Revista de Pangea

"La Revista de Pangea es una recopilación de noticias de diferentes fuentes"

Archives: 6 junio, 2018

[Medios] Coches y camiones obligados a quemar aceite de palma para cumplir con los objetivos europeos de renovables

/6 de junio de 2018//
/
*Coches y camiones obligados a quemar aceite de palma para cumplir con
los objetivos europeos de renovables**
***
*· Los camiones y vehículos diésel quemaron más de la mitad (51%) del
aceite de palma que se usó en Europa en 2017 (un 13,5% más que el año
pasado), según los últimos datos de Oil World, la consultora de
referencia en los mercados del aceite y que hoy hacen públicos
Ecologistas en Acción y Transport & Environment.**
**
**· Ecologistas en Acción y Transport & Environment piden al nuevo
Gobierno español que apueste por la eliminación de las ventajas del
biodiésel de palma en el Consejo de Ministros de Energía del 11 de junio.**
**
**· Las dos organizaciones hablarán de este tema en un evento que tendrá
lugar hoy 6 de junio a las 16:30 en Madrid.*

Desde la introducción de la ley europea para la promoción de
biocombustibles en 2009, el uso del aceite de palma ha aumentado de
forma considerable: de las 825.000 toneladas en 2008 a las 3,9 millones
de toneladas en 2017. El uso de biodiésel de palma es tan elevado que
empequeñece las cantidades de aceite de palma utilizadas en otros
productos como galletas, cremas de chocolate, champú o pintalabios, que
en conjunto supusieron un 39% del aceite de palma utilizado en Europa en
2017, el punto más bajo de la pasada década.

Este consumo desmesurado ha supuesto una enorme expansión del cultivo de
palma aceitera, sobre todo en Indonesia y Malasia, donde se produce el
85% de la demanda global. Una expansión que está generando graves
problemas de deforestación y de drenaje de turberas, además de la
emisión a la atmósfera de enormes cantidades de gases de efecto
invernadero.

Según un estudio encargado por la Comisión Europea (Informe Globiom
),
el biodiésel de palma es tres veces peor

para el clima que el diésel convencional. Un impacto que se suma a las
amenazas a hábitats de especies en peligro de extinción como los
orangutanes de Borneo y los elefantes pigmeos.

La Directiva Europea de Energías Renovables se introdujo en un intento
de fomentar energías como la solar o la eólica, pero en su capítulo de
transporte ha promovido el uso de cultivos agrícolas como la palma de
aceite, la colza y la soja para hacer biocombustibles. Según Ecologistas
en Acción y Transport & Environment, con la normativa actual, los
biocombustibles se pueden contabilizar como ‘cero emisiones’, a pesar de
ser grandes emisores de gases con efecto invernadero. De hecho, si se
contabilizarán de manera adecuada, las emisiones del transporte por
carretera aumentarían automáticamente un 10 %

En enero, el Parlamento Europeo acordó que no se siga considerando el
biodiésel de aceite de palma en el marco de los objetivos de renovables
a partir del año 2021. Esto desató una campaña con importantes recursos
por parte de los poderes fácticos de influencia de Indonesia y Malasia
.
La Comisión Europea, apoyada por los recién terminados gobiernos de
España e Italia, se opone a terminar los subsidios al aceite de palma.

Las negociaciones finales tendrán lugar la próxima semana: el lunes 11
de junio, durante el Consejo de Ministros de Energía, a la que deberá
acudir la nueva ministra de Energía y Medio Ambiente, Teresa Ribera. La
ministra deberá defender la posición española en la que será la primera
prueba de la política energética y climática del nuevo Gobierno español.
Ecologistas en Acción y Transport & Environment piden a la formación
socialista que apueste por la eliminación de las ventajas del biodiésel.

