
control y compensación ambiental para Llata, pero también de informar de
sus verdaderas intenciones sobre el uso que va a darle a los terrenos
adquiridos en este distrito.
Existe, sin embargo, otra posibilidad para los terrenos que Antamina tiene
o dice tener en Llata. De acuerdo a algunos pobladores entrevistados,
varios grupos de ingenieros y obreros han sido vistos realizando
exploraciones diamantinas en diferentes puntos de Llata, incluyendo tanto a
los terrenos de la comunidad de Túpac Amaru como otros terrenos cercanos.
Para ello, incluso algunos propietarios habrían sido engañados por Antamina
solicitándoles permisos para entrar en sus tierras sin explicarles
previamente qué querían hacer en ellas. Por tanto, existe también la
posibilidad de que los terrenos que Antamina viene comprando o usurpando
sean parte de su expansión minera, sobre todo si se considera que no existe
mucho hacia dónde expandirse del lado de Ancash.
Sea uno u otro el camino que Antamina decida seguir, lo cierto es que los
planes futuros de esta empresa implican extender su influencia hacia Llata,
y por tanto hacia sus tierras, sus aguas, sus animales y su gente. Sin
embargo, los llatinos viven literalmente de espaldas a estas intenciones,
dado que Antamina no está cumpliendo con informarles o consultarles acerca
de sus planes de expansión y los impactos que ellos pueden generar en la
vida y el ambiente de este distrito.
*DAVID CONTRA GOLIAT*
Frente a este panorama, hay una esperanza de que las cosas puedan cambiar,
y esa esperanza se llama Río Mosna. Y es que la lucha de esta empresa
frente a Antamina es similar a la que enfrentó al pequeño David contra el
gigante Goliat, poco más o menos.
Esta lucha se inició, en realidad, hace unos años atrás, cuando Antamina se
encontraba en pleno crecimiento. Y es que casi en el medio de las enormes
concesiones obtenidas por este gigante minero Río Mosna mantenía tres
pequeñas pero importantes concesiones: “Viejo Bromley”, “Estrella del
Norte” y “Don Augusto”. Al igual que las concesiones de Antamina, éstas se
encuentran asentadas en el registro minero de Huaraz, dado que las dos
primeras y parte de la tercera se ubican en el distrito de San Marcos; sin
embargo, cerca del 90% de “Don Augusto” se extiende por Llata.
Durante muchos años, Antamina tocó las puertas de Río Mosna para ofrecerle
un pago exiguo a cambio de sus concesiones, tal como hacía con la mayor
parte de campesinos; sin embargo, sus ofertas nunca fueron aceptadas. A
inicios del 2012, Río Mosna se enteró que Antamina había logrado que se le
reconozcan derechos superpuestos sobre parte de sus concesiones gracias al
EIA que fuera aprobado por el MEM. Para ello Antamina falseó información
importante, dado que ante la observación hecha por la Dirección General de
Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) para que presente el plano de las
concesiones mineras que integraban el proyecto, dicha empresa solo incluyó
el nombre de las propiedades superficiales, sin señalar que el proyecto
incluía concesiones a nombre de otra empresa minera.
Amparados en este EIA –y a pesar de no contar con la resolución aprobatoria
de la Dirección General de Minería- Antamina inició una serie de obras
dentro del área delimitada del proyecto y, por ende, dentro de las
concesiones de Río Mosna. Ante ello, esta empresa presentó el 8 de febrero
del 2013 una medida cautelar fuera de proceso contra Antamina ante el
Juzgado Mixto de Llata, a fin de que se abstenga de continuar ejecutando
actividades mineras no autorizadas dentro de su concesión “Don Augusto”.
El 15 de febrero, el juez Edgar Espinoza Ambrosio, a cargo del juzgado
mixto de Llata, amparó la medida cautelar asumiendo competencia
territorial, al comprobarse que la concesión afectada se encontraba dentro
de la jurisdicción de Llata, de acuerdo el Informe técnico N°
030-2001-INACC-DCM-AT-C, expedido por la Dirección General de Concesiones
Mineras (DGCM), ordenando así el cese de las actividades de Antamina en la
zona. El 22 de febrero, Río Mosna cumplió también con presentar una
demanda de interdicto de retener contra Antamina, aperturándose el
Expediente N° 09-2013.
Como era de esperar, Antamina se opuso tajantemente a la decisión del juez
Espinoza, señalando que las actividades realizadas no podían ser definidas
como actividades mineras, y que los terrenos superficiales donde se
realizaban las obras eran de su propiedad. Sin embargo, el juez Espinoza
mantuvo el proceso en trámite, corriendo traslado a Río Mosna inicios de
marzo del escrito de oposición presentado por Antamina, a fin de que cumpla
con responder a las mismas, sin cuestionar en ningún momento su
competencia.
Sorpresivamente, un día antes de que dicha empresa presentara su escrito,
una orden proveniente del Presidente de la Corte Superior de Huánuco, JORGE
CARLOS CASTAÑEDA ESPINOZA, cambió totalmente la dirección del proceso: el
juez Espinoza Ambrosio fue cambiado intempestivamente por el juez ANGEL
GALLARDO BARRUETA, quien ya antes había trabajado en Llata y que al parecer
resultaba más “conveniente” a los intereses de Antamina.
Ello se demuestra porque, al día siguiente de su designación y con una
celeridad absolutamente inusual, el Juez Gallardo Barrueta declaró
IMPROCEDENTE el interdicto de Río Mosna declarándose incompetente por
motivo de territorio, declarando posteriormente la caducidad de pleno
derecho de la medida cautelar. Esta decisión resulta cuestionable no solo
porque Río Mosna había fundamentado con claridad la competencia del juzgado
de Llata, sino porque el juez tomó su decisión sin siquiera haber revisado
los 100 folios que formaban parte del expediente. Lo cierto es que, gracias
a esta resolución, Antamina pudo retomar sus actividades y obras dentro de
las concesiones de Río Mosna con total impunidad.
Extrañamente, los pobladores de Llata desconocen mayormente que su ciudad
tiene un nuevo juez mixto, y que este juez ha permitido que Antamina siga
avanzando de manera silenciosa sobre el territorio de su distrito. Tal vez
si lo supieran, muchos se opondrían a la presencia de dicho juez, más aún
cuando las denuncias por contaminación sobre esta empresa están en boca de
todos. Lo cierto es que ante la falta de una sociedad civil organizada en
Llata, es poco lo que se puede hacer cuando la justicia se arrodilla frente
a los intereses de una empresa poderosa.
*CORRUPCIÓN EN LAS ALTURAS JUDICIALES*
El largo brazo de Antamina, sin embargo, no parece limitarse a Llata. Y es
que ante la decisión del juez Gallardo, Río Mosna interpuso recurso de
apelación ante la Sala Civil Transitoria de dicha Corte, la cual tampoco
parece haber seguido lo dispuesto por la ley por motivos que deben ser
investigados.
Al respecto, el 2 de abril del 2013 la Sala emitió resolución sobre el
cuaderno cautelar, señalando fecha de vista de causa para el día 15 de
abril del 2013. Asimismo, el 4 de abril señaló la misma fecha para la vista
de causa del cuaderno principal, siguiendo con ello una lógica clara: poder
resolver al mismo tiempo el asunto principal y la medida accesoria.
Sin embargo, el mismo 15 de abril la Sala Civil dejó sin efecto la vista de
causa del expediente principal señalando un presunto error de notificación,
disponiendo que el Juzgado de Llata corrija el problema. No obstante, en
vez de postergar también la vista del cuaderno cautelar, la Sala sí llevó a
cabo dicha audiencia, con el resultado que la decisión del juez Gallardo
fue confirmada, declarando caduca la medida cautelar. En otras palabras, la
Sala decidió sobre lo accesorio sin revisar siquiera lo principal. A pesar
de ello, esta irregular decisión no ha sido motivo de investigación por la
ODECMA.
*CERRANDO EL PASO AL MONSTRUO*
Ante lo ocurrido, Río Mosna ha presentado recurso de nulidad de todo lo
actuado ante la misma Sala Civil de Huánuco, la que extrañamente declaró
improcedente esta solicitud el pasado 2 de mayo. De acuerdo a lo que nos
informaron, en estos días está pendiente un recurso de reconsideración de
esta decisión, lo que permitiría que el proceso siga abierto y se pueda
seguir discutiendo a nivel judicial las actividades de Antamina en la zona
de Llata. Sin embargo, la pregunta real es cuál puede ser el poder que
puede tener el Poder Judicial frente al poder de Antamina, cuya influencia
viene calando ya, como señalamos, en todas las autoridades de esta región.
Lo cierto es que, a diferencia de Ancash, la zona de Huánuco no parece
caracterizarse por un mayor interés sobre los temas ambientales, lo que le
deja a Antamina las puertas abiertas para evitar cualquier denuncia al
respecto. Por su parte, tanto la Corte Superior como el Ministerio Público
han sido golpeados recientemente por la destitución de varios de sus
magistrados titulares por el CNM, debido precisamente a las denuncias de
corrupción que pesaban sobre ellos. Esta debilidad también es favorable a
Antamina, ya que le permite actuar sin que haya mayor control sobre sus
acciones. Por otro lado, entidades como la OEFA –la cual llevó a cabo hace
poco una visita en la zona y emitió un informe aún desconocido- también
parecen vulnerables al poder de esta empresa.
La pregunta entonces es, ¿qué hacer para poder enfrentar a este monstruo?
¿Cómo evitar que Llata caiga, en unos años, en una situación similar a la
que hoy vive San Marcos, donde los alcaldes caen como moscas y gran parte
vive de la corrupción generada o permitida por Antamina? Una salida puede
ser rezarle a esta Virgen que hoy es celebrada por los llatinos, pero
también sería conveniente pensar en salidas terrenales, concretas, que
permitan una convivencia más sana y transparente entre minería y sociedad.
Las autoridades tienen la palabra.

