Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 482

/– Revista Insurrección //N° 482 –/_//_
_/Junio 2015/_
_*INDICE:*_

*Paz Con Ánimo de Lucro Revista Insurrección *
*Modelo Económico: ¿Innegociable e Insostenible? Martín Ríos *

*Nuevo Código para la GuerraTomás Vásquez*
*Procurador Busca Continuar la Guerra **Martín Ríos*

*En el Ecuador Combate América Latina Luís Kunta Kinte*

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_Ultimo video:

_Saludo del ELN al II Foro por Paz de Colombia realizado en Uruguay
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_*Paz Con Ánimo de Lucro*__*
*_*
_Revista Insurrección _*
*
El 10 de junio, el presidente Santos emprendió una gira por Europa;
Madrid, Bruselas, Berlín, Lisboa, París y Londres, fueron los destinos
acordados, con el objetivo de presentar los avances del proceso de paz
con las guerrillas y el posible escenario de pos conflicto para Colombia.

Bruselas, la primera parada y sede de la cumbre entre el Consejo de
Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Unión Europea (UE),
era el mejor escenario para vender las bondades de invertir en la
Colombia pacificada. Además, como hecho publicitario se presenta el
acuerdo que eliminaría la visa como requisito para que los colombianos
puedan visitar a Europa.

Además, Santos aprovecha la gira, para pedir que le alimenten su fondo
para la paz. Las donaciones fueron ridículas, la Unión Europea apenas
anuncia un auxilio de US$100 millones para esta causa. El Banco Mundial
aprueba la creación de un fondo multidonante para el pos conflicto en
Colombia, con fondos de este organismo y del gobierno Suizo, sin que
haya precisado cifras.

Resulta humillante reconocer que quienes se conduelen con estas
limosnas, son los mismos que han hecho mayores inversiones en la guerra
colombiana. Bajo el sistema capitalista no hay nada gratis, por ello, es
fácil concluir que no están haciendo regalos, sino que están adelantando
sus inversiones para que se les garantice la protección a los mega
proyectos transnacionales de Europa y Estados Unidos.

A diferencia de otros procesos de diálogo en Colombia, el actual proceso
de paz cuenta con la participación, no sólo de políticos o diplomáticos
de oficio o de tecnócratas alquilados al gobernante de turno, sino de
actores estratégicos para el país. La primera decisión gubernamental fue
la inclusión de militares de alto rango en la mesa de La Habana, luego
la de delegados internacionales, hoy Santos se la juega a reforzar la
participación del sector empresarial.

La participación de fichas claves de poderosos grupos económicos en los
diálogos, deja constancia de la importancia de este sector en las
decisiones del país, además de su necesaria aprobación para llegar a
buen término con la firma del acuerdo. Adicionalmente se posiciona la
presencia del capital privado transnacional, con los delegados
estadounidense y europeo.

El nombramiento de Luis Carlos Villegas, ex presidente de la ANDI
(Asociación Nacional de Industriales) como ministro de defensa, deja a
la cabeza de las fuerzas armadas a un fuerte empresario; la llegada a la
Mesa de María Ángela Holguín, quien no deja de ser la ministra de
Relaciones Exteriores, representa una importante cuota de la oligarquía
del Valle; la vinculación como negociador de Gonzalo Restrepo, quien
como expresidente del grupo Éxito y presidente de la Junta directiva de
Ecopetrol, representa un peso pesado del capital privado; la comisión
asesora de paz, cuenta con la participación de Carlos Raúl Yepes,
reconocido empresario bancario.

Bernard William Aronson, delegado del gobierno estadounidense, abandonó
en 1993 su rol de funcionario público, para trabajar como asesor en el
sector privado, haciéndose fundador de su propia compañía ACON
Investments en 1997. Estos movimientos dejan como resultado, el
fortalecimiento de la participación del capital imperial en escenarios
decisorios para el rumbo del proceso de paz.

La composición de los negociadores gubernamentales, muestra con claridad
los tres poderes que deciden el rumbo en Colombia: El bloque
imperialista estadounidense y europeo, los grandes grupos económicos
colombianos y las fuerzas armadas; los demás son actores secundario del
reparto.

Con esa surtida nómina de negociadores que tiene el gobierno para las
FARC, ha sido posible sortear las difíciles y sorpresivas situaciones
que ha traído la absurda imposición de negociar en medio de la
agudización de la guerra. Es necesario que Santos se pregunte qué es lo
que falta para desatrancar los diálogos con el ELN.