Esto supone una prueba de fuego para Teresa Ribera ya que España es uno
de los países que más biodiésel de palma produce. De hecho, el 90% del
biodiésel que se produce en nuestro país es de palma, según los datos de
la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. La producción española
de biodiésel de palma aumentó un 27% en 2017 y ya supone el  44% de todo
el biodiésel de aceite de palma que se produce en Europa. Estos datos
estarían relacionados con el apoyo firme por el mantenimiento del trato
favorable al aceite de palma en la Directiva Europea de Energías
Renovables que había mostrado hasta ahora el Gobierno de España.

Nuria Blázquez responsable de biocombustibles de Ecologistas en Acción:
“Quemar aceite de palma en coches y camiones para cumplir con objetivos
de energía renovable, y en definitiva climáticos, es un sinsentido.
Tenemos evidencias suficientes para afirmar que hay que parar esto, y
hay que pararlo ya. Confiamos en que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez
cambie la que hasta ahora ha sido la posición española en el Consejo,
muy favorable a la continuidad del apoyo al biodiésel de palma”.

Carlos Calvo Ambel, responsable de Transport & Environment en España,
concluye: “Si los biocombustibles se suponía que reducirían emisiones,
mejorarían la independencia energética y ayudaría a los agricultores,
han supuesto un fracaso por partida triple. Cada vez somos más
dependientes de las importaciones de biocombustibles sucios. La UE no
debe dejar escapar esta oportunidad, única en la década, y alejarse de
los biocombustibles a partir de productos agrícolas e invertir en
electricidad renovable y biocombustibles basados en residuos”.

De todos estos asuntos se hablará hoy 6 de junio en Madrid en un acto

organizado por Ecologistas en Acción y Transport & Environment. La cita
será a las 16:30 en la biblioteca Iván de Vargas y en ella se proyectará
el documental Frontera Invisible , sobre los
desplazamientos forzosos del campesinado colombiano debido a las
plantaciones de palma aceitera.

*
Más información: *

/Nuria Blázquez Sánchez, portavoz de Ecologistas en Acción,  660 306 931.//
//Carlos Calvo Ambel, responsable de Transport & Environment, 606 639 637.

/
*
Marta Monasterio Martín*/Prensa/
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[Medios] BBVA y Banco Santander financian un megaproyecto hidroeléctrico en alerta roja por riesgo de colapso en Colombia

5 de junio de 2018

BBVA y Banco Santander financian un megaproyecto hidroeléctrico en alerta roja por riesgo de colapso en Colombia

· Una sucesión de fallas durante la construcción del proyecto Hidroituango ha desatado la emergencia social y ambiental.

· Más de 13.000 personas han sido evacuadas de forma preventiva ante el riesgo de que una eventual rotura de la presa pueda provocar una avalancha de proporciones catastróficas.

· En menos de una semana cuatro personas han sido asesinadas en la zona, dos de ellas pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que se habían opuesto públicamente a la construcción de la hidroeléctrica.

Ecologistas en Acción muestra su profunda preocupación por la grave emergencia social y ambiental que vive desde hace más de un mes la población del Cañón del Cauca, en el departamento de Antioquia, Colombia, provocada por la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico que cuenta con una línea de crédito del BBVA y del Banco Santander, entre otros. Una sucesión de fallas durante la construcción del proyecto Hidroituango, la obra de mayor envergadura del país, han desatado las alarmas por el riesgo que entraña para la vida de decenas de miles de personas pertenecientes a 15 municipios ubicados en la zona de influencia de la central hidroeléctrica.

Este megaproyecto –que incluye la construcción de una presa de 225 metros de altura y un embalse de 79 kilómetros de largo y más de 20 millones de metros cúbicos de volumen– se encuentra en estado de emergencia desde que el pasado 28 de abril se presentara la primera alerta, cuando un derrumbe obstruyó uno de los túneles de llenado y desvío de la presa. Como consecuencia de los taponamientos y vaciados de agua, se produjeron grandes crecidas del caudal del río e inundaciones que han destruido los medios de vida de miles de familias de la zona.