*INFORME 2:*
*LA JUSTICIA POCO RESPONSABLE DE ANTAMINA*
En el reciente CADE llevado a cabo en Paracas, el sector minero fue
reconocido nuevamente como una de las principales palancas para mantener el
desarrollo económico y social del país, si bien se reconoció la necesidad
de asumir una mayor responsabilidad social sobre las necesidades del país,
necesidades que hasta ahora son vistas principalmente como la mejora
económica de las comunidades y poblaciones que forman parte de las empresas
mineras.
La idea de responsabilidad social, sin embargo, va más allá del tema
económico, teniendo como uno de sus puntales el cumplimiento de las leyes y
el respeto de las instituciones del país en el que se desarrolla la
actividad minera, tal como lo establecen las Directrices de la OCDE sobre
Buen Gobierno Corporativo o la Guía ISO 26000 sobre Responsabilidad Social,
entre otros. Sin embargo, muchas empresas parecen no tener en consideración
esta arista de su responsabilidad empresarial, intentando manejar la ley y
la justicia peruana a su antojo.
Precisamente, el informe que presentamos da cuenta del comportamiento poco
responsable que ha asumido una de las empresas mineras más prestigiosas del
país, como es MINERA ANTAMINA S.A. (en adelante Antamina), dentro del
proceso judicial que mantiene con otra empresa minera, MINERA RIO MOSNA
S.A.C. (en adelante Río Mosna) en el distrito judicial de Huánuco.
Considerada un ejemplo en otras áreas, Antamina no parece ser sin embargo
un buen ejemplo en materia de respeto a la independencia judicial, logrando
hasta el momento el cambio de jueces o de sus criterios a fin de evitar la
paralización de obras y el arrojo de desmonte en las concesiones de la
empresa demandante.
*LA HISTORIA DE UNA MEDIDA CAUTELAR*
A inicios de febrero del presente año, la empresa MINERA RIO MOSNA S.A.C.
(en adelante RIO MOSNA) presentó ante el Juzgado Mixto de Llata una medida
cautelar de innovar fuera de proceso contra MINERA ANTAMINA S.A. (en
adelante ANTAMINA), aperturándose el Expediente No. 08-2013-C.
Con esta acción, los representantes de Río Mosna buscaban que Antamina se
abstuviera de continuar ejecutando actividades mineras no autorizadas en
tres de sus concesiones:* “Viejo Bromley”, “Estrella del Norte” y “Don
Augusto”*. De éstas, las dos primeras se ubican en el distrito de San
Marcos, provincia de Huari (Ancash), mientras que la última (“Don Augusto”)
se ubica en la provincia de Huamalíes.
Esta medida se encontraba sustentada además en el informe técnico pericial
llevado a cabo por el perito minero Magno Oswaldo
Ordoñez[1]en diciembre del 2012, en el cual
concluía que “en las concesiones
denominadas *Viejo Bromley* y *Estrella del Norte *se han encontrado obras
de construcción civil para fines mineros, consistentes en depósitos de
desmonte, áreas de retiro de material de un suelo top soil, represamiento
de la laguna Nescafé, construcción de vías de acceso, y un canal de agua en
construcción…”, agregando que “de acuerdo a los planos del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) presentado por Antamina, el proyecto de ampliación
de los botaderos de desmonte (específicamente el denominado Botadero Este)
abarca parcialmente a las 3 concesiones de Río Mosna, lo que significa UNA
INTRODUCCION EN SUS CONCESIONES, situación prohibida por el artículo 53º
del TUO de la Ley General de Minería”.
Sobre la base de este informe, el Juez Edgar Espinoza Ambrosio, entonces a
cargo del juzgado mixto de Llata, amparó a mediados de febrero la medida
cautelar asumiendo competencia territorial, en tanto una de las concesiones
objeto del litigio se encontraba claramente ubicada dentro de su
jurisdicción, siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 24º del
Código Procesal Civil, el cual estipula que, además del juez del domicilio
del demandado, también es competente, a elección del demandante, el juez
del lugar en que se encuentren el bien o bienes tratándose de pretensiones
sobre derechos reales. Aceptada la medida cautelar, el 22 de febrero Río
Mosna presentó una demanda de INTERDICTO DE RETENER, la misma que fue
notificada a Antamina para que presente los recursos que sustentaran su
defensa. El 27 de febrero, esta empresa se apersonó y presentó recurso de
oposición ante la medida cautelar y el interdicto presentado, solicitando
que la cautelar sea dejada sin efecto. Por su parte, Río Mosna
presentó su absolución
de la oposición el 6 de marzo, acompañando diferentes documentos que
sustentaban claramente su posición, por lo que esperaban que la medida
cautelar mantuviera su valor.
Sorpresivamente, un día antes de que dicha absolución llegara a la Mesa de
Partes de Llata, el actual Presidente de la Corte Superior de Huánuco,
JORGE CARLOS CASTAÑEDA ESPINOZA, decidió de manera arbitraria trasladar al
Juez Espinoza a otra sede judicial, interfiriendo ilegalmente en el
proceso. En lugar de éste fue ubicado el juez ANGEL GALLARDO BARRUETA,
quien anteriormente había estado a cargo de dicho juzgado, y cuyo criterio
resultó más “conveniente” a los intereses de Antamina.
Ello se demuestra porque apenas un día después de asumir el cargo, el Juez
Gallardo Barrueta declaró IMPROCEDENTE la demanda de Interdicto de Río
Mosna, declarándose incompetente por territorio, a pesar de que claramente
no había tenido tiempo de leer el expediente. Más aún, el 11 de marzo el
mismo juez declaró la caducidad de pleno derecho de la medida cautelar, al
haber declarado improcedente la demanda, lo que dejaba la cancha libre a
Antamina para avanzar en las obras que estaba realizando sobre las
concesiones de la empresa demandante.
Ante este notorio cambio de posición, Río Mosna presentó apelaciones ante
ambas resoluciones ante la Primera Sala Civil Transitoria de Huánuco, las
que no tuvieron tampoco mayor suerte. Inicialmente, la Sala fijó el 15 de
abril como fecha de vista de ambas causas, pero ese mismo día dejó sin
efecto dicha audiencia sobre la causa principal –esto es, el interdicto de
retener- por una cuestión meramente formal, confirmando finalmente la
caducidad de la medida cautelar a pesar de no haber revisado el cuaderno
principal.
Felizmente, y ante la denuncia pública que hiciera Río Mosna respecto a la
manera en que se estaba manejando este caso ante los medios de comunicación
de Huánuco, el Presidente de dicha Corte optó por cambiar al Juez Gallardo
Barrueta para nombrar en su lugar a MANUEL JESUS COTRINA MACCHA como Juez
Mixto de Llata. Asimismo, y ante este cambio, la Sala Civil Permanente de
Huánuco decidió que el proceso regresara nuevamente a fojas cero, a fin de
que el caso sea visto con mayor tiempo y, por ende, con mayor objetividad a
la mostrada por el segundo juez.
*EL PODER DE OPOSICIÓN DE ANTAMINA*
El 25 de octubre del 2013, luego de una aparente revisión exhaustiva del
expediente y de las pruebas presentadas por Río Mosna, el Juez Cotrina va a
declarar procedente la medida cautelar de “prohibición de innovar”
presentada por dicha empresa en contra de Antamina, disponiendo una vez más
–tal como ya lo había hecho el Juez Espinoza en febrero- que esta empresa
se abstenga de continuar realizando obras dentro de las concesiones
pertenecientes a Río Mosna.

