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Informe de ProJusticia: PUCALA: CULTIVANDO UN NUEVO CONFLICTO

Por medio de la presente les hacemos llegar el Informe de ProJusticia
denominado: “Pucalá: Cultivando un nuevo conflicto”, donde se hace un
detallado análisis lo pasando en la nueva Administración Judicial de la
Azucarera Agropucalá y el no cumplimiento con las pautas que el Poder
Judicial indicó en la última subrogación del Administrador Judicial.
Esperamos que sea de su interés. Agradeceremos sus comentarios

Atentamente

ProJusticia

*PUCALA: CULTIVANDO UN NUEVO CONFLICTO*
*Informe Projusticia*
En agosto del año pasado, mediante Resolución No. 412, el Tercer Juzgado
Civil de Chiclayo instaló una nueva administración judicial en AGROPUCALA
S.A.A. con la que se esperaba iniciar una nueva etapa en la gestión de esta
alicaída empresa azucarera, y superar así la situación de conflicto y
violencia en la que se encontraba. Más aún, dicha resolución buscaba poner
un punto final a la tutela judicial de la empresa en el mediano plazo, al
convocar a una Junta General de Accionistas que debía llevarse a cabo en
diciembre del 2014.
Como se sabe, esta Junta no se llevó a cabo a pesar del reclamo de sus
trabajadores, debido a maniobras legales que impidieron el cumplimiento de
dicha orden judicial. De esta manera, el destino de AGROPUCALA depende hoy
más que nunca de LUIS ALBERTO DAVILA DAVILA, el administrador judicial
nombrado el año pasado, quien de acuerdo a la resolución judicial
mencionada debe cumplir con un conjunto de funciones específicas de
dirección, control y fiscalización de la dicha empresa, funciones que
además se extienden a sus principales órganos de gestión, como lo son la
Gerencia General, la Gerencia Legal, la Gerencia de Recursos Humanos, la
Gerencia de Administración y otros órganos de dirección adheridos a estas.
Sin embargo, y tal como busca mostrar el presente informe, la gestión de
DAVILA DAVILA no parece cumplir hasta el momento con las pautas fijadas por
el Poder Judicial, lo que podría promover no solo la subrogación de dicho
administrador –poniendo nuevamente a AGROPUCALA en una situación de
incertidumbre legal- sino también conducir a nuevos procesos penales y
administrativos que agravarían la situación de la empresa. De esta manera,
lo que hoy se cultiva en Pucalá, más que caña de azúcar, es un nuevo
conflicto social que podría sumarse a los que hoy afectan a otras
azucareras de Lambayeque, como Tumán y Pomalca
*Las irregularidades encontradas *

En la misma resolución en la que se designó a actual administración
judicial de Pucalá, el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo –a cargo del juez
OSCAR TENORIO- nombró como órgano de auxilio judicial a la Contadora
Pública Colegiada MARTHA CARHUAJULCA QUISPE –esto es, en calidad de VEEDORA
JUDICIAL- encargándole la labor de fiscalizar la gestión de la
administración provisional de la azucarera. Para ello, la veedora debía
alcanzar cada mes un informe a dicho juzgado, informes que de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 633° del Código Procesal Civil pueden ser
considerados medios de prueba idóneos para evaluar el buen desempeño y el
cumplimiento de las obligaciones impuestas a la administración judicial y,
en caso de irregularidades, ordenar su subrogación.
Ahora bien, ¿qué es lo que muestran los informes de la veedora de Pucalá?
Más allá de algunas debilidades que comentaremos al final, los informes
emitidos por ésta muestran un ramillete de irregularidades que parecen ser
confirmar además las quejas de los propios trabajadores en algunos medios
de comunicación.

Al respecto, Projusticia tuvo acceso a los informes emitidas por la CPC
CARHUAJULCA entre octubre y noviembre del 2014, y enero del 2015, de los
cuales se desprenden las siguientes irregularidades:

– *Débil control de la asistencia de principales funcionarios:*
De acuerdo a dichos informes, el control de asistencia de DAVILA DAVILA *se
viene realizando de forma manual*, lo cual no es adecuado porque permite
que dicho formato pueda ser fácilmente manipulado; al respecto, existen
versiones de los propios trabajadores que indican que ni DAVILA ni sus
principales funcionarios a cargo de los órganos de dirección suelen ser
encontrados cuando los buscan para hacerles alguna consulta, lo que indica
que la falta de control en la asistencia se extiende al conjunto del
personal directivo.

– *Ventas que no corresponden a la razón social de la empresa*:
Siendo AGROPUCALA una empresa azucarera, no es parte de su objeto social la
venta de hidrocarburos (petróleo); sin embargo, los informes analizados
registran que la empresa realizó ventas de dicho producto a terceros en
los meses de octubre (S/. 21,867.58) y noviembre (S/.27,363.73) del 2014.
No obstante, según versiones de trabajadores la empresa necesita dicho
combustible para su operatividad diaria, por lo que no se justificaría
dicha venta. Peor aún, en el registro de ventas de la empresa *no se
evidencia el detalle de la venta del petróleo*, reflejándose una situación
por demás irregular.

– *Proveedores no habidos: *De conformidad con el memorándum
emitido en enero 2015, se evidencia la existencia de proveedores no habidos
que facturan a la empresa, lo que estaría revelando un posible delito de
fraude tributario, de conformidad con lo señalado en el art. 44º del D.S.
179–2004–EF y en similar artículo del D.S. 055-99-EF, donde se regula lo
referente a “operaciones no reales”. Al respecto dado el tiempo transcurrido
se requiere conocer cuáles han sido las medidas correctivas adoptadas por
la actual gestión.