Desde entonces, sucesivos desprendimientos de tierra han dejado la situación fuera de control, y ha llevado a las autoridades colombianas a plantear la posibilidad de un escenario de rotura de la presa y a decretar la alerta roja en varios municipios aledaños al megaproyecto. Según la información proporcionada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta el día 30 de mayo más de 13.000 personas habían sido evacuadas de forma preventiva ante el riesgo de que se presente una avalancha de proporciones catastróficas. En los últimos días Empresas Públicas de Medellín (EPM), la empresa a cargo del megaproyecto, ha reportado la aparición de filtraciones de agua en la presa y grietas en la montaña que previsiblemente desencadenarán nuevos derrumbes durante los próximos días.

Para financiar las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango, el pasado mes de diciembre EPM obtuvo una línea de crédito por mil millones de dólares del BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De ellos, 650 millones de dólares provienen de un préstamo “B” otorgado por varios bancos comerciales internacionales e inversores institucionales, entre los que se encuentran el BBVA y el Banco Santander. A través de estos créditos las entidades financieras contribuyen a sostener un megaproyecto que está generando una gran conflictividad social.
Violencia contra quienes defienden el territorio: cuatro asesinatos en menos de una semana

Durante los últimos años, comunidades y asociaciones locales se han organizado para denunciar los impactos sociales y ecológicos de un megaproyecto que, además de las evacuaciones permanentes de carácter preventivo de estas semanas, ya había provocado 10 desalojos forzosos y la pérdida de los medios de vida de más de 500 familias de la zona . Las familias también denuncian que el proyecto vulnera el derecho a la memoria, la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, ya que la inundación prevista tras el llenado del embalse imposibilitará encontrar los restos de entre 500 y 900 víctimas de desaparición forzada que quedan por localizar y exhumar en la zona .

Quienes defienden el río, el territorio y el medio ambiente tienen que hacer frente a un contexto de violencia sistémica. Las organizaciones sociales denuncian que quienes se oponen a la construcción de Hidroituango han sufrido el abuso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, así como agresiones físicas y psicológicas en un entorno recurrente de amenazas, amedrentamiento y terror . El Movimiento Ríos Vivos Antioquia –que aglutina a varias asociaciones locales por la defensa del río Cauca– ha informado que desde el año 2013 ha recibido 151 incidentes de seguridad y más de 60 amenazas contra sus integrantes.

Pero la violencia contra quienes defienden el medio ambiente en el Cañón del Cauca se ha intensificado durante el periodo de emergencia del último mes. Tanto es así que durante el mes de mayo, en menos de una semana, cuatro personas han sido asesinadas en la zona. Dos de ellas, Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, eran líderes sociales y miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que se habían opuesto públicamente a la construcción de la hidroeléctrica.
La responsabilidad de las entidades financieras que sostienen Hidroituango

El sistema financiero es una pieza fundamental en la implementación de megaproyectos como el de Hidroituango, cuya construcción no sería posible sin el acceso a las líneas de crédito otorgadas por instituciones financieras multilaterales, bancos comerciales e inversionistas internacionales. Por eso, Ecologistas en Acción quiere enfatizar que tanto el BBVA como el Banco Santander, a través de su apoyo económico, están contribuyendo a sostener la vulneración de derechos humanos y la situación de emergencia social y ecológica en el Cañón del Cauca.

Paradójicamente ambas entidades bancarias acaban de anunciar que participarán en la elaboración de los Principios Bancarios que promueve Naciones Unidas para fomentar una “banca responsable y sostenible” que busca, entre otras cosas, “impulsar la responsabilidad y transparencia de los bancos sobre su impacto medioambiental” . Se trata sin embargo, una vez más, de códigos de conducta voluntarios que no establecen regulaciones de obligado cumplimiento a las acciones del poder corporativo.