Ante el anuncio de una pronta desmovilización de las guerrillas, es
relativamente fácil salir a feriar las inmensas riquezas y bienes
públicos de Colombia. Así, el discurso de la paz se reduce a ofrecer la
confianza inversionista.

Pero la Paz, va mucho más allá del lucro del capital, son los sueños de
una Colombia libre y soberana, que juega con los deseos colectivos de la
justicia social, de un país sin hambre, con democracia, educación y vida
digna para las mayorías.

La paz no son los oscuros negociados que hacen los gobernantes en el
extranjero, la paz son las transformaciones estructurales que realiza
directamente el pueblo y se deben abrir los espacios para permitir esta
construcción colectiva.
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_*
Modelo Económico: ¿Innegociable e Insostenible?
*_
_*Martín Ríos*_
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En el primer trimestre, el crecimiento de la economía colombiana cayó
del 6,5 al 2,8 por ciento, entre el 2014 y el 2015. Estos resultados
obligaron al gobierno a hacer un nuevo reajuste a la baja, del
pronóstico del crecimiento del PIB para el 2015, de 4,2 a 3,6 por
ciento, aunque la mayoría de analistas considera que apenas estará
llegando al 3 por ciento.

La caída internacional de los precios del petróleo ha profundizado la
crisis por la que atraviesa la economía colombiana, evidenciando las
principales debilidades de un modelo económico marcado por la
transnacionalización, quiebra de la industria y agricultura,
extractivismo minero-energético, depredación ambiental, desempleo,
empobrecimiento creciente de millones de colombianos, saqueo de recursos
estratégicos y bienes públicos, etc.

Tal crisis ha sido ocultada por el gobierno nacional, no sólo en los
impactos negativos para las clases populares, sino en las causas
estructurales de la misma.
_Plan sin presupuesto_

En lo corrido del 2015, las exportaciones han disminuido un 28,9 por
ciento, a pesar de la fuerte devaluación del peso. Esto, así como la
caída de los precios del petróleo, disminuyeron los ingresos fiscales,
ocasionando un gran déficit presupuestal.

Los ingresos de ECOPETROL, pasaron de 18 a 12.3 billones de pesos en
2014, lo que equivale a una reducción del 31.7%, que impacta cerca del
25% de los ingresos fiscales del país, representados en: regalías,
impuestos a la renta petrolera y las ganancias de la empresa.

Tal situación llevó al recorte presupuestal de 90 billones de pesos al
Plan Nacional de Desarrollo (no 17 billones como se pretende hacer
creer), dejando sin sustento económico proyectos de inversión social
(como los prometidos a los agricultores después de los paros del año
2013 y 2014), así como las principales proyecciones económicas del
Santismo, enmarcadas en la construcción de infraestructura vial de 4
generación, que se proyecta entregar a las empresas privadas.
_Peor los remedios que la enfermedad
_
Las salidas a la crisis, propuestas por el gobierno nacional, son más de
lo mismo: aumentar las privatizaciones, los impuestos y la deuda externa
y recortar los gastos sociales. Para la paz no hay presupuesto.

Sumado a la reforma tributaria aplicada en 2014 (y a las 11 aplicadas
durante los últimos 20 años) el gobierno nacional, por recomendación de
la OCDE conformó una comisión técnica, que deberá presentar una
propuesta de “Reforma Tributaria Estructural” hacia final del 2015.

Por la conformación de dicha comisión, con un ex gerente del Banco de la
República, un ex ministro de Hacienda, el director de Fedesarrollo, el
presidente del Consejo Privado de Competitividad, entre otros, no es
difícil concluir que la propuesta de reforma tocará el bolsillo de
colombianos de los estratos 1, 2 y 3, vía prolongación de impuestos como
el 4 por mil, aumento del IVA o impuesto a la informalidad
(“trabajadores por cuenta propia”).

Así mismo, la privatización de los pocos bienes públicos que aún
administra el Estado, será sin lugar a duda otra de las salidas para
hacer frente a la crisis: la insistencia en la venta de ISAGEN,
suspendida por el Consejo de Estado, así como la venta de las acciones
de ECOPETROL, serán parte de la agenda del gobierno nacional, dejando en
manos de privados la administración de más recursos estratégicos para la
nación.