En sustento a su decisión, el Juez Cotrina dejaba en claro que para lo
concesión de una medida cautelar no era necesario que se verifique o
acredite la posesión del bien o la realización de los actos perturbatorios
–lo que debía hacerse dentro del proceso principal- sino que era suficiente
cumplir con los requisitos procesales establecidos en el CPC, en especial
la VEROSIMILITUD DEL DERECHO o apariencia del derecho invocado a partir de
la prueba aportada, lo que a su entender se había logrado con las pruebas
presentadas por Río Mosna.
Sin embargo, y luego de la oposición presentada por Antamina ante dicha
resolución a inicios de noviembre, el Juez Cotrina va a variar de manera
sorprendente –y sospechosa- su posición inicial, declarando FUNDADA dicha
oposición mediante Resolución No. 9 del 21 de noviembre de este año. Y
decimos sospechosa porque, en realidad, Antamina no va a presentar prueba
nueva o distinta sobre las pruebas ya incluidas en el expediente que
fundamentaran el cambio de opinión del magistrado; simplemente, éste cambió
de opinión para adoptar la posición de Antamina.
¿Cuál ha sido, en todo caso, este cambio de opinión? Contraviniendo
totalmente su primera posición, el Juez Cotrina señala ahora que, en tanto
por vía cautelar no pueden realizarse actuaciones adicionales, como
peritajes o inspecciones, no es posible demostrar en forma fehaciente que
Río Mosna tenga la “posesión” efectiva sobre sus concesiones, señalando más
bien que Antamina es la que tiene la propiedad superficial de dichas
concesiones; de otro lado, el Juez señala en su nueva resolución que los
presuntos “actor perturbatorios” no son necesariamente tales, dado que las
obras que viene realizando Antamina no son actividades propiamente mineras,
además de llevarlas a cabo dentro de sus terrenos superficiales.
En otras circunstancias, esta posición podría reflejar un desconocimiento
del marco legal relativo a la minería por parte de este Juez, pero al darse
a partir de una variación de sus fundamentos es claro que hay una
parcialización a favor de Antamina, la cual parece haber “convencido”
nuevamente a la justicia de Llata de que su posición es la “correcta”; o
mejor dicho, la más conveniente a los intereses personales de los
magistrados.
*UN OLVIDO NUEVAMENTE ¿INVOLUNTARIO?*
Lo cierto es que una revisión de este expediente –al que pudo tener acceso
ProJusticia- muestra que la posición del Juez Cotrina –y por ende la
posición de Antamina- no resiste mayor análisis, debido a las claras
evidencias presentadas por Río Mosna respecto, de un lado, de los derechos
que ha ejercido a lo largo de los años sobre sus concesiones, como sobre el
daño que vienen ocasionando las obras de Antamina, no solo sobre las
concesiones de la empresa demandante, sino también sobre las poblaciones
cercanas, como el mismo pueblo de Llata.
Con respecto al primer punto, existen una serie de pruebas que dan cuenta
de las actividades que Río Mosna ha desarrollado a lo largo de los años
sobre sus concesiones, como informes de exploración minera, la aprobación
de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) respecto del proyecto minero
“Estrella de Norte” (que no solo está referido a dicha concesión), el
Informe de Remediación Ambiental preparado por Buenaventura Ingenieros
S.A., de fecha 30 de septiembre del 2004, y sobre todo, un convenio
suscrito en mayo del 2001 entre SMRL Estrella de Norte y SMRL Viejo Bromley
(sociedades mineras antecesoras de Río Mosna), y Antamina, en el cual esta
empresa paga a dichas empresas un monto de dinero a título de
indemnización, a fin de resarcir entre otros daños, los correspondientes a
la perturbación en el derecho de posesión y/o en cualquier otro derecho,
además de reconocer las licencias y permisos con que contaban estas
empresas sobre las concesiones mencionadas.
En otras palabras, estos documentos muestran no solo que Río Mosna ha
mantenido una actividad constante sobre sus concesiones, sino que estas
acciones eran conocidas por Antamina, la cual años antes ya había intentado
también apropiarse ilegalmente de dichas concesiones. Cabe señalar que Río
Mosna también presentó una carta fechada el 25 de noviembre del 2009,
mediante la cual Antamina solicita material de agregados proveniente de las
concesiones de dicha empresa para realizar diversas obras de construcción,
reconociendo de esta manera la posesión de dichas áreas. Sin embargo, para
el Juez Cotrina estos documentos no constituyen –extrañamente- pruebas que
demuestran la verosimilitud del derecho de Río Mosna.
Con respecto a la acreditación de los actos perturbatorios, el expediente
no solo contiene el informe técnico pericial arriba señalado, en el cual se
establece la calidad de “actividades mineras” de las obras realizadas por
Antamina al estar incluidas en su EIA, sino también información pública de
dicha empresa en la cual se señala que, en su solicitud de modificación del
EIA, se ha programado generar 2,239 metros cúbicos de desmonte entre los
años 2010 a 2015 que van a ser depositados en el Botadero Este; esto es,
sobre las concesiones de Río Mosna, lo que haría prácticamente irreversible
el daño a causar por el alto costo que significaría mover todo este
desmonte a otro lugar.
Por otro lado, para cualquiera que conozca de minería es evidente que la
colocación de este desmonte implica una afectación a la posibilidad de
realizar acciones estrictamente mineras en la zona, sea por la pérdida o
perjuicio de reservas de mineral por el movimiento de tierra causado o la
voladura de rocas, sea por los mayores costos que generaría para
desarrollar labores de explotación. Por tanto, estas obras implican una
grave limitación de los derechos que Río Mosna tiene sobre sus concesiones
mineras, impidiéndoles desarrollar los fines para las que fueron
adquiridas; esto es, la exploración y eventual explotación de los minerales
allí existentes.
Todos estos argumentos parecen dejar en claro que el cambio de criterio del
Juez Cotrina responde a la protección de los intereses de Antamina antes
que a un cumplimiento estricto de la ley. Por lo pronto, Río Mosna ha
presentado un nuevo recurso de apelación sobre esta resolución a fin de que
el caso sea visto nuevamente por la Sala Civil Permanente de Huánuco,
debido a que la misma también es contraria al mandato de manejar este caso
con una mayor imparcialidad y objetividad que a la mostrada por sus
antecesores. Es hora entonces de que la Corte huanuqueña demuestre que
puede ser independiente frente a un poder económico que parece querer
sentar sus reales en este lugar, tal como ya lo ha hecho en Huaraz.
Esperemos por el bien de esta región que ello no sea así.
*INFORME 3:*
*ANTAMINA Y SU VERDAD SOBRE LLATA*
Por estos días, al igual que otras empresas mineras, MINERA ANTAMINA debe
estar dedicada a realizar chocolatadas y repartir panetones entre las
comunidades de su área de influencia, cumpliendo con una actividad
tradicional de relaciones comunitarias que ayuda a mantener contentos a
“sus comuneros”. Por lo pronto, los centros poblados de los distritos de
Huari y San Marcos, ubicados en la región Ancash, ya deben estar a la
espera de las camionetas de la empresa cargadas de presentes, a fin de
celebrar la bella Navidad que les promete la minería.
Estas camionetas, sin embargo, no llegarán igual de generosas para los
centros poblados del distrito de Llata (provincia de Huamalíes, región
Huánuco) a pesar de que a lo largo de este año, dicha empresa minera ha
venido realizando sigilosamente diversas actividades de exploración en la
zona, además de trasladar ya toneladas de tierra extraída de sus
operaciones en el botadero que viene construyendo en el lugar. Y todo ello
por un solo motivo formal: que a diferencia de “sus” distritos de Huari y
San Marcos, Llata no es considerada por Antamina como parte de su “área de
influencia”, área hasta la cual solo llega el corazón navideño de esta
empresa.
Esta situación podría, empero, dar un giro radical en los próximos meses.
Por lo pronto, Antamina ya no ha podido continuar con su política de
ocultamiento y bajo perfil en Huánuco, más aún luego de la inexplicable
compra de más de 5,080 hectáreas de tierras en una de las comunidades de
Llata; por otro lado, la empresa RIO MOSNA S.A.C. viene luchando a brazo
partido para que ANTAMINA reconozca la competencia del juzgado mixto de
Llata para resolver el litigio que tienen ambas empresas sobre las
concesiones de la segunda, mientras que entidades como el Gobierno Regional
de Huánuco vienen exigiendo también una mayor transparencia sobre las
actividades de ANTAMINA en la región.
*UN PAGO CAÍDO DEL CIELO*
Un asunto que hoy hace innegable la presencia de ANTAMINA en Huánuco es la
compra de amplias extensiones de terreno a la comunidad campesina de Túpac
Amaru, ubicada en el distrito de Llata, tal como ya fuera denunciado en un
informe anterior. Como bien ha reconocido el Gerente de Relaciones
