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[polomoir] Gravoso fallo del río Bogotá: ¿otro metro?

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Gravoso fallo del río Bogotá:
¿otro metro?

 

Aurelio Suárez Montoya,
El Espectador, junio 4 de 2015

 

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La carga recaerá sobre los ciudadanos.
Descontaminar el río pasó de $6,3 billones a $9,3 billones, según la Contraloría.
El fallo del Consejo de Estado es duro con el Distrito y laxo con las empresas
de generación de energía.

 

 

El 28 de marzo de 2014 la sección primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia del
magistrado Marco Velilla, decidió la apelación que, mediante acción popular
interpuesta por varios ciudadanos, se presentó ante la sección cuarta
(subsección B) del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre las
providencias del 25 de agosto de 2004 y del 16 de septiembre del mismo año, con
ponencia de la magistrada Nelly Villamizar. Ambos fallos declararon los
“responsables de la catástrofe ecológica del río Bogotá y de la contaminación
de los ríos y quebradas afluentes”.

 

 

El Consejo de Estado reiteró las responsabilidades
atribuidas por el tribunal a los ciudadanos e industrias y a los municipios de
Cundinamarca, de las cuencas alta y baja, pero —ante todo— al Distrito Capital,
que abarca la cuenca media oriental. Incluyó a las empresas de acueducto y
alcantarillado, y especialmente a la EAAB, e involucró a distintos ministerios,
empezando por el de Ambiente, y, desde luego, a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR). No obstante, negó las pretensiones de los
demandantes de encartar a la Empresa de Energía de Bogotá y a Emgesa, hoy del
grupo italiano ENEL, y, a lo sumo, las comprometió en el manejo de la represa
del Muña.

 

 

Para fijar esas responsabilidades y compromisos, el
Consejo de Estado se centró sólo en los causantes de “la catástrofe” y parece
no haber tenido en cuenta —equitativamente— a todos los actores favorecidos por
los tres objetivos básicos del río Bogotá: 1) dotar de agua apta para el
consumo humano, 2) suministrarla para uso agropecuario y 3) favorecer la
generación de energía eléctrica, propósitos fijados por el Comité Hidrológico,
compuesto por la CAR, la EAAB, la EEB y Codensa, que operan siete embalses y
tres compuertas para la regulación de 11 ríos y cuatro importantes quebradas
afluentes.

 

 

Los demandantes cuestionaron la solución técnica
avalada en 2004 para el proceso de descontaminación. Refiriéndose al
“entunelamiento” de los interceptores de aguas negras de 82 kilómetros de
largo, 4,2 metros de diámetro y 67 metros de profundidad, desde el Tunjuelo
hasta el sitio Canoas —en inmediaciones de Soacha—, donde se erigirá una
descomunal planta de tratamiento de aguas residuales, con una potente estación
elevadora que mediante bombeo depositará el líquido en la represa del Muña.

 

 

Tal solución se contrapuso a la idea inicial de
poner tres plantas de menor tamaño en las desembocaduras del Salitre, el Fucha
y el Tunjuelo, respectivamente, con tratamiento físico y químico. La del
Salitre, ya existente, debería ser ampliada y repotenciada para pasar de tratar
cuatro metros cúbicos por segundo a ocho. Desde el punto de visto económico,
hubiera sido el recurso idóneo, ya que no sólo se economizaría el faraónico
“entunelamiento” ya descrito, sino que, como los costos variables de
descontaminación son crecientes —y, por consiguiente, el costo medio no se
reduce en la medida en que aumenta la cantidad—, la recuperación del capital
invertido es más lenta cuando se trata de grandes plantas que de otras más
pequeñas. Agréguese que el vertimiento supera los límites mínimos considerados
como eficientes para una unidad descontaminante. Esta costosísima determinación
se cargará inevitablemente en las tarifas a todos los usuarios.

 

 

En la lógica anterior, los demandantes no
entendieron cómo se exoneró casi por completo a Emgesa, máxime cuando el fallo
justifica la construcción de esa única y enorme planta en Canoas, porque allí
“se agrega valor con generación de energía”, dado que el agua descontaminada
facilitará y potenciará el desempeño, aguas abajo del Muña, del complejo
hidroeléctrico Pagua y aledaños, que genera el 33% del total de la energía de
Emgesa. Se creó una típica solución de beneficio privado a cargo de toda la
sociedad.

 

 

Otra parte sustancial derivada de los 78 “ordénese”
que resuelve el fallo del Consejo de Estado es la creación para esta tarea de
una institución supraterritorial, el Comité Estratégico, con su respectiva
gerencia, que, desechando a las autoridades regionales, distritales y
departamentales como máximos ejecutores y gestores del saneamiento básico
local, las subordina a dicha figura creada por encima de ellas.

 

 

Mientras que los candidatos a la Alcaldía de Bogotá
son acosados en los foros por la seguridad y la movilidad, incluidas las 20
megaobras presentadas como “camisa de fuerza” por el vicepresidente Vargas, las
erogaciones obligatorias atinentes a la descontaminación del río Bogotá crecen
y, según la Contraloría General, llegan a un valor actual de $9,3 billones, un
alza del 47% en diez años, que las aproxima al valor del metro.

 

 

El fallo del magistrado Velilla recaerá con todo
rigor sobre la Hacienda del Distrito y la EAAB —y con ellas sobre sus
contribuyentes y usuarios—, tenidas como responsables en el círculo del 85% del
presupuesto del proyecto, en tanto las empresas de generación de energía no
contribuirán sino en ínfima parte, y eso, como lo han anunciado, siempre y
cuando se les prorrogue la concesión para el uso del agua del río.

 

 

Dicho fallo, visto en su conjunto, parece enmarcado en lo que otro
magistrado, Gustavo Gómez, anotaba recientemente: que “existen intereses
económicos privados” alrededor de los fallos judiciales. Unos les son
“incómodos”, pero, evidentemente, hay otros, como este, que no lo son.

 

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