Otro de los mecanismos será aumentar los préstamos de deuda externa, la
cual equivale hoy a una cuarta parte de todo lo que produce la economía
en un año (25,3% del PIB colombiano), superando los 100.000 millones de
dólares, endeudamiento que no se daba desde hace 10 años.
_La paz es con cambio del modelo económico
_
Ante esta crisis del modelo extractivista y depredador del Medio
Ambiente, la firma de TLCs, el desmantelamiento de la industria y la
agricultura, se hace necesario cuestionar la continuidad de un modelo
económico excluyente e inequitativo, que Santos ha planteado como
indiscutible e incuestionable, tanto en las conversaciones con las
insurgencias, como para la sociedad en su conjunto.

La paz con justicia social implica la transformación radical de este
modelo, orientada hacia la redistribución de la riqueza, la inversión en
salud, educación, generación de empleo y fomento a la industria
nacional, la soberanía alimentaria, impulsando un relacionamiento
económico con otros países, cimentado en la soberanía, la equidad y en
una perspectiva continental, que favorezca el bienestar y la felicidad
de los pueblos.

La paz son cambios y los cambios se construyen con grandes inversiones
sociales, pero el actual modelo económico tiene objetivos contrarios y
no dispone de los recursos sociale; por tanto, la propuesta de paz de
Santos se queda en mero discurso.
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_Nuevo Código para la Guerra_*_
_ _*
Tomás Vásquez*_
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En medio de los diálogos exploratorios con el ELN y mientras se
sostienen conversaciones con las FARC-EP, las bancadas del gobierno
presentaron su propuesta de modificación del Código de Policía vigente,
buscando profundizar las leyes en contra de los derechos fundamentales
de los ciudadanos, lo que evidencia su inconsecuencia y falta de
compromiso con la paz.

El 16 de Junio, el proyecto de ley pasa su primer debate en el Congreso
de la República, como producto de más de un año de redacción y
observación de delegados del Ministerio de defensa, la alta consejería
para la seguridad ciudadana y la policía nacional, quienes ven en este
nuevo código, la posibilidad de ahondar el control social, maquillado
con la falsa idea de convivencia, que priva de derechos
constitucionales, como el derecho a la protesta social. Dicho código no
es más que una estratagema para facultar de mayor arbitrariedad a la
policía nacional y restringir las libertades de los ciudadanos.

Este código de policía representa un nuevo momento del historial de
represión de nuestro país, que al mejor estilo de la novela de Georges
Orwell, “La rebelión en la granja”, es el Gran Hermano que todo lo
vigila, y todo lo convierte en delito. Y es que Colombia tiene
experiencia en este campo, pues ha sido el país con más tiempo en Estado
de Sitio en la historia del mundo, más de medio siglo, aunque nos hayan
vendido la idea de su superación con la constitución de 1991.

El Estado de Sitio les dio facultades especiales a presidentes,
gobernadores y alcaldes, para controlar mediante el uso de la fuerza al
país, sus territorios y habitantes, agudizando la grave crisis social
que padecemos. Lo que ahora pretende este código de policía, producto de
un modelo de control social militarista y autoritario, es trasladar
algunas facultades y legalizar otras al cuerpo policial, como supuesto
garante del orden económico y cultural.

En Colombia hay más 176.557 efectivos de policías, apoyados por la
tecnología y asesoría extranjera. A este aparataje se suma la policía
cívica de mayores, red de cooperantes, red de apoyo y solidaridad
ciudadana, red de apoyo y comunicaciones, quienes despliegan sus
campañas ideológicas educativas, entre otras, como el grupo juvenil de
apoyo comunitario. La policía cívica juvenil y los “patrulleritos” es
por ejemplo, una clara muestra de violación al Derecho Internacional
Humanitario, pues bajo este modalidad se cooptan niños y jóvenes para la
guerra.

Todo lo anterior está enmarcado en un diagnóstico de convivencia y de
área de vigilancia comunitaria, para mantener el control y criminalizar
al ciudadano, bajo la idea de seguridad ciudadana, adoptada desde el
gobierno de Uribe Vélez, pretendiendo bajo sus signos y símbolos,
mostrarse ante el país y las demás naciones como la mejor policía del mundo.