Institucionales de dicha empresa, AUGUSTO CORNEJO, en una conferencia
realizada el pasado 5 de diciembre en la ciudad de Huánuco, estas compras
se iniciaron en octubre del 2011, cuando ANTAMINA adquirió 1,080 hectáreas
de tierra a la mencionada comunidad, a un costo de 7 mil dólares por
hectárea, lo que implicó un desembolso de cerca de 22 millones de nuevos
soles. De acuerdo a la versión de Cornejo, esta compra se hizo “porque los
comuneros se las ofrecieron reiteradamente”, señalando además que solo se
trata de humedales de escaso valor económico.
Posteriormente, por julio de este año, ANTAMINA volvió a comprar otras
4,000 hectáreas de la misma comunidad y al mismo precio, pagando nada más y
nada menos que cerca de 80 millones de soles, sumando un total de 102
millones de soles que habría recibido esta comunidad por deshacerse de casi
todo su territorio comunal; sin embargo, de acuerdo a Cornejo, toda esta
compra no tendría mayor significado para ANTAMINA, dado que –a pesar de los
millones pagados- esta empresa no sabría aún que hacer con estos terrenos,
diciendo en pocas palabras que ANTAMINA le habría “regalado” a los
comuneros de Túpac Amaru esa montaña de dinero solo para que no los sigan
molestando.
Como es evidente, la versión de Cornejo peca de varios vacíos y falsedades.
En primer lugar, de acuerdo a los datos recogidos por PROJUSTICIA, las
negociaciones por estos terrenos habrían sido iniciadas por ANTAMINA y no
por la comunidad, aprovechando la situación real de esta comunidad
“fantasma”. Y es que si bien la comunidad de Túpac Amaru cuenta con
reconocimiento legal desde diciembre de 1981, mediante resolución
directoral No. 0337-81-DR-XI-H, en la práctica esta comunidad NO EXISTE,
dado que de los cerca de 30 comuneros que se encuentran formalmente
inscritos en dicha comunidad, más de 20 no residen en Llata sino del lado
de Huaraz, siendo además la mayor parte personas de avanzada edad que son
fácilmente manipulables por sus directivas.
En este marco, uno podría preguntarse para qué estos comuneros, que ni
siquiera viven en la zona, iban a estar tocando las puestas de ANTAMINA
para ofrecerles sus tierras. En realidad, los que se han beneficiado más de
esta venta han sido los actuales directivos de la comunidad, dado que de
acuerdo a la información recogida los comuneros habrían recibido solo una
pequeña parte de estos millones por sus parcelas, quedando la mayor parte
del dinero en manos de la Junta Directiva, en una cuenta en la que ANTAMINA
también tendría cierta injerencia. En todo caso, es claro que en este
asunto de los terrenos hay mucho gato encerrado, por lo que sería
conveniente que las autoridades investiguen con mayor profundidad las
condiciones de dicha venta.
*TU CASA, MI BOTADERO*
Otra clara falsedad en la versión de Cornejo es su alegato de que ANTAMINA
habría pagado 102 millones de soles por terrenos sin tener claro cuál era
su interés económico al respecto. En un contexto de bajos precios de
mineral y cuando los directorios y accionistas exigen mayores resultados,
es por demás risible pensar que alguien va a decirles que se han gastado
más de 100 millones de soles en un terreno sin importancia. Eso es algo que
no ocurre en ninguna empresa del mundo, por más responsable y filantrópica
que sea. Por tanto, hay allí una falta de sinceridad que es necesario
desvelar.
En realidad, ANTAMINA sí tiene un claro objetivo económico con dichos
terrenos, que no es precisamente el ser una posible fuente de agua a
mediano plazo por ser zona de humedales. Tal como consta en el Estudio de
Impacto Ambiental “Incremento de Reservas y Optimización del Plan de
Minado”, presentado el 2010 por dicha empresa ante el Ministerio de Energía
y Minas, estos terrenos forman parte de un inmenso botadero de tierra que
ANTAMINA piensa implementar en los próximos años, a fin de ubicar allí todo
el desmonte que generen sus operaciones mineras en los siguientes 12 años.
Extrañamente, este EIA no incluye como área de influencia al distrito de
Llata, a pesar de que una mirada a los planos permite apreciar claramente
que el botadero proyectado se encuentra dentro de los linderos del distrito.
De acuerdo a la información recogida, ANTAMINA solo informó al MEM que, en
tanto el nuevo proyecto se trataba de una ampliación de su EIA presentado
en el 2008, el área de influencia seguía siendo la misma; esto es, el
distrito de San Marcos, en Ancash. Sin embargo, en la conferencia de prensa
del pasado 5 de diciembre, a Cornejo se le “escapó” un dato que no se
conocía hasta entonces, y es que ANTAMINA sí había considerado inicialmente
a Llata como parte del área de influencia de su nuevo proyecto, lo que
finalmente fue retirado debido a que ello iba a implicar un fuerte aumento
en su presupuesto de responsabilidad social y compensación ambiental (hecho
que muestra además que para ANTAMINA el dinero sí importa).
En todo caso, ello da un mejor fundamento tanto para entender por qué
ANTAMINA está tan interesada en adquirir terrenos en la zona de Llata
–donde existen otros propietarios que también han recibido ofertas por sus
tierras-, porqué puede gastar millones en dichos terrenos, y porqué
prefiere que todo ello se haga con el mayor sigilo posible. En este caso,
el silencio vale oro para ANTAMINA, dado que de otro modo tendría que
asumir una responsabilidad social y ambiental que le costará muchos más
millones de lo que ya viene gastando.
*JUSTICIA, LA DE LLATA*
Este fundamento permite entender, además, la gran resistencia que viene
mostrando ANTAMINA para que los asuntos relacionados con su nuevo proyecto
sean vistos en Llata, prefiriendo que cualquier problema sea visto en la
jurisdicción de Huaraz, donde esta empresa maneja la justicia a su antojo
desde hace años.
Ello es lo que viene ocurriendo precisamente con el juicio que la empresa
RIO MOSNA le ha interpuesto a ANTAMINA por no respetar las concesiones
mineras que esta empresa tiene entre Ancash y Huánuco: *Estrella del Norte,
Viejo Bromley y Don Augusto*. Como se sabe, desde abril del presente año Río
Mosna viene luchando por interponer una medida cautelar fuera de proceso
(interdicto de retener) con el fin de que ANTAMINA deje de realizar obras y
otras operaciones dentro del área de sus concesiones, dado que ello se ha
venido haciendo sin su permiso y en total sigilo, tal como la mayor parte
de las intervenciones que tiene ANTAMINA en Huánuco.
Lo cierto es que ANTAMINA, antes que negar lo ocurrido, se ha concentrado
sobre todo en que este caso no se ha visto por el juzgado mixto de Llata
sino por el juzgado mixto de Huari, en Ancash, alegando que dichas
concesiones se encuentran formalmente inscritas en el Registro Público de
Minería de dicha región, pero con el claro interés de poder tener mayor
influencia sobre el resultado del proceso.
Sin embargo, los argumentos de RIO MOSNA para que su demanda sea vista y
resuelta en Llata son bastante contundentes, dado que no tienen solo
sustento normativo sino también un sustento técnico y pericial, como se
muestra a continuación:
En primer lugar, el art. 24º del Código Procesal Civil dispone que, además
del juez del domicilio del demandado, también es competente, *a elección
del demandante, el juez del lugar en que se encuentre el bien o bienes
t*ratándose
de pretensiones sobre derechos reales (…) Si la demanda versa sobre *varios
inmuebles situados en diversos lugares será competente el juez de
cualquiera de ellos*, dejando en claro entonces que la competencia
territorial es facultativa para el demandante.
En segundo lugar, existe un Informe técnico (N° 030-2001-INACC-DCM-AT-C),
así como un plano pre catastral expedido por la Dirección General de
Concesiones Mineras, en el que se señala la demarcación del Derecho Minero *Don
Augusto*, donde se señala al distrito de Llata como parte de dicha
concesión.
Esta información ha sido además ratificada por el INGEMMET (Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico), el cual señala que conforme al Plano
Catastral proporcionado por la Unidad Técnico Operativa de la Dirección de
Concesiones Mineras, las concesiones *Don Augusto* y *Viejo Bromley* de
código 09011851×01, se ubica en los distritos de Llata/ San Marcos,
Provincias Huamalíes/Huari, y Departamentos de Huánuco/Ancash.”
Sobre la base de estos argumentos, la Sala Civil de la Corte Superior de
Huánuco se ha pronunciado recientemente definiendo –en calidad de cosa
juzgada- que el juzgado mixto de Llata cuenta con la competencia
territorial necesaria para seguir adelante con dicho proceso, anulando una
resolución previa expedida por el juez mixto de Llata, ANGEL GALLARDO, el
cual se había declarado incompetente mediante una decisión bastante
irregular, ya que había sido expedido al día siguiente de asumir el cargo y
sin una revisión exhaustiva del caso.
A pesar de ello, ANTAMINA ha seguido oponiéndose a cualquier medida
judicial que le obligue a dejar de lado las operaciones que viene
