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Archives: 29 de November de 2016

[Medios] Ecologistas en Acción insta al Gobierno español a posicionarse a favor de la eliminación del mercurio dental

29 de noviembre de 2016

Ecologistas en Acción insta al Gobierno español a posicionarse a favor de la eliminación del mercurio dental

Con motivo de la próxima reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea que tendrá lugar durante el mes de diciembre, Ecologistas en Acción pide al Gobierno español que se posicione a favor de eliminar el mercurio odontológico.

El Parlamento Europeo se pronunció el pasado octubre a favor de eliminar progresivamente las amalgamas dentales en menos de cinco años y de dejar de usarlas en niños y mujeres embarazadas en el plazo de un año. Ahora los Estados miembros tienen que pronunciarse en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente. Los grupos ecologistas, entre los que se encuentra Ecologistas en Acción, abogan por respetar el Convenio de Minamata, un tratado que aconseja tomar medidas eficaces y que España ha firmado.

La contaminación por mercurio dental es un serio problema ambiental y de salud en la Unión Europea: representa entre un 21-32% de todas las emisiones atmosféricas de mercurio de la UE y hasta un 9-13% de toda la contaminación por mercurio de las aguas superficiales. Está demostrado que la contaminación de este metal pesado y sus consecuencias son significativas. Contamina el agua a través del saneamiento y los residuos urbanos; el aire a través de las cremaciones, las emisiones de las clínicas dentales y la incineración de lodos; y el suelo a través de los vertederos, los cadáveres enterrados y la aplicación agrícola de lodos residuales.

Una vez liberado, el mercurio puede convertirse en su forma más tóxica, el metilmercurio, que produce daños cerebrales y problemas neurológicos, especialmente en niños y fetos (mujeres embarazadas y en periodo de lactancia). La Unión Europea es el mayor consumidor de mercurio dental del mundo –90 toneladas en 2010– a pesar de que países como Suecia, Noruega, Finlandia o Dinamarca ya lo han eliminado prácticamente del todo y utilizan alternativas (composites, compómeros e ionómeros de vidrio) eficaces y asequibles.

En 2015, la Comisión Europea hizo una encuesta online sobre el Convenio de Minamata y el 88% de las personas participantes votaron a favor de la “retirada progresiva de la amalgama” en detrimento de la “reducción del uso de la amalgama”. Por su parte, el sector de la odontología está preparado para su desaparición, como lo demuestra el hecho de que en la Conferencia Europea de Materiales Dentales (2013) se dedicó un día entero al “Fin de la utilización de la amalgama”.
Más información: Leticia Baselga, portavoz de Ecologistas en Acción, 696 821 808
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
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@robertoherreros
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Telefono: +34-91-5312739
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FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

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Informe de investigación de ProJusticia: los “Empresarios” que el auditor de SUNAT investigaba

Por medio de la presente les hacemos llegar el informe de investigación de
Projusticia denominado: “los “Empresarios” que el auditor de SUNAT
investigaba” que analiza quien podria ser el verdadero culpable de la
muerte de Luis Cieza Herrera, Auditor de SUNAT Asesinado en Chiclayo tras
investigaciones sobre los asuntos financieros de los “empresarios” del
norte del país. Esperamos que sea de su interés, agradeceremos sus
comentarios