Desde su nacimiento, la policía como institución, ha estado seriamente
comprometida con crímenes de lesa humanidad, abuso sexual, corrupción,
narcotráfico, exceso de fuerza, asesinatos, por esto es preocupante que
con estos antecedentes, que han atentado contra la integridad física y
moral de los colombinos, esté en sus manos decidir, desde su arbitraria
subjetividad, el momento de intervenir o no en alguna situación, por
ejemplo el grado de alteración de una persona para privarla de la
libertad o el estado de una movilización para entrar a disolverla.

Las facultades especiales para los uniformados van desde ingresar a una
vivienda sin orden judicial, violando la intimidad y poniendo en riesgo
la integridad y la privacidad de los que habitan en ella; pasando por
las detenciones preventivas que restringen la libre movilidad, hasta las
detenciones ocasionadas por desatender y no prestar ayuda a la policía,
involucrando a todas y todos a un lado de la guerra.

Otra de las principales aberraciones que trae el proyecto de Código, es
la de tratar de cercenar el derecho a la protesta, poniendo en manos de
la policía, la decisión de su disolución, aún incluso sin que haya
iniciado y prohibiendo que éstas se hagan en la vía pública.

El presidente Juan Manuel Santos se empeña en decir, que Colombia ya
está viviendo un posconflicto, como lo afirmó en su último viaje a Oslo,
mientras olvida la historia de despojo, saqueo y masacre que es lo que
en realidad agobia a este país.

El Estado se caracteriza por hacer leyes punitivas, bajo el pretexto de
asegurar la “democracia” y la “seguridad ciudadana”. Pero, en realidad
estamos sometidos a un régimen militarista y policiaco, donde se impone
su mentalidad de guerra, dispilfarrando grandiosos presupuestos en
tecnologías, armas y dotación del mayor aparato militar de toda América
Latina.

El nuevo código de policía es un acto de guerra de Santos contra la
población colombiana.

Aunque al proyecto aún le faltan tres debates para ser aprobado, es
urgente que todo el pueblo colombiano se ponga en estado de alerta y se
movilice en contra de este peligroso código. Serán las grandes
movilizaciones las que sensibilicen al conjunto de la población y sirva
como mecanismo de presión para que la mayoría de parlamentarios, frenen
este inconstitucional y antidemocrático instrumento represivo.

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Procurador Busca Continuar la Guerra
*__*
Martín Ríos*_
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No es nuevo escuchar al procurador Alejandro Ordóñez hacer todo tipo de
acusaciones contra el actual proceso de paz, sus afirmaciones más allá
de tender puentes o aportar alternativas que contribuyan a avanzar hacia
la solución política y negociada al conflicto, incitan a continuar con
la confrontación.

Los argumentos de Ordóñez contra el proceso de paz, esconden una marcada
intención por descalificar a las insurgencias y negar su papel de
actores políticos, así como por volcar a la opinión pública nacional e
internacional en contra de la mesa de conversaciones que actualmente se
desarrolla en La Habana entre el gobierno y las FARC y contra los
diálogos exploratorios adelantados con el ELN.

En los últimos días, el procurador planteó, al menos dos posiciones que
deben llamar la atención, no solo porque se refiere con bastante
insistencia a temas que no están dentro de sus funciones como jefe del
ministerio público, sino además porque apela ante los medios a
señalamientos irresponsables, que fomentan el odio entre los
colombianos, olvidando que debe representar los intereses de todos los
colombianos y colombianas y tomando partido por las posiciones de la
extrema derecha y del fanatismo religioso del Opus Dei.
_Continuar la Guerra
_
El procurador ha insistido permanentemente en la necesidad de suspender
todo tipo de diálogos de paz, hasta tanto no se cumplan por parte de las
insurgencias, una serie de “condiciones” que a su modo de ver, deben ser
obligatorias que las imponga el gobierno nacional.

Totalmente identificado con las posiciones políticas de Uribe Vélez,
parten de la concepción de que el Estado, superior en el terreno
militar, se enfrenta en la mesa de conversaciones a una insurgencia
derrotada en lo militar y aislada en lo político. Son posiciones
guerreristas, diseñadas en clave de confrontación mediática y dirigida
más hacia movilizar sentimientos y opinión en la población civil, en
busca de posibles réditos electorales.

Para las partes en diálogo, insurgencia — Gobierno Nacional, es claro
que si bien las insurgencias han recibido golpes importantes, están
lejos de ser derrotadas por la vía militar, pero que además sus acciones
militares son actos legítimos de guerra en contra de otro actor militar
y en el marco de un conflicto armado interno, reconocido por el gobierno
nacional y por buena parte de la comunidad internacional.