realizando en las concesiones mineras señaladas, asumiendo recientemente
una estrategia que busca, nuevamente, quitarle cualquier competencia a la
justicia de Llata. Es así que en noviembre del 2013, esta empresa solicitó
al juzgado civil de Huari que promueva una contienda de competencia contra
el juzgado mixto de Llata, señalando que los supuestos actos perturbatorios
de la posesión sobre las áreas que corresponden a las concesiones mineras
de RIO MOSNA se encuentra ubicadas en el distrito de San Marcos, por lo que
cualquier demanda debería ser vista en su jurisdicción.
Asimismo, el escrito hace mención a que anteriormente RIO MOSNA habría
presentado previamente una medida cautelar fuera de proceso ante un Juzgado
Civil de Huaraz, y que los peritajes que serían necesarios para resolver el
caso debían ser realizados en la zona de San Marcos para sustentar su
competencia, argumentos que sin embargo no tienen mayor sustento: por un
lado, la medida cautelar mencionada nunca prosperó ya que ANTAMINA no fue
emplazada en juicio, tal como lo ordena el art. 29º del CPC; por otro lado,
el que sería competente sería en todo caso el juzgado de Huaraz y no el de
Huari, por lo que éste no puede exigir una competencia que no le
corresponde.
Extrañamente, esta contienda ha sido interpuesta cuando el juzgado mixto de
Llata ya había asumido competencia plena y se encontraba en plena
tramitación del caso; además, ha sido promovida expresamente a pedido de
ANTAMINA y por un juzgado que suele tener a su cargo todos los juicios
contra esta empresa, juicios que además generalmente son resueltos a su
favor. Pero lo peor del caso es que, al parecer, ANTAMINA no informó en su
solicitud al juzgado de Huari que ya existía una decisión firme de la Sala
Civil de Huánuco respecto a la competencia sobre las concesiones de RIO
MOSNA, induciendo así a dicho juez en error, lo que implica una clara falta
contra la administración de justicia.
*LA VERDAD DE LA MILANESA: EL CANON*
Gracias a esta argucia procesal, ANTAMINA ha logrado hoy detener
temporalmente la tramitación de la medida cautelar en su contra, esperando
que la Corte Suprema –como órgano encargado de resolver la contienda de
competencia planteada- se pronuncie a su favor, ganando en todo caso mayor
tiempo e impunidad para sus operaciones. Sin embargo, más allá de lo que
resuelva finalmente el máximo órgano judicial, la cuestión de fondo sigue
siendo la misma: ¿por qué ANTAMINA se resiste tanto a reconocer su interés
económico y empresarial en la zona de Llata? ¿Y por qué ello no puede
hacerlo de manera abierta y transparente, como corresponde a la empresa
socialmente responsable que dice ser?
Lo único cierto es que, hasta ahora, los únicos que han resultado
beneficiados con la presencia de ANTAMINA en Llata han sido los comuneros
“fantasma” de Túpac Amaru y algunos pequeños centros poblados que han
recibido algunas obras de parte de ANTAMINA a cambio de su silencio. Los
perjudicados, empero, suman un número mayor: desde comuneros y ganaderos
que se ven afectados por la contaminación también “oculta” que genera dicha
empresa hasta propietarios que se ven afectados por las operaciones
sigilosas de ANTAMINA.
Sin embargo, existe un afectado mayor que no ha sido considerado hasta
ahora, pero que ya debe ser tomado en cuenta: el Gobierno Regional de
Huánuco. En realidad, la negativa de ANTAMINA por reconocer a Huánuco como
área de influencia tiene un fundamento claro y contundente: con dicho
reconocimiento, ANTAMINA tendría que aportar parte de su canon a Huánuco,
quitándole una porción de lo que le corresponde por ahora a Huari y San
Marcos, con lo que estos distritos se verían directamente afectados. En un
contexto en el cual los ingresos de las empresas mineras –y por tanto el
monto del canon- se viene reduciendo, es claro que ello no le conviene a
dos de los distritos considerados más ricos del país, precisamente gracias
al aporte de ANTAMINA.
Por tanto, debemos tomar conciencia que la lucha por el reconocimiento de
Huánuco como zona de intervención de ANTAMINA es, finalmente, una lucha por
un canon que puede ayudar a esta región, y especialmente al distrito de
Llata, a salir de la situación de pobreza en la que se encuentra. Siendo
así, es necesario que todos los actores interesados en el desarrollo de
Huánuco se sumen y exijan de una vez por todas que ANTAMINA haga pública su
presencia en esta región, y la incorpore plenamente dentro de sus planes de
expansión, claro está siempre de una manejo serio y responsable para evitar
también los perjuicios sociales y ambientales que sufren hoy los otros
distritos mencionados. Y es que si bien por justicia la región Huánuco debe
de gozar de los beneficios del canon, ello no implica dejarle el paso libre
a ANTAMINA para que haga y deshaga a su antojo, como ya lo viene haciendo
en Ancash.
*INFORME 4:*
*ANTAMINA: EL CONTRAATAQUE JUDICIAL*
Iniciado el Año Judicial 2014, la Corte Suprema tiene muchos casos por
resolver, expedientes que muchas veces tienen años esperando ser atendidos,
debido a la sobrecarga procesal que suele tener esta máxima instancia
judicial. En este mar de expedientes, sin embargo, existe uno recién
llegado que puede marcar una diferencia importante respecto a los límites
que deben imponerse a los abusos de la gran minería, sobre todo frente a
empresas mineras más pequeñas.
Este expediente es la contienda de competencia planteada por el Juzgado
Civil de Huari –ubicado en la Corte Superior de Huaraz- contra el Juzgado
Mixto de Llata –ubicado en la jurisdicción de la Corte Superior de
Huánuco-, buscando que el proceso que actualmente mantiene RIO MOSNA S.A.
contra COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. en Llata pase a su jurisdicción,
permitiendo así que ANTAMINA pueda manejar el proceso a su antojo. No
contenta con ello, el contraataque de ANTAMINA incluye también la
presentación de una acción de amparo ante el Segundo Juzgado Civil de
Huaraz contra RIO MOSNA, acción que sin embargo revela algunas cosas que
ANTAMINA quiso dejar ocultas hasta hoy.
El presente informe da cuenta, entonces, de esta nueva etapa de la pugna
judicial que viene sosteniendo RIO MOSNA contra una de las empresas mineras
más grandes y poderosas del país, etapa en la cual la Corte Suprema de
Justicia va a jugar un papel relevante. Por ello, esperamos que el mismo
sirva para aclarar a los jueces supremos, al igual que al público en
general, este espinoso caso, presentando sus aspectos más relevantes de
manera clara y sencilla.
*INICIANDO LA LUCHA JUDICIAL*
Desde febrero del 2013, RIO MOSNA viene luchando judicialmente para evitar
que ANTAMINA lleve a cabo actividades mineras -no autorizadas en ningún
momento- sobre las tres concesiones mineras que dicha empresa tiene entre
Llata y Huari: “Viejo Bromley”, “Estrella del Norte” y “Don Augusto”, las
mismas que, de acuerdo a lo que ha reconocido la propia ANTAMINA- se
encuentran dentro del área de su “Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto Minero Antamina por Incremento de Reservas y
Optimización del Plan de Minado”.
De acuerdo a este proyecto, que extrañamente cuenta con autorización del
propio MEM desde el año 2011, las concesiones de RIO MOSNA se encuentran
dentro de un gran botadero de desechos que provienen de las labores de
extracción de ANTAMINA, siendo construido a través de obras como la
construcción de vías de acceso, canales y una presa de contención. Lo
curioso es que, a pesar de que ANTAMINA reclama que estas obras son hechas
sobre terrenos superficiales de su propiedad, nunca comunicó a RIO MOSNA
del inicio de dichas obras a pesar de saber de la existencia de dichas
concesiones y, peor aún, nunca incluyó al distrito de Llata dentro de su
nueva área de influencia, y menos informó a las autoridades de Huánuco de
que ya estaba realizando operaciones en dicha región.
Una vez conocidas estas actividades, RIO MOSNA encargó al perito minero
Ing. Magno Ordoñez Álvarez que realice una pericia para acreditar en forma
fehaciente los actos perturbatorios que realizaba ANTAMINA en el área de
sus concesiones. De acuerdo al informe pericial resultante, se demostró
que el denominado “Botadero Este” sí se estaba implementando sobre las 3
concesiones de RIO MOSNA, señalando expresamente que las dimensiones del
botadero “imposibilitan la realización de actividades mineras de RIO MOSNA
en sus concesiones; es decir, en toda el área donde este botadero se está
ejecutando, y en el área donde se proyecta”.
Sobre esta base, el 8 de febrero del 2013 RIO MOSNA solicitó ante el
juzgado mixto de Llata una medida cautelar de innovar fuera de proceso,
buscando con esta acción que ANTAMINA se abstuviera de continuar con la
construcción e implementación del Botadero Este. Posteriormente, y una vez
admitida la medida cautelar, la primera interpuso un interdicto de retener
para asegurar el cese de dichas operaciones. Sin embargo, cuando el proceso