Atentamente

ProJusticia

*LOS “EMPRESARIOS” QUE EL AUDITOR DE SUNAT INVESTIGABA*
*Informe
ProJusticia*
A casi un año de la terrible muerte Luis Roberto Cieza Herrera, auditor de
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, a manos de
sicarios, la investigación a nivel policial y fiscal desarrollada en todo
este tiempo ha ido revelando insospechados y sombríos capítulos de cómo una
muy bien montada red delictiva impunemente venía operando en el norte
peruano en los últimos años.
Aun cuando de manera muy reservada los agentes de la DIVINCRI Chiclayo han
ido recopilando información a través de testigos y colaboradores con
identidad – situación que años atrás no habían logrado durante el apogeo de
la organización delictiva “La Gran Familia” – a nivel fiscal se han dado
pasos importantes, y es que anterior a que el expediente pasara a manos de
la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada reservada de
Lambayeque, y se conociera que los hermanos Samuel Antonio y Carlos Daniel
Roncal Miñano habrían sido los autores intelectuales del crimen del
auditor, un puñado de empresarios han permanecido todo este tiempo bajo
sospecha., cuyas identidades habían permanecido – hasta ahora – en el
anonimato.
A pesar que la muerte del abogado Fernando Arbulú Roca – ocurrida en
octubre del 2008 – no fue resuelta por la Policía Nacional, las evidencias
de una organización criminal al servicio de un grupo de empresarios locales
se hicieron cada vez más evidentes. Esto, ante la complacencia de las
autoridades políticas, judiciales, fiscales y policiales de turno.
Es cierto, si bien inicialmente se puso bajo investigación al empresario
Olivio Huancaruna Perales, hombre fuerte del café, a su brazo legal Maxs
Deyvis Ayora Inoñán y, al primo de éste, Irvin Ayora Linares; la justicia
lambayecana – como ya lo ha hecho venido demostrando en otros casos
emblemáticos recientes, como fue el crimen de la joven María del Carmen
Requejo Chanamé a solo unos pasos del Hospital de la Policía en Chiclayo –
mandó al archivo el expediente y con ello las esperanzas de dar con la
identidad de los autores intelectuales y materiales del suceso.
No obstante, como no hay crimen perfecto, la posibilidad de la existencia
de una componenda para inculpar del todo a terceros no ha sido descartada
por los investigadores, y es precisamente donde el listado de este grupo de
empresarios que el auditor de la SUNAT venía investigando vuelve a tomar
cierto protagonismo.
A pesar de los testimonios encontrados en el camino, que han venido dando
pie a un posible esclarecimiento del caso, la Fiscalía Contra la
Criminalidad Organizada tampoco ha descartado la posibilidad que otros
empresarios – inmiscuidos en el rubro de la comercialización del azúcar –
hayan tenido relación directa e indirecta con el salvaje atentado, pesando
todavía sobre ellos ese manto de sospecha hasta que las investigaciones no
concluyan con éxito.
Sin embargo, ¿qué es lo que se tiene hasta el momento? y ¿hacia dónde
apuntan las sospechas? La respuesta está en la Carpeta Fiscal Reservada,
que el 25 de mayo de este año remite la fiscal Tania Vigo Bravo a su colega
Juan Carrasco Millones, para que sea a través de la Fiscalía Especializada
Contra la Criminalidad Organizada la que continúe con las investigaciones.
Fue así que gracias a la información suministrada por el Intendente
Regional de SUNAT, Luis Acosta Vílchez, a pedido del Ministerio Público, se
logra conocer qué empresarios venían siendo objeto de una investigación por
parte de la División de Auditoría que tenía como supervisor encargado a
Luis Roberto Cieza Herrera.
*CONTRIBUYENTES INVESTIGADOS*
Así pues, se informó de una relación de investigaciones en las que el
otrora funcionario tuvo – entre los años 20014 y 2015 – en su calidad de
supervisor y que dieron lugar a cobranzas coactivas o terminaron con
denuncias ante el Ministerio Público. Esto, desde que Luis Cieza asumirá
dicho cargo a partir del 27 de febrero de 2013.
En este listado aparecen nombres de “contribuyentes” vinculados a empresas
que no necesariamente registran sus actividades comerciales con el sector
azucarero; no obstante, todavía son materia de fiscalización, tanto de la
SUNAT como de la propia justicia lambayecana.
El primero de los expedientes en giro, en poder del asesinado auditor Cieza
Herrera, donde se investigaba una aparente “Utilización indebida del
Crédito Fiscal”, comprendía al empresario Juan José Zamora Capelli y al
promotor de venta de motos Joel James Piscoya Chapoñán, vinculados en una
empresa dedicada al sector de elaboración de comidas y platos preparados,
restaurantes, bares y cantinas, así como al alquiler y arrendamiento de
maquinaria, equipos y bienes tangibles.