Por otra parte, es imposible desconocer que las guerrillas, que cumplen
ya más de 50 años de existencia, lejos de encontrarse aisladas de la
sociedad, hacen parte activa de la vida política del país, son actores
políticos con lecturas, propuestas e incidencia en la realidad nacional.
_El debate frente a la Comisión de la Verdad_

Otro elemento que suscitó una rabiosa reacción del procurador, ante un
diario de circulación nacional, cargada de insultos y descalificativos,
fue el anuncio hecho en días pasados por las delegaciones de paz
presentes en La Habana, frente a la creación de la Comisión de la
Verdad, la cual se pondría en funcionamiento una vez firmado el acuerdo
final, estará conformada por 6 comisionados escogidos por las partes y
tendrá como objetivos el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento
de las víctimas, la garantía de no repetición y la convivencia en los
territorios.

Dicha Comisión representa un avance importante para la consecución de la
paz en el país y aún tiene limitaciones y falencias, pero como
instrumento es susceptible de ser mejorada, con el aporte de los
diferentes sectores sociales políticos y económicos, pero el procurador
no dudó un instante en descalificar por completo su validez, tildándola
de ilegítima y afirmando al diario EL TIEMPO que: “lo que se pretende es
construir un relato histórico como lo quiere las FARC para manipular la
historia, para justificar los actos de barbarie”.

Estas y otras afirmaciones al respecto suscitaron la respuesta tanto por
parte del gobierno nacional en cabeza del comisionado de paz, como por
parte del jefe de la delegación fariana en La Habana, comandante Iván
Márquez, en donde se le hizo un llamado de atención con respecto a la
falsedad de sus acusaciones, al tono guerrerista y al desconocimiento
del momento político que vive el país, en términos de la posibilidad de
avanzar hacia la resolución del conflicto social, político y armado por
la vía de la negociación.
_Un llamado a la sensatez_

A los anteriores llamados habría que sumarles otro elemento: Es
necesario y obligatorio en este trascendental momento histórico,
hablarles al pueblo colombiano y a la comunidad internacional, con
sinceridad y responsabilidad, llamando cada cosa por su nombre,
expresando con sensatez las posturas frente a la paz y la guerra, pues
son inconcebibles e indolentes los juegos de palabras, en donde se llama
a la guerra: paz, al diálogo: sometimiento y a la verdad y la justicia:
rendición y entrega.

El procurador general de la nación, en calidad de funcionario público
está en la obligación, no solo de ceñirse a sus funciones establecidas
constitucionalmente, sino además de rendirles cuentas a los organismos
de control, al gobierno nacional y a la población colombiana en general,
sobre sus agendas políticas, expresando con claridad sus intenciones,
personales o de partido, con las que constantemente intenta
desestabilizar la búsqueda de la paz en el país.

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En el Ecuador Combate América Latina
*_*_
_*_*Luís Kunta Kinte*_
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Indudablemente prosigue la marcha de los pueblos de Nuestra América con
sus nuevos proyectos de nación y sociedad alternativos al neoliberalismo
que hegemonizó durante décadas, profundizando la miseria, desposesión,
injusticia social, dependencia, privatización y fortaleciendo una falsa
democracia.

Como en tiempos de la resistencia a la invasión Europea en el siglo XV,
o de la independencia del siglo XIX, la nueva oleada emancipadora de
este siglo, es una apuesta continental.

De nuevo el bloque popular es protagonista de nuevas realidades de
libertad, mientras, las elites burguesas, coligadas a los intereses de
las grandes transnacionales imperialistas, han dejado atrás cualquier
vestigio, si es que algún día lo tuvieron, de sujeto constructor de un
continente independiente.

Nadie dijo que la transición a sociedades pos capitalistas iba a estar
exenta de lucha de clases. Todo lo contrario, en tanto más se
profundizan las políticas revolucionarias, para sacar de la pobreza a
las mayorías populares, más agresivas se tornan las manifestaciones de
las elites para mantener sus privilegios.
_Profundizar los cambios, el camino de las revoluciones_

En Ecuador la Revolución Ciudadana ha decidido dar una paso más en la
lucha contra las oligarquías, presentando dos proyectos de leyes
orgánicas: la de redistribuición de la riqueza y la de modificación al
código orgánico de organización territorial, de herencia y plusvalías
respectivamente, para seguir con los programas sociales en el camino del
Buen Vivir.