se iniciaba y ANTAMINA era debidamente notificada, se produjo un primer
cambio sospechoso en el proceso: el juez a cargo del caso fue
intempestivamente cambiado, siendo colocado en su reemplazo otro magistrado
que, en un solo día, declaró improcedente el interdicto y la medida
cautelar previa.
Interpuesta la apelación respectiva, la Sala Civil de Huánuco resolvió a
mediados de agosto del 2013 que dicha resolución era nula debido a un error
de interpretación del juez, y por tanto que le correspondía al juzgado
mixto de Llata asumir la competencia territorial del caso, señalando
expresamente que el art. 24º del Código Procesal Civil permitía que “además
del juez del domicilio del demandado, *también es competente a elección del
demandante*, el juez del lugar en que se encuentre el bien o bienes,
tratándose de pretensiones sobre derechos reales”.
*EL CONTRAATAQUE DE ANTAMINA*
Debido a los problemas generados con dicha decisión, y a fin de evitar
cualquier duda sobre la imparcialidad del proceso, la Corte Superior de
Huánuco decidió nuevamente cambiar al juez mixto de Llata, nombrando al
juez MANUEL JESUS COTRINA MACCHA al frente de dicho juzgado. Siguiendo lo
dispuesto por la Sala Civil, el juez Cotrina aceptó nuevamente la medida
cautelar de innovar y reinició el juicio de interdicto de retener contra
ANTAMINA, lo que implicaba que esta empresa debía paralizar en algún
momento las obras y labores que seguía realizando en “su” Botadero Este.
Teniendo las de perder, ANTAMINA apeló a una jugada procesal bastante
turbia, planteando ante el juzgado civil de Huari que promueva una
contienda de competencia contra el juzgado mixto de Llata, a fin de que el
caso pase a su jurisdicción. Para ello, y siguiendo el libreto de ANTAMINA,
dicho juzgado argumentó que las concesiones mineras de RIO MOSNA se
encontraban ubicadas principalmente en el distrito de San Marcos, que RIO
MOSNA habría presentado previamente una medida cautelar ante un Juzgado
Civil de Huaraz, y que los peritajes que serían necesarios para resolver el
caso debían ser realizados en la zona de San Marcos.
Gracias a esta contienda, planteada a inicios de noviembre del 2013,
ANTAMINA ha logrado que el proceso de interdicto ante Llata sea suspendido,
por lo menos hasta que la misma sea resuelta ante la Corte Suprema. Sin
embargo, es claro que los argumentos presentados por el juez de Huari no
son lo bastante contundentes para lograr que el caso pase a su
jurisdicción, máxime si consideramos que una instancia superior –como es la
Sala Civil de Huánuco- ya se pronunció sobre la competencia territorial del
juzgado de Llata y señaló –en calidad de cosa juzgada- que dicha
competencia era procedente. Por otro lado, la medida cautelar ha sido
elevada a la Sala Civil de Huánuco, la que debe confirmar su resolución
anterior.
Por ello, ANTAMINA ha optado, no solo por dicha contienda, sino por un
mecanismo más directo, presentando ante el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz
que despacha la Jueza Piedad Magdalena Talledo Guarderas, una acción de
amparo contra RIO MOSNA, el juez mixto de Llata y el Procurador Público del
Poder Judicial, solicitando expresamente que “se ordene a MINERA RIO MOSNA
sea abstenga de realizar actividades que estén destinadas por cualquier
medio a la exploración, extracción y explotación, o en general, actividad
alguna en el bien inmueble de la propiedad de Antamina, denominado Predio
Yanacancha”, así como se abstenga de impedir, limitar, menoscabar el
ejercicio de los derechos de Antamina, reconociendo que “se encuentra
legitimada a realizar obras de naturaleza civil” en dicho predio.
De acuerdo a ANTAMINA, el proceso seguido en Llata en su contra implica no
solo a sus derechos constitucionales a la propiedad y la libre empresa,
sino también un abuso de derecho procesal por parte de RIO MOSNA,
redundando todo ello “en perjuicios patrimoniales que ponen en peligro en
funcionamiento de sus operaciones”. Claramente esto último es una
exageración, dado que las operaciones de una empresa como ANTAMINA no
pueden depender de la existencia de un solo botadero de desechos. Sin
embargo, no es lo único que esta demanda –que ya ha sido admitida a trámite
el pasado 18 de diciembre del 2013- permite entrever de las falsedades que
utiliza ANTAMINA para sustentar su posición. Veamos:
En primer lugar, al señalar como primera pretensión autónoma que se ordene
a RIO MOSNA “abstenerse de realizar actividades que estén destinadas por
cualquier medio a la exploración, extracción y explotación”, ANTAMINA está
reconociendo implícitamente que dicha empresa SI ESTABA REALIZANDO
ACTIVIDADES MINERAS SOBRE SUS CONCESIONES Y POR TANTO LA POSESION DE LAS
MISMAS, algo que hasta entonces ANTAMINA había negado de todas las formas
posibles.
En segundo lugar, el principal argumento de ANTAMINA es que con sus obras
ella está ejerciendo sus derechos de propiedad sobre el predio
“Yanacancha”, el cual ubica tajantemente en la zona de Ancash, alegando por
tanto que cualquier conflicto debe ser visto en dicha jurisdicción. Sin
embargo, en el punto V sobre Competencia y Legitimidad, ANTAMINA dice
expresamente que “conforme se destacará con más profundidad posteriormente,
ANTAMINA como empresa minera que es, necesita emplear para fines civiles *el
“Predio Yanacancha” que se extiende entre Ancash y Huánuco* para el
desarrollo de su proyecto minero en el departamento de Ancash” (el
subrayado es nuestro). ¿En qué quedamos entonces? ¿No es que este predio
solo se ubicaba en Ancash? ¿Y si también se ubica en Huánuco, no puede ser
también competente en juez de Huánuco por lo dispuesto en el art. 24º del
CPC antes mencionado? ¿Por qué ANTAMINA no reconoce ello en todo el texto?
En tercer lugar, en su escrito ANTAMINA miente descaradamente al señalar
que solo está destinando una extensión del predio Yanacancha “para la
construcción de obras de naturaleza civil” (ver punto 6.4), cuando a lo
largo del texto señala que se encuentra legitimada para operar en dicha
zona gracias a la aprobación del MEM de su proyecto por incremento de
reservas y optimización del Plan de Minado, el cual señala claramente que
la zona será utilizada como botadero de desechos mineros. Porque si no,
¿cómo puede ser que paralizar unas cuantas “obras civiles” pondría en
riesgo el conjunto de sus operaciones, y con ello sus derechos
constitucionales? Es claro que si ANTAMINA señala que ello le genera una
“afectación patrimonial”, es porque detrás de estas “obritas” hay algo más
importante que esta empresa no quiere reconocer.
La verdad de la milanesa, entonces –como dijimos en un informe anterior- es
que ANTAMINA no quiere dejar de operar en Llata porque –como lo reconoce en
su acción de amparo- SI LLEVA A CABO LABORES QUE SON DE IMPORTANCIA PARA SU
ACTIVIDAD MINERA, Y POR TANTO QUE FORMAN PARTE DE ESTE RUBRO. Siendo así,
tanto el distrito de Llata, como la provincia de Huamalíes y la región
Huánuco DEBEN SER CONSIDERADAS ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTA EMPRESA,
además de tener competencia jurisdiccional sobre cualquier conflicto que se
presente al respecto. Esto es lo que ANTAMINA no quiere reconocer, aunque
luego de lo señalado en la acción de amparo va a ser más difícil que lo
niegue.
*UN FINAL AÚN POR DEFINIRSE*
Los dos frentes judiciales abiertos por ANTAMINA tienen un camino claro:
llegar a las máximas autoridades del sistema de justicia (esto es, la Corte
Suprema y el Tribunal Constitucional) esperando hacer uso de sus
influencias y de su poder económico para que las cosas se resuelvan
finalmente a su favor.
Por lo pronto, PROJUSTICIA cuenta con indicios que mostrarían un
acercamiento entre el estudio a cargo de los asuntos legales de ANTAMINA y
uno de los vocales supremos, y es muy probable que lo mismo se esté
haciendo con uno o más de los miembros del Tribunal Constitucional. Con
ello, ANTAMINA echa a tierra también el “abuso de derechos procesales” que
le imputa RIO MOSNA, ya que si por un lado esta empresa ha apostado
principalmente a la jurisdicción de Llata –que es donde en verdad
corresponde ver este caso por motivos territoriales-, es ANTAMINA la que
abre todos los frentes posibles con tal de obtener una victoria judicial.
Por tanto, el final de la pugna entre ANTAMINA y RIO MOSNA está aún lejos
de llegar, y lo seguro es que aún tenga varios meses para definirse.
Mientras, ANTAMINA sigue haciendo de las suyas sin enfrentar el verdadero
problema que está detrás de todo esto; esto es, ASUMIR SU RESPONSABILIDAD
COMO EMPRESA FRENTE AL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL QUE VIENE GENERANDO EN
LLATA Y LA REGION HAUNUCO. Solo esperamos que tanto la Suprema como el TC
tomen conciencia de la realidad de este problema, y logren que ANTAMINA sea
finalmente la empresa responsable que dice ser.
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[1] Nombrado mediante Resolución Directoral
No. 356-2011-MEM/DGM.