Ambos habían sido comprendidos en el Expediente N° 3919-2014, el cual se
encontraba en una etapa de Investigación Preliminar en la Primera Fiscalía,
dirigida específicamente a determinar ciertos ilícitos que ambos habrían
cometido a través de la empresa Inversiones Huaca Rajada Sociedad Anónima,
cuyo RUC era el 20480651716 (actualmente Habido para la SUNAT) y con
domicilio fiscal la avenida José Leonardo Ortiz N° 490 (donde operaba la
discoteca Ozone – hoy Magno); proceso que se había iniciado el 17 de
octubre del año 2014.
Un siguiente expediente en custodia de la Sunat y de la propia Fiscalía
contra la Criminalidad Organizada es el signado con el N° 4696-2014, donde
resultó implicado el contribuyente Segundo Lizandro Sánchez Salazar, quien
– por esta situación – venía afrontando una denuncia por “Ocultamiento de
Rentas”, hecho que era indagado por la Tercera Fiscalía de Chiclayo a
pedido de la SUNAT, en un proceso que se inició el 30 de diciembre de 2014.
La investigación seguida por el auditor Luis Cieza Herrera guardaba
relación con hechos de años atrás, que fueron evidenciados a partir del 30
de diciembre de 2014 en el expediente tributario seguido por el occiso, por
lo que tampoco ha quedado descartada la posibilidad que el empresario – con
RUC 10164941537 – tenga algo que ver en el asesinato de quien lo
investigaba.
Sánchez Salazar, según el portal web de la SUNAT, está en condición de
contribuyente “No Habido”, reside en el pueblo joven Diego Ferré, y en el
período tributario 2009-13 llegó a registrar una deuda coactiva al tesoro
público de 6 millones 342 mil 605 soles.
*EXPEDIENTE RONCAL*
El siguiente en la lista, según la información remitida por la SUNAT al
Ministerio Público, era el “contribuyente” Carlos Daniel Roncal Miñano, con
RUC 10164940361, cuya carpeta signada con el N° 4208-2015 había recaído en
la Fiscalía Anticorrupción.
Actualmente prófugo de la justicia, el sindicado integrante de la red
delictiva “La Hermandad y Los Empresarios del Norte”, era investigado por
el equipo de auditores bajo el mando de Cieza Herrera por una presunta
modalidad de “Ocultamiento de Rentas”, proceso que se en encontraba en la
etapa de investigación preliminar y que se había iniciado desde el 23 de
octubre del 2015.