– *Incumplimiento de obligaciones tributarias y laborales: *De
acuerdo a los informes de la veeduría judicial, AGROPUCALA sigue adeudando
importantes sumas por concepto de IGV e Impuesto a la Renta, toda vez, que
solo cumple con declarar sus impuestos por PDT 621. Asimismo, en relación
al PDT Planilla Remuneraciones, en el mes de octubre 2014 solo se hicieron
pagos por S/. 2,238 nuevos soles, dejando un importe impago de S/. 509,139
nuevos soles, a lo que se suma otro incumplimiento de S/. 527,104 nuevos
soles registrado en noviembre de dicho año. En otras palabras, la empresa
no tiene una adecuada política de cumplimiento de obligaciones tributarias
o laborales, sin que se conozca si se adoptaron las medidas correctivas
correspondientes en los últimos meses.

– *Irregularidad en los egresos y pagos: *En relación a este
rubro, los informes muestran fuertes egresos y pagos realizados por la
actual gestión que no muestran mayor sustento. Para ello tomaremos como
ejemplo el informe de noviembre 2014 de la veedora judicial, donde
encontramos registrados los siguientes egresos:
15211.- Varios Sembradores Parceleros por S/.
30,659.64

16126.- Préstamos a Pucala por
S/. 117,494.30

38401.- Entregas a Rendir Cuenta
S/. 3, 849,609.74

40175.- Renta de 5ta por
S/. 61,098.00

40302.-
ONP
S/. 314,008.00

41401.- Adeudos Laborales Activos
S/. 29,099.00

42101.- Facturas por pagar soles
S/. 1, 671,888.00

42201.- Anticipos Otorgados a Proveedores
S/. 1, 036,579.47

42202.- Anticipos Otorgados a Proveedores
S/. 418,616.56

63912.- Otros Servicios sin C/P
S/. 61,000.00
Con relación a “Otros Servicios sin Comprobante de Pago” (63912), por
ejemplo, este tipo de gasto es irregular, dado que no hay sustento de la
salida y entrega del dinero, los cuales deben de realizarse en base a los
comprobante de pago de SUNAT y/u otra documentación como declaraciones
juradas de entrega del dinero, donde debe señalarse el motivo del gasto.

Asimismo, es de especial atención la documentación del rubro entregas a
rendir cuenta, a fin de verificar la antigüedad, identificación del
beneficiario, concepto o motivo de la entrega dineraria, y plazos para su
rendición, al igual que en el caso de préstamos a AGROPUCALA y los
anticipos hechos a los proveedores, cuyas sumas son bastante elevadas.
– *Irregularidades en producción de azúcar y otros productos:*
Finalmente, una irregularidad que se encuentra en los informes de veeduría
es que no se acompaña un reporte que indique con precisión la cantidad de
materia prima utilizada (esto es, el tonelaje de caña de azúcar) para poder
obtener la cantidad de bolsas de azúcar y subproductos (alcohol, melaza y
bagazo) que son producidas de manera mensual por la fábrica. Este vacío es
importante en tanto puede facilitar el escape de caña hacia otras empresas,
o sobrevaluar el gasto en caña procesada. En todo caso, ello impide conocer
el nivel real de productividad de la empresa, evitando con ello un adecuado
control de la gestión productiva.
*La necesidad de correctivos urgentes*

Como puede apreciarse, hoy existen claros indicios de irregularidades que
se desprenden de la administración de AGROPUCALA, que no solo desencadenan
responsabilidades administrativas o civiles sino incluso responsabilidades
de tipo penal, sea por la comisión de delitos tributarios, sea por otros
delitos como los de omisión de funciones o fraude a través de la
administración de persona jurídica, tipificado en el art. 198° del Código
Penal.
Al respecto, cabe recordar que es responsabilidad de la Gerencia General la
elaboración y preparación de la información financiera, contable,
tributaria y de costos de la empresa, en todos sus aspectos. Además, la
Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera, y del control interno que la Gerencia determine
necesario para que dichos estados estén libres de errores materiales, ya
sea por fraude o error. Sin embargo, AGROPUCALA no ha estado presentando su
información financiera conforme a las disposiciones de la Superintendencia
del Mercado de Valores (SMV), generando de esta manera posibles sanciones
que deberán ser cubiertas por la empresa.
Asimismo, existe un proyecto de ley presentado por el MEF, que postula la
reducción del costo de valor arancelario de importación de alimentos, lo
cual genera que ante un ineficiente e ilícito manejo de las azucareras
–como se viene dando en AGROPUCALA- se generen pérdidas en la producción y
venta del azúcar nacional, debido a que el valor agregado del producto
importado será su menor precio y su mayor calidad.
En este panorama, es necesario que la administración actual de AGROPUCALA
dé a conocer a la población lambayecana –y en especial a sus trabajadores y
sus familias- cuáles son las medidas correctivas que se han estado tomando
en estos meses para revertir las irregularidades mostradas en los informes
de la veedora judicial. Asimismo, el Tercer Jugado Civil debería exigir un
mayor celo profesional a la CPC CARHUAJULCA, dado que dicha instancia
requiere de toda la información necesaria para poder evaluar de manera
periódica la gestión de DAVILA DAVILA.
La actual veedora judicial debe tomar conciencia que ella no es solo los
“ojos y oídos” del juzgado en Pucalá, sino también los “ojos y oídos” de
toda una población que sigue esperando que las cosas cambien. Si no es así,
entonces será la administración judicial la que deba ser cambiada, a menos
que se quiera que Pucalá se sume a las otras azucareras en el torbellino de
conflicto en el que se encuentran, creando aún mayor malestar social en el
norte del país.

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FontFuente: fophelan4@gmail.com

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