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[polomoir1] La Asamblea Cafetera de Manizales

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La Asamblea Cafetera de Manizales

Oscar Gutiérrez Reyes, Coordinador Dignidad cafetera
de Caldas, Manizales, enero 20 de 2014

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Se realizará el lunes 27 de enero, la X Asamblea
Nacional de Dirigentes de Dignidad Cafetera. La coyuntura en la que se reúne la
dirigencia cafetera, en cuanto lo acordado con el gobierno nacional, merece un
análisis que permita el debate necesario que ayude a orientar las decisiones a
tomar. Señalemos al menos tres asuntos: La forma como se pagará el PIC en el
2014, y las medidas -que aún no salen- para aliviar la deuda de los
productores, y para rebajar los precios de los abonos y demás insumos.
Merecería también un análisis la reforma de la Federación de Cafeteros pero
considero que los tres primeros puntos deben concentrar la atención de los
asistentes a la asamblea.

 

Sobre el primer asunto puede afirmarse que el gobierno
nacional -ministerios de Hacienda y Agricultura- y Federación Nacional de
Cafeteros están realizando reuniones para acordar, sin consulta ni
participación de Dignidad Cafetera, la forma como habrá de pagarse el PIC en
2014. Valga la pena aclarar que quienes consiguieron los recursos pactados en
los acuerdos para levantar el Paro Nacional Agrario de septiembre del año anterior,
son excluidos de dar su opinión y de llegar a un acuerdo. Y, al hacerlo así, el
gobierno nacional viola lo convenido en Neiva. Allá quedó claro que el PIC se
pagaría en 2014 por lo menos igual a como se pagó en 2013 y con los debidos
ajustes para evitar el fraude que se presentó.

 

El periódico La Patria de Manizales, publicó el 17 de
enero, la propuesta del gobierno: “pagar por hectáreas, basados en la
productividad y en rangos de edades de los cafetales entre 2 a 9 años. La
opción es que para quienes tengan menos de 4 mil palos por hectárea, reciban un
beneficio de ayuda de $600 mil este año, no más. Quienes tengan entre 4 mil y 7
mil palos por hectárea recibirían $1 millón 450 mil. Finalmente, los de más de
7 mil árboles por área, podrían tener un beneficio de hasta $2 millones 450
mil. También se propuso que quienes tengan cafetales de menos de dos años no
recibirían ayudas, pues no están produciendo, ni vendiendo café, y quienes
tengan árboles envejecidos, de más de nueve años, tengan un auxilio de $400
mil.”

 

Esa propuesta, que debe ser analizada por la Dignidad
Cafetera y los cafeteros que la integran, tiene como soporte que el gobierno
nacional aspira a dar NO un subsidio a la producción cafetera que ayude a
cubrir -al menos los costos de producción de una arroba de café- sino que
busca, simplemente, repartir un billón de pesos entre los caficultores y dejar
de cumplir lo acordado: El pago de por lo menos $16.500 pesos por arroba cuando
el precio interno sea inferior a 580 mil pesos.

 

Sin duda, quien tenga productividades muy pequeñas
podría ganarse unos pesos más con la propuesta del gobierno. Pero quienes
tienen productividades mayores perderán unos recursos muy importantes para
sostener el empleo y las prácticas culturales necesarias para el sostenimiento
del cafetal. Que se hagan las cuentas y se den todas las cifras para saber si
la propuesta del gobierno busca que los cafeteros obtengan mayores o iguales
beneficios a los de 2013 o se trata, simplemente, de repartir el billón
aprobado.

 

Creo que la propuesta del ministro Cárdenas Gutiérrez
viola lo acordado en Neiva y entrega menor apoyo a la gran mayoría de los
caficultores. Pero ese es el debate.

 

En cuanto al asunto de aliviar la deuda cafetera y
agraria, los ministerios de Hacienda y Agricultura hacen todos los esfuerzos
posibles para demorar cualquier decisión sobre este asunto, mientras que,
violando la palabra empeñada, se ensañan con los deudores, los llaman a la
madrugada para amenazar con casas de cobranzas y abogados, embargos y remates
de tierras y los acosan para refinanciar las deudas. El objetivo es dejar, a
los que más puedan, por fuera de cualquier alivio o ¿Cómo más puede explicarse
el comportamiento del gobierno?

 

Y en cuanto a las rebajas al precio de abonos y demás
insumos, todavía estamos esperando que entreguen las conclusiones de la
comisión que crearon en julio de 2013. Y, los agricultores que deben abonar, no
lo pueden hacer o no pueden hacerlo bien. Y, la solución del gobierno es una
tarjeta de crédito, del banco agrario, para que compren abonos.

 

Nada o poco se sabe de la comisión para la reforma de
la Federación. El precio interno sigue abatido, la revaluación del peso
continúa y el precio internacional, aunque subió un poco por el fuerte
invierno, no se sabe si cae otra vez o se sostiene, pero lo cierto es que en
esta situación -frente a lo acordado con el gobierno- tendrán que tomar
decisiones sobre el “qué hacer” para continuar su lucha.

 

Éxitos en las deliberaciones y certeza en que se
acogerán sus decisiones.

 

Nota: La X Asamblea se realizará a partir de las 8 de la mañana en la
Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas, Avenida
paralela Frente al Hospital de Caldas.