De las investigaciones realizadas se logró determinar que los ingresos
patrimoniales de Roncal Miñano no estaban debidamente justificados,
evidenciándose que en el ejercicio fiscal de los años 2013 y 2014 se habría
incurrido en el delito de Defraudación Tributaria, pues las adquisiciones y
desembolsos efectuados por el “contribuyente” no eran cubiertos por sus
ingresos y rentas de dichos años, decretándose entonces la existencia de un
incremento patrimonial no justificado en los ejercicios 2013 por 655,955
soles y en el 2014 por 182,105 soles.
Por ello, la SUNAT lo multó con la suma de 238,625 mil soles, la misma que
fue pagada al poco tiempo de realizarse la notificación de sanción y de dar
el plazo correspondiente para efectuar el pago. A la fecha, según el portal
web de la entidad recaudadora, Carlos Roncal registra una deuda tributaria
al Tesoro Público de tan solo 8 mil 752 soles.
Siendo esto así, es preciso que los representantes del Ministerio Público
logren esclarecer en el curso de las investigaciones del complejo caso
ciertos aspectos que no encajan para darle sentido a la incriminación
directa como autor intelectual del asesinato, como es el hecho que si el
empresario azucarero se sometió a las directivas de la SUNAT y cumplió con
pagar la sanción impuesta dos cosas no tendrían sentido: contratar a
sicarios trujillanos en marzo del 2015 para matar a Cieza Herrera – cuando
la investigación preliminar recién inicia en octubre de ese mismo año – y,
segundo, cómo ofrecer una coima de 500 mil soles cuando la multa impuesta
por la SUNAT era de casi la mitad, y que logró cancelar.
*¿ENTORNO FLORES VÍLCHEZ?*
Los siguientes en la lista de auditados por los funcionarios de SUNAT al
mando de Luis Cieza Herrera eran José Anselmo Vallejos Fernández, Marcos
Bustamante Delgado, Rosita Karina del Rocío Tapia Montenegro, Brisa Leila
Selina Vega Cocha y Simón Toro Falen, por presunta “Obtención Indebida de
Crédito Fiscal”.
Todos ellos comprendidos en el expediente N° 2326-2015, proceso iniciado el
17 de junio de 2015, el mismo que se encontraba en la fase de investigación
preliminar y estaba en poder de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de
Chiclayo.
En este expediente, la entidad recaudadora de tributos le seguía los pasos
al “contribuyente” Servicios e Inversiones Vallejos Cuatro SAC, con RUC
20479534218, donde estas personas aparecían como directivos, y se dedicaban
al rubro de transporte de carga y a la venta al por mayor de combustibles.
No solo eso, algunos de ellos, como era el caso de Vega Cocha y Tapia
Montenegro, en el 2010, habían resultado cuestionadas como proveedoras,
pues la SUNAT había detectado evidencias que permitían suponer la
existencia de operaciones no reales, conforme se dejó constancia en el
Expediente N° 13367-2013 del Tribunal Fiscal.
Algo más, en este grupo también ha resultado investigado Marcos Bustamante
Delgado, quien -según el portal Datos Perú- figura además como directivo de
las siguientes empresas: Inversiones Costa SAC, Inversiones G&M Sociedad,
Negociación Agrícola El Taymi SAC, Negocios Agrícolas El Sol SAC,
Agronegocios El Roble SAC y Empresa de Transporte Tornado Norteño EIRL.
El CPC Marcos Bustamante Delgado, para los conocedores del mundo
empresarial, sería uno de los operadores más cercanos y de extrema
confianza del empresario azucarero Ernesto Flores Vílchez, quien incluso lo
habría propuesto para que en el 2006 se desempeñara como Administrador
Judicial en AgroPucalá junto a Juan Núñez Cabrera y Juan Odar Espino.
En este distrito azucarero, Bustamante Delgado es incluso recordado incluso
porque se vio inmiscuido en la famosa constitución de la hipoteca a favor
del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN) por 6 millones de dólares
dejando en prenda el Fundo Tabernas (actualmente registrado a nombre de la
offshore Consorcio Esperanza SA.; transacción que quedó registrada en la
Notaría Caballero de la ciudad de Chiclayo, y en la que además participaron
Mónica Esperanza Uchofen Cisneros y el empresario Ernesto Flores Vílchez
como representantes del CLAN, junto a Juan Núñez Cabrera y el propio Marcos
Bustamante Delgado en su condición de representantes de AgroPucalá.
En todo momento, se dejó expresado que el entonces administrador judicial
de AgroPucalá, Marcos Bustamante, quien debió representar la imparcialidad
y el estado de derecho, habría actuado más como empleado de cuatro empresas
del CLAN: Inversiones Agro Peruano, Agroquímicos del Sur ABC, Agroindustria
El Pacífico y Corporación del Norte.
En suma, no cabe duda que este personaje, no estaría sino seriamente
comprometido con los intereses de diversas empresas, que a su vez son
proveedoras de AgroPucalá, sino incluso estaría sometido a los intereses de
grupos económicos que el auditor de SUNAT fiscalizaba, convirtiéndose de
cierta forma en una piedra en el zapato.
*CONSORCIO HUALLAGA*
El último expediente de la lista de contribuyentes auditados por el equipo
comandado por Cieza Herrera era el signado con el N° 4433-2015, que se
encontraba en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. En este
caso, se seguía de cerca los movimientos de los Consorcios Huallaga y
Cordillera del Cóndor, con RUC 20480672390, donde Roberto Nieto Mejía y
Víctor Gonzales figuraban como procesados por el presunto delito de
“Obtención Indebida de Crédito Fiscal”; investigación que se inició el 30
de setiembre de 2014.
El primero de ellos, al igual que Marcos Bustamante, aparece como
directivos de múltiples empresas, como son: Ferretería Nieto SAC,
Representaciones Distribuidora Ferretera y Otros J & M SAC y Constructora
Chota SCRL.
*CASO AGROPUCALÁ*
Pero la labor de Luis Roberto Cieza Herrera no se circunscribía a lo
contenido en dichos expedientes informados por la Intendencia Regional de
SUNAT al Ministerio Público, también tenía en giro algunos otros y muestra
de ellos es lo que la fiscal Tania Bravo Vigo encontró cuando -tras su
muerte – ingresó a las oficinas de la División de Auditoría junto a cuatro
agentes policiales.
Precisamente, en cumplimiento de las labores de constatación y registro del
ambiente donde despachada el fallecido, en los cajones de su escritorio se
halló un informe sobre el proceso de convocatoria a Junta General de
Accionistas en la empresa agroindustrial AgroPucalá.
Asimismo, como consta en actas, en uno de los estantes se encontró la Orden
de Fiscalización N” 130073245160 correspondiente al contribuyente y
precisamente el defenestrado gerente general de la citada compañía
azucarera, Maxs Deyvis Ayora Inoñán. Dichos actuados correspondían a
labores de seguimiento a la reserva tributaria.
En un siguiente cajón de su escritorio, al interior de un sobre manila se
encontró una solicitud firmada por el occiso, en la cual solicitaba
asesoría legal a su institución para su defensa; documentos todos que
fueron anexados a la Carpeta Fiscal Reservada, que permitirán ahora a los
representantes de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada esclarecer
los verdaderos móviles del asesinato.

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FontFuente: projusticia2014@gmail.com

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