Estas medidas necesarias, que según analistas, deben ser más profundas,
como por ejemplo la necesidad de limitar y controlar las fugas de
capitales que hacen los grandes empresarios, para asfixiar la economía,
han sido usadas hoy por estos, para crear una matriz desestabilizadora
del gobierno ecuatoriano.

En Ecuador, como en todos los países donde están en curso procesos
revolucionarios, hay un gran debate y confrontación política en torno a
las políticas tributarias, pues históricamente en las sociedad
capitalista, quienes tienen más, son los que menos pagan impuestos,
mientras que los que ganan menos son quienes más le aportan al Estado.

Las revoluciones en Nuestra América vienen volteado la hoja. Ahora los
que más tienen, deben aportar más y por ello la impuestación va dirigida
a captar dineros de los económicamente más poderosos y a minimizar las
exigencias a los pobres y las capas medias. Es claro que se debe superar
la escandalosa y anti ética situación de un país, donde el 2% de sus
familias concentran el 90% de las riquezas.

Cabe anotar que estas medidas frente a la herencia, se han implementado
en varios países de Europa y Asia como una política de Estado y no han
significado la eliminación de los negocios familiares, ni todas las
consecuencias negativas que ha inventado la oposición en su campaña
desestabilizadora.

Resulta apenas lógico que la Revolución Ciudadana, se plantee cerrar la
brecha de desigualdad, que profundiza una institución social como la
Herencia, ya que “entre 2010 y 2104 solo 5 de los 16 millones de
ecuatorianos heredaron más de un millón de dólares”

Éste es el reto que tiene un proyecto alternativo obligado a modificar
la correlación económica a favor del pueblo; éste es apenas el primer
paso de la transición que deben hacer los gobiernos que se plantean como
una alternativa real al capitalismo.

Ya diría el Comandante Chávez y su ministro Jorge Giordani, que parte
fundamental de la transición será la democratización de la economía,
porque la economía capitalista en sí misma es excluyente y generadora de
pobreza, lo que implica a su vez, el cambio del papel del Estado “para
lograr que el proceso acumulativo se oriente a la satisfacción de las
necesidades básicas de la mayoría de la población y a la defensa de la
soberanía”. En este marco podríamos decir está el reto, y es a un
verdadero monstruo al que se enfrenta la Revolución Ciudadana y el
pueblo de Ecuador.

Han sido tan contundente los argumentos del gobierno, que sólo le ha
quedado a la derecha y la elite privilegiada, acudir al expediente de la
mentira para justificar el plan de generar una crisis, en continuidad
con la estrategia estadounidense de producir procesos “destituyentes” o
mejor, derribar los gobiernos de izquierdas para restaurar el
neoliberalismo capitalista.
_El bloque popular se moviliza en defensa de la Revolución_

Desde la presentación de la ley, el 5 de Junio, la derecha ha buscado
mediante sus movilizaciones, erosionar la legitimidad de la revolución
ciudadana, situación favorecida por los grandes medios de comunicación
privados. La respuesta de las mayorías que apoyan a Correa, se evidenció
el 11 de Junio sobrepasando al “Domingo negro” de la oligarquía.

Mientras que la oligarquía bloquea las vías con miles de vehículos y con
sus banderas negras de la muerte; en contraste, el pueblo se moviliza a
pie y se vuelve un mar multicolor que inunda al país de vida y alegría.

Indudablemente la lucha prosigue, la confrontación de los dos paradigmas
societales seguirá expresándose por toda la geografía del Ecuador, por
todo el continente. Y ante la propuesta de Correa de hacer un referendo
revocatorio de la ley, será del pueblo ecuatoriano de quién dependerá el
proceso y futuro de la Revolución Ciudadana.

En el Encuentro de los movimientos y partidos progresistas y de
izquierda de América y Europa, realizado en septiembre del 2014, se
había precisado que enfrentamos “la estrategia de la restauración
conservadora del imperialismo” porque el pecado de los gobiernos
progresistas es “haber declarado a América Latina Zona de
Paz”…”rescatando y fortaleciendo su soberanía y erradicando cualquier
tipo de intervención neocolonialista”.

En el Ecuador combate toda Nuestramérica por la paz y la felicidad.
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NOTA:

Chavez, Hugo. “Golpe de Timón. I Concejo de Ministros del nuevo ciclo de
la revolución Bolivariana”. 2012.
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