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FontFuente: moir@moir.org.co

[Medios] NP: Pitvi, nueva apuesta por el despilfarro en autovías y alta velocidad

22 de enero de 2014
_
__El Pitvi, Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, en
evaluación ambiental_*
**NUEVA APUESTA POR UNA RED VIAL SOBREDIMENSIONADA Y UNA ALTA VELOCIDAD
ELITISTA*
_Un despilfarro de 140.000 millones en infraestructuras_
*
***El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi) 2012-2024,
que* el Ministerio de Fomento ha sometido a información pública esta
semana, apuesta de nuevo por una enorme inversión pública en autovías y
alta velocidad ferroviaria. Ecologistas en Acción se pregunta cómo es
posible que el Gobierno siga apostando por una política despilfarradora,
sin justificación técnica y fuerte impacto ambiental. La burbuja de las
infraestructuras, junto con la burbuja inmobiliaria, ha generado la
tremenda deuda que se está haciendo pagar a la sociedad a base de
recortes. Sin olvidar los escándalos de corrupción política ligados a
estas grandes obras. *

En la nueva versión del Pitvi dada a conocer ahora se plantean varios
escenarios, optimista, conservador y desfavorable, que supondrían una
inversión de 144.826, 132.11 o 119.720 millones de euros,
respectivamente. Es decir, una cantidad superior en cualquiera de los
escenarios a la suma de los recortes que se han aplicado a los servicios
sociales.

Los dos capítulos a los que el Pitvi dedicará unas mayores inversiones
son, precisamente, las líneas de alta velocidad ferroviaria y las
autovías, a pesar de que el Estado español es récord en kilómetros de
estas infraestructuras en la UE-28. El ferrocarril y las carreteras se
llevarán el 39% y 29% respectivamente de las cantidades citadas. Buena
parte de los fondos para grandes obras de estos últimos años se han
conseguido a partir de créditos del BEI (Banco Europeo de Inversiones)
aumentando aún más nuestra abultada deuda pública y contradiciendo el
discurso oficial de austeridad.

Ecologistas en Acción considera que la mayor parte de las obras que se
plantean carecen de justificación. Casi todas las autovías previstas,
por ejemplo, no tienen una densidad de tráfico que justifique su
desdoblamiento: los manuales hablan de que es sensato desdoblar una vía
a partir de un tráfico de 15 o 20.000 vehículos al día y el Pitvi se
plantea esta actuación para tramos que no llegan ni a los 2.000
vehículos diarios. Y, peor aún, se proponen de nuevo obras que ya han
sido rechazadas por su fuerte impacto ambiental tras la evaluación
correspondiente, como es el caso de las autovías Puertollano-Mérida,
Toledo-Córdoba, etc.

En este mismo sentido, el de la irracionalidad de las inversiones, causa
estupor que se proponga una nueva radial para Madrid, la R-1, cuando las
otras 5 previamente existentes (R2, 3, 4 y 5, y AP41) están en concurso
de acreedores y a punto de tener que ser rescatadas por el Estado.

Algo similar pasa con la alta velocidad ferroviaria. A pesar de que hay
un consenso claro entre los economistas de que resulta ser un modelo
ruinoso para el país, y de que la mayor parte de la gente no se puede
pagar los billetes de este tren, se apuesta por el “AVE para todos”. Un
solo ejemplo para mostrar el absurdo de las multimillonarias inversiones
previstas: el Tribunal de Cuentas portugués decidió en 2012 no asignar
fondos a la línea de alta velocidad frontera española-Lisboa porque este
tren “no defiende el interés público y de los contribuyentes
portugueses”, pero el Pitvi se plantea llevar la línea hasta la misma
frontera con el país vecino, previa inversión de 2.600 millones de euros.

El Pitvi es una constante loa al papel de las infraestructuras para
“contribuir a la reactivación económica” a través de “la liberalización
de los mercados” –de hecho, esta palabra, “liberalización” se repite
nada menos que 53 veces en el documento– olvidando que nuestra
sobredotación de infraestructuras lejos de ser una ventaja económica es
de facto un tremendo agujero financiero, que no parece que queramos
dejar de ahondar.

Para Ecologistas en Acción resulta difícil entender una política de
transporte tan despilfarradora de fondos públicos, tan destructora del
territorio y del medio ambiente y tan inútil para mejorar la calidad de
vida de la mayor parte de la gente. Sin embargo, los “papeles de
Bárcenas” sí que dejaban presuntamente claros unos intereses oscuros
para que se llevasen a cabo estas inversiones. Quizá ahí esté la
explicación de porqué el Gobierno sigue empeñado en una política de
infraestructuras tan ruinosa y demencial.

Precisamente, mañana, 23 de enero, Ecologistas en Acción participará
junto con el resto de querellantes en el caso de los “papeles de
Bárcenas” (Asociación Libre de Abogados, IU, Justicia y Sociedad y
Federación de Los Verdes), en un acto informativo en Madrid
. En esta asamblea informativa, se darán a
conocer las últimas novedades en este proceso, en el que ya hay 24
imputados, buena parte de ellos presidentes de algunas de las
principales empresas constructoras de este país.

Más información: Paco Segura 619 891 996

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

[Medios] NP: Objetivos 2030 de la UE: insuficientes y de espaldas a la urgencia climática

22 de enero de 2014_

En su presentación de objetivos para 2030_
*EUROPA CEDE A LOS INTERESES EMPRESARIALES EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO*
*
**Ecologistas en Acción considera que los objetivos de la UE para 2030
en materia de emisiones, anunciados hoy, son claramente insuficientes y
alejados de las recomendaciones científicas. Además, establecer un
objetivo de solo un 27% para las energías renovables, y no anunciar un
nuevo objetivo obligatorio para la eficiencia energética, demuestra que
la UE vive de espaldas a la urgente encrucijada climática en que nos
encontramos. Las energías fósiles seguirán jugando un papel dominante
con efectos muy negativos. Además, la Comisión renuncia a establecer un
marco regulatorio vinculante para el fracking, anteponiendo los
intereses de las empresas gasísticas a la protección de la salud y el
medio ambiente**
**
*En el paquete de medidas, la UE establece un objetivo (que deberá ser
ratificado por los jefes de Estado) del 40% de reducción de las
emisiones para 2030 (con respecto a los niveles de 1990), aunque las
presiones de algunos países podrían hacer que ese objetivo se redujera
hasta el 35% o incluso menos. Porcentajes muy por debajo del 50-60% de
reducción que se tendría que alcanzar hasta 2030, según los cálculos del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Los científicos advierten de que las emisiones deben alcanzar su máximo
en el 2020 para evitar un calentamiento superior a 2 grados, más allá
del cual los efectos del cambio climático se volverán catastróficos e
irreversibles. Con medidas timoratas e irrisorias como las anunciadas
hoy por la Comisión este reto se hace inalcanzable.

Además en el anuncio de hoy no se establecen objetivos por Estados en la
implantación de energías renovables o de eficiencia energética. La Unión
Europea consume demasiada energía, la mayor parte de origen fósil (el
75%), e importada (más del 50%), una situación que la hace fuertemente
dependiente de los precios internacionales de las materias primas, que
no paran de crecer. Reducir el consumo de energía, fundamentalmente de
fuentes fósiles, es un imperativo, no sólo en la lucha contra el cambio
climático, si no además para lograr una economía independiente y
sostenible.

Son ya muchos los estudios que muestran los beneficios económicos y
sobre la salud de la población y del medio ambiente de apostar por una
economía baja en carbono, pero los intereses de una industria que se
resiste al cambio están pesando en las decisiones políticas que deben
tomarse para lograr objetivos ambiciosos en este ámbito.

Con su renuncia a regular el fracking, la Comisión abre las puertas a
una técnica extractiva que implica graves riesgos y se enfrenta a la
oposición social. Permite que se inviertan recursos que deberían
destinarse a medidas de ahorro, eficiencia y renovables, las únicas
herramientas válidas para la lucha contra el cambio climático y la
sostenibilidad.

El mercado de carbono -es decir, la compra venta de derechos de
emisiones- es otra de las herramientas que se han mostrado ineficaces en
la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la UE insiste en su
desarrollo, junto con el del mercado interior de la energía, pese a que
el libre mercado es incapaz de lograr un desarrollo sostenible, justo y
equitativo, con objetivos a largo plazo.
Más información: Rodrigo Irurzun, 657 88 1619

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net