Por todo ello, Ecologistas en Acción hace un llamado a las instituciones pertinentes para solicitar:

1. Que el BBVA y el Banco Santander no contribuyan con su financiamiento a sostener megaproyectos que generan graves impactos socioecológicos y vulneran los derechos humanos, como el proyecto Hidroituango.

2. Que se brinde asistencia y garantías de seguridad a la población afectada por la situación de emergencia social y ambiental ante los riesgos derivados de la construcción del proyecto hidroeléctrico.

3. Que se suspenda y se retire la licencia ambiental del megaproyecto una vez controlada la emergencia, tal y como vienen demandando las organizaciones locales.

4. Que se investiguen con rigor los asesinatos ocurridos en la zona y se sancione a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.

5. Que se garantice la protección, la seguridad y los derechos de quienes defienden el agua, la tierra y el medio ambiente en el Cañón del Cauca.
Más información: Miriam García-Torres, portavoz de Ecologistas en Acción, 602 033 566

Roberto Herreros Prensa
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[Medios] Diez peticiones al nuevo gobierno de Pedro Sánchez

5 de junio de 2018

Diez peticiones al nuevo gobierno de Pedro Sánchez

En el Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción trasmite sus peticiones al futuro nuevo Gobierno, las actuaciones que considera más perentorias desde el punto de vista del ecologismo social.

Las diez demandas de la organización al futuro Gobierno son:

1. Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que incluya el cierre de las centrales nucleares mediante la no renovación de sus permisos de explotación, así como el abandono a medio plazo de los combustibles fósiles, que fomente las energías renovables, elimine el Impuesto al Sol, ponga fin al oligopolio de las grandes empresas energéticas, y abogue por un modelo energético descentralizado y en el que no exista la pobreza energética. Suspender cuanto antes el sistema actual marginalista de fijación de precios en la generación eléctrica.

2. Recuperación de las leyes ambientales que los gobiernos de Rajoy han devaluado con diversas modificaciones, principalmente las leyes de Costas, de Parques Nacionales, y de Montes. La actuación más urgente es la de paralizar el intento del PP en el Parlamento de modificar la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que pretende que se continúen con las introducciones de especies exóticas invasoras objeto de pesca y de caza. El nuevo gobierno también debe aplicar las directrices de la Proposición No de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados sobre la protección del lobo ibérico.

3. Poner todos los medios posibles (institucionales, económicos, sociales) para erradicar la violencia de género, tanto en la faceta de prevención como en la atención a víctimas de violencia. Ello implica superar la dotación presupuestaria actual, cantidad que, al igual que la de otras partidas que deben de aumentar (como las destinadas a la preservación del medioambiente, sanidad, educación o lucha contra la desigualdad) se puede detraer de los gastos militares y de inversiones en nuevas grandes infraestructuras de transporte, de las que tenemos una dotación más que sobrada.

4. Derogar la Ley Mordaza y garantizar los derechos democráticos de reunión, manifestación y libertad de expresión para dejar de perseguir y encausar a activistas.

5. Realizar un Estrategia Nacional de Calidad del Aire ambiciosa, que incluya la equiparación de impuestos del diésel con la gasolina, actuaciones para reducir el uso del coche en ámbitos urbanos y la mejora del transporte público, con implantación de carriles bus segregados en todas las vías de acceso a las grandes áreas metropolitanas.

6. Aprobar un reglamento de la Ley de Suelo y Rehabilitación que sirva para frenar los procesos de turistización, gentrificación y destrucción del patrimonio.

7. Desarrollar la Estrategia Española de Economía Circular enfocada a alcanzar el objetivo de Residuo Cero eliminando los envases de plástico e implantando la recogida selectiva de materia orgánica y sistemas de depósito, devolución y retorno de envases. Prohibir la incineración de residuos, especialmente en cementeras.

8. Fijar caudales ecológicos en la totalidad de las masas de agua, frenar la expansión del regadío y la construcción de nuevos embalses y clausurar inmediatamente trasvases de alto impacto ambiental, para los que existen alternativas viables. Estas medidas se deben conjugar con asegurar el acceso a agua pública de alta calidad en todos los municipios españoles.

9. Derogar la LOMCE. Incluir los contenidos de la educación para la sostenibilidad en los programas educativos, de manera que el mantenimiento de la vida se sitúe en el centro de los currículos escolares, reconociendo la importancia de los trabajos de cuidados (en el hogar, a las personas enfermas…) y la educación en valores.

10. Fomentar la economía social, apoyar la agroecología, el comercio local y de proximidad y retirar el apoyo a los tratados comerciales y de inversión que se han firmado (como el CETA) y que se están negociando (Tribunal Multilateral de Inversiones, UE-Mercosur, UE-Japón).
Para Ecologistas en Acción la aplicación de algunas de estas medidas de forma inmediata, así como el inicio de actuaciones dirigidas a poner en marcha el resto, serán la prueba de que la apuesta por la sostenibilidad y la justicia social del futuro Gobierno de Pedro Sánchez es más real que retórica.
Más información: Luis Rico, 654 248 912, y Paco Segura, 619 891 996, coordinadores de Ecologistas en Acción

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CP OCEANA Día del Medio Ambiente y Día contra la Pesca Ilegal

[cid:image001.jpg@01D3FCB4.E0C11760]

5/6/2018

Día Mundial del Medio Ambiente
y
Día Internacional de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

Oceana pide que la pesca pirata sea delito contra el medio ambiente
La ONU persigue acabar en 2020 con la pesca pirata, que representa un quinto de las capturas mundiales

Oceana lanza hoy un SOS a los gobiernos para que la pesca pirata sea un delito ambiental punible. La pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR o IUU en inglés) es una práctica de alcance mundial, que mueve cada año decenas de miles de euros y daña el medio marino, poniendo en peligro los recursos pesqueros y todo el ecosistema oceánico. Este llamamiento a adoptar medidas legales coincide con el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca INDNR, que se celebran el 5 de junio por iniciativa de la ONU.

“En el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Internacional de la lucha contra la Pesca INDNR, hacemos un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que la pesca ilegal sea delito ambiental. Todos los países deben reconocer que la pesca ilegal a gran escala es crimen organizado y tratarla como tal. Los piratas deberían estar entre rejas y no navegando libremente por los océanos”, afirma Lasse Gustavsson, director ejecutivo de Oceana Europa.

Se calcula que la pesca INDNR representa el 20% de las capturas totales[1]. Estimaciones conservadoras sobre pesca ilegal y no declarada apuntan a pérdidas anuales entre 9.000 y 20.000 millones de euros para la economía mundial, equivalente a entre 11 y 16 millones de toneladas[2].

El hecho de que la gran mayoría de países no consideren la pesca INDNR como un delito está pasando factura al medio ambiente y la sociedad. Estos operadores quiebran la ley, provocando la sobreexplotación de stocks pesqueros y la destrucción de ecosistemas y hábitats vitales. Especies de alto valor económico, como tiburones y atunes, son a menudo el objetivo de la pesca ilícita. La sobrepesca de estos depredadores y de especies amenazadas desequilibra el ecosistema marino y hace peligrar la salud y la riqueza de los océanos. En el plano social, la pesca INDNR sitúa en desventaja a los pescadores legales y repercute en el bienestar socioeconómico de las localidades pesqueras.

La declaración del Día Internacional de la lucha contra la pesca INDNR es una iniciativa de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, un organismo regional dependiente de la ONU, y fue adoptada por la Asamblea General el 22 de noviembre de 2017[3]. Como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU ha marcado la meta de acabar con las prácticas pesqueras INDNR y destructivas en 2020.

[EUO © OCEANA SGA 70319]

[EUO © OCEANA 55396]

El Atlantic Wind, buque en lista negra por pesca ilegal, en el puerto de Mindelo (Cabo Verde). © OCEANA/SGA

Atún listado en Tánger (Marruecos). © OCEANA
Versión online de este comunicado: http://bit.ly/2sFWJu1

Marta Madina, Directora de Comunicación
Gran Vía, 59 – 9º. 28013 Madrid, España
Tel.:+ 34 911 440 880 Móvil: +34 687 598 531 E-mail: mmadina@oceana.org
Facebook: http://www.facebook.com/oceanaeurope Twitter: @OceanaEurope
Oceana es la mayor organización internacional dedicada en exclusiva a la conservación y defensa de los océanos. Oceana concentra sus esfuerzos en la recuperación de la riqueza y biodiversidad marina en todo el mundo y en la aplicación de políticas basadas en datos científicos en países que controlan un tercio de las capturas pesqueras mundiales. Nuestras campañas dan resultados, como muestran más de doscientos logros en la lucha contra la sobrepesca, la destrucción del hábitat y la contaminación, y a favor de la conservación de especies amenazadas como tortugas y tiburones. Recuperar los océanos significaría que mil millones de personas podrían disfrutar de pescado saludable hoy, mañana y para siempre. Juntos podemos salvar los océanos y contribuir a alimentar al mundo. Visite eu.oceana.org para saber más.
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de FUNDACION OCEANA. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.
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________________________________

[1] http://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1096102/

[2] Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, Beddington JR, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004570

[3] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/72/L.12

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FontFuente: nsanchez@oceana.org

[Medios] La entidad de reciclaje Ecoembes, y las políticas militarista y ambiental del PP, premios Atila 201 8 por la destrucción del medioambiente

/4 de junio de 2018/

*La entidad de reciclaje Ecoembes, y las políticas militarista y
ambiental del PP, premios Atila 2018 por la destrucción del medioambiente*

*· Con motivo mañana de la celebración del Día Mundial de Medioambiente,
Ecologistas en Acción otorga sus premios Atila y Caballo de Atila a las
conductas más destacadas del año por su contribución a la destrucción
del medioambiente. **
**
**· Este año han obtenido el galardón la organización de gestión de
residuos Ecoembes (Premio Atila) y María Dolores de Cospedal y su
política militarista (Premio Caballo de Atila). **
**
**· Las dos legislaturas del Gobierno del PP presididas por Mariano
Rajoy y que acaban de finalizar, han sido mencionadas en un accésit
especial. La organización ecologista destaca que la política ambiental
de estos años ha estado marcada por los retrocesos y el bloqueo de
iniciativas positivas. *

Como cada año, Ecologistas en Acción recuerda que el 5 de junio es el
Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha establecida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1972 para aumentar la conciencia
medioambiental y fomentar la acción global en la protección del medio
ambiente. Para ello, la organización ecologista premia a los que son
como Atila: por donde pasan, no crece ni la hierba.  Con estos premios
se señala a instituciones y sus responsables como causantes de agudizar
la crisis ambiental y social.

El primer premio, Premio Atila 2018, ha sido para la organización de
reciclaje y gestión de residuos Ecoembalajes España, Ecoembes. Para
justificar el galardón, Ecologistas en Acción ha ofrecido diez argumentos:

1. Por gestionar un sistema con unos resultados nefastos para el medio
ambiente, que es causa fundamental de la contaminación de mares y playas.

2. Por falsear los datos del reciclaje de envases, afirmando que se
reciclan el 77% de los envases, cuando en realidad el reciclaje real no
supera el 35%. No hace falta más que observar la cantidad de envases que
acaban en los vertederos, costas, ríos y playas.

3. Por eximir a los envasadores de la responsabilidad ampliada del
productor, haciendo creer que por colocar el ‘punto verde’ en los
envases acaba su real responsabilidad en la puesta en el mercado de sus
productos y envases.

4. Por financiar  con el dinero de los consumidores costosas campañas de
publicidad de lavado de imagen, que busca camuflarse ante la sociedad
como si fuera una ONG ambiental.

5. Por hacer un intenso trabajo de lobby frente a las Administraciones
para impedir o retrasar la implantación de un sistema de depósito,
devolución y retorno de envases de bebidas, que es el único que
garantiza la consecución de una recogida superior al 90% de los residuos
de envases.

6. Por constituirse en un feroz monopolio en la gestión de los envases
impidiendo la libre competencia, que impone a los Ayuntamientos y
recicladores sus condiciones leoninas, retribuyendo de forma
insuficiente los costes adicionales que supone a los Ayuntamientos la
recogida de envases.

7. Por amparar un sistema que dilapida los recursos naturales y obtiene
unos materiales reciclados de bajísima calidad, que impide la
consecución de una economía circular.

8. Por el ‘lavado verde’ de la imagen de los envasadores, financiando y
organizando campañas de limpieza del medio natural, haciendo creer que
la responsabilidad de las basuras marinas y del abandono de residuos en
el medio natural recae en los consumidores y no en los envasadores.

9. Por adulterar los objetivos y el alcance del nuevo paradigma de la
Economía Circular, restringiéndola a cambios tecnológicos y no sociales.

10. Por escamotear su contribución a la incineración de residuos
(‘valorización energética’), destino final de muchos de los envases
recuperados.
El segundo premio, Premio Caballo de Atila, se lo ha llevado María
Dolores de Cospedal, como responsable del Ministerio de Defensa y de las
políticas militaristas españolas. Las razones que Ecologistas en Acción
ha esgrimido para otorgar este galardón han sido:

– Por las elevadas y desproporcionadas cifras del gasto militar
. En 2015, por ejemplo, el
34’65 % de las inversiones reales del Estado se destinaron a Defensa. El
gasto militar representó 14’66 veces más que el gasto en Servicios
Sociales y Promoción Social o 236’94 veces más que el gasto en Fomento
del Empleo.

– Por la falta de transparencia de su gestión, que se traduce en un
enorme gasto militar oculto
o en la proliferación de
misiones exteriores sobre las que apenas hay información pública. Sin ir
más lejos, 15.000 de los 23.500 millones de euros de gasto militar
estimado para 2018, se ocultan en partidas fuera del presupuesto del
Ministerio de Defensa correspondientes a gastos extraordinarios o a los
presupuestos de otros ministerios.

– Por su intención de duplicar el gasto militar en los próximos siete
años respondiendo a las demandas de Donald Trump, que instó a los países
europeos integrados en la OTAN a aumentar la inversión en ejércitos y
armamento. Este incremento contrasta además con los recortes realizados
en políticas sociales o ambientales.

– Por sus esfuerzos para mejorar la imagen pública del ejército y el
militarismo a base de campañas publicitarias en medios de comunicación,
desfiles o presencia militar en ferias infantiles-juveniles o en centros
escolares.

– Por su pretensión de introducir contenidos específicos de
adoctrinamiento militarista y patriótico en las aulas de educación
primaria a través de una guía didáctica publicada junto con el
Ministerio de Educación.
Este año, y dado el contexto especial de un fin de Gobierno de Mariano
Rajoy adelantado a causa de la moción de censura, Ecologistas en Acción
ha entregado un accésit especial a las políticas ambientales de sus dos
legislaturas. Como recuerda en un comunicado
, las legislaturas
populares han estado marcadas por los retrocesos ambientales y sociales,
el desmantelamiento de buena parte de la legislación ambiental existente
y el bloqueo de iniciativas de otros grupos parlamentarios.
*

Más información: *

/Carlos Arribas, coordinador del área de Residuos de Ecologistas en
Acción, 676 04 83 31//
//
//Yago Martínez Álvarez, coordinador del área de Antiglobalización y Paz
de Ecologistas en Acción, 619 386 229/
*
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