Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 569

/– Revista Insurrección //N° 569 –/_//_
_/Febrero 2017/_
_//_ /*_

_**_Ley Zidres Arrasa el Campesinado_*/
_*INDICE:*_

*El Virus de la Corrupción Revista Insurrección *
<#El_Virus_de_la_Corrupcin>
*Mensaje N.23 a las FF.AA. Comandante Nicolás Rodríguez Bautista*
<#Mensaje_N.23_a_las_FF.AA._>
*Una Mirada a los Acuerdos de La Habana: Parte IVAlberto Grimaldos*
<#Una_Mirada_a_los_Acuerdos_de_La_Habana:>
*La Puja Por Un Nuevo Amanecer Guaraní Frente Internacional Milton
Hernández*** <#La_Puja_Por_Un_Nuevo_Amanecer_Guaran>
*En Respuesta a la Contrainformación de los Medios de Información
Dirección Frente de Guerra Occidental***
<#En_Respuesta_a_la_Contrainformacin_de_>
_
*Ultimos Videos:*_

/_*Comunicado Conjunto*_/
<https://www.eln-voces.com/index.php/arte-cultura/videos/981-video-comunicado-conjunto>
_/*Saludo a Paz a la Calle*/_
<https://www.eln-voces.com/index.php/arte-cultura/videos/980-video-saludo-a-paz-a-la-calle>
_/*Paz a la Calle*/_
<https://www.eln-voces.com/index.php/arte-cultura/videos/979-video-paz-a-la-calle>
/*_
Palabras del Cdte. Pablo Beltrán en la Instalación Formal de los Diálogos
<https://www.eln-voces.com/index.php/arte-cultura/videos/966-video-palabras-del-cdte-pablo-beltran-en-la-instalacion-formal-de-los-dialogos>
_ Participación
<https://www.eln-voces.com/index.php/arte-cultura/videos/958-video-participacion>*/

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_*El Virus de la Corrupción*__*
*_*
_Revista Insurrección _*
*
Como si se tratara de una enfermedad viral, las revelaciones del caso
Odebrecht continúan salpicando personalidades de la vida política del
país, sin embargo, más allá de las acusaciones de uno u otro bando que
otrora fueran aliados, nos permitimos señalar algunos puntos nodales de
la corrupción en Colombia y el manejo que se le está dando a este
reciente escándalo.

La corrupción no es un mal foráneo que recientemente llega a nuestro
país infectando algunos empresarios y políticos; todo lo contrario, este
mal está enquistado en las raíces de la clase política colombiana, que
históricamente ha gobernado para defender intereses particulares o de
grupo, desencadenando una burocracia histórica que guía la conducta de
quienes manejan los destinos políticos, económicos y sociales del país.
Al punto de robarle a cada colombiano más de medio millón de pesos que
sumados son 21 billones de pesos al año en manos de los corruptos.

Como consecuencia de lo anterior las instituciones públicas y privadas
fueron capturadas por el clientelismo, dificultando y hasta impidiendo
la gobernabilidad de quienes ven en la política una herramienta
transformadora de la realidad; estos sectores democráticos y
progresistas se estrellan con una institucionalidad permeada por los
intereses particulares de la élite política y económica, que en su gran
mayoría terminan por ser cooptados y los pocos que se mantienen firmes
en los propósitos reales de la democracia son marginados, claro ejemplo
de esto fue la parcialización de la anterior Procuraduría y sus
selectivas destituciones preferentemente a políticos de izquierda.

El mercado y la política ha llegado a tal nivel de corrupción que el
tráfico de influencias y el robo abierto se legalizó bajo la figura de
las “comisiones”. Hoy toda transacción económica, contrato o legislación
cuenta con presupuesto destinado a esta función, así además de legalizar
se promueve la corrupción en un círculo vicioso de criminalidad,
convirtiendo a familias enteras en verdaderos carteles de la mafia; este
es el caso de los empresarios Santodomingo y Ardila Lule o las castas
familiares de los Nule o los Char en el Caribe por mencionar algunos
pues la lista de robos y escándalos a los colombianos es interminable.

Como un coadyuvante a la legalización de la corrupción, estos
delincuentes cuentan con una juridicidad blanda que se presta a más y
más tráfico de intereses, pues no se les exige la verdad como condición
penal o jurídica, sino que ésta es negociada a cambio de prebendas o
privilegios, que dejan a la justicia sin posibilidad de determinar
responsables, implicados, beneficiados y sí que menos el paradero de
dinero o bienes. Si la verdad es negociada con los corruptos, ¿cómo
confiar en su palabra?, si hoy se desgarran las vestiduras presentándose
como inocentes y a los días siguientes prenden el ventilador para buscar
beneficios o para enlodar o limpiar el nombre de propios o contrarios.

Los señalamientos y ataques a las campañas presidenciales de Santos y
Zuluaga, evidencia una clara conducta oportunista y politiquera, no sólo
de sus partidos sino del conjunto de las esferas políticas
tradicionales, que lejos de ir al fondo del problema, busca posicionarse
en la venidera contienda electoral. La corrupción es una marca indeleble
de la oligarquía colombiana, que de cuando en vez se aprovecha de un
escándalo para señalar a sus adversarios, reduciendo el debate de ideas
a los insultos y revelaciones tendenciosas, ocultando que en últimas
todos están untados, ese es el nivel de degradación en la política
colombiana.

Como si fuera poco, a este comportamiento de la clase política y
empresarial se le suma el tratamiento de los medios de comunicación o
empresas de la información, que usan estos escándalos para distraer la
atención, desdibujar la magnitud de los delitos cometidos por los
corruptos y manejar la información a su acomodo, para favorecer a éste o
aquel, de acuerdo a sus intereses, sumiendo a los colombianos en la
desinformación ¿No es esto en sí mismo un acto de corrupción?

Ante este panorama degradado, el ELN llama a la sociedad a pronunciarse
y exigir reglas claras para la contienda político-electoral y el debate
de ideas. Al país ofrecemos la posibilidad de un Gran Diálogo Nacional,
donde se discutan los intereses de diversos sectores, y sea la sociedad
en su conjunto quien determine cuáles son los intereses colectivos y
cambios básicos necesarios en éste y otros temas, que permita avanzar en
la construcción de un nuevo gobierno de Nación, Paz y Equidad.
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Mensaje N.23 a las FF.AA.
*_
_*Comandante Nicolás Rodríguez Bautista*_
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Señoras y Señores de las FF.AA. del Estado, con el ánimo de
mantener esta comunicación, me dirijo de nuevo a ustedes, con temas de
importancia para la vida del país y en particular a las FF.AA.

Por estos días los Medios de información dan cuenta, del asesinato de un
joven colombiano, a manos de tres soldados y un suboficial que,
cumpliendo órdenes superiores, contrataron a un humilde poblador y luego
lo asesinaron y le colocaron prendas militares, presentándolo como un
guerrillero N.N. dado de baja en una región de Boyacá.

El caso se presenta como “el último falso positivo” que salpica a un
general de la república y a otros miembros de las FF.AA.

Este crimen atroz es uno más de un método criminal usado por un sin
número de oficiales para ganar ascensos y otras prebendas, este caso
como muchos otros, se han logrado dar a conocer a la opinión, gracias a
las denuncias de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, muchos
de los cuales fueron muertos o son perseguidos por estas mismas bandas
de militares, para que sus crímenes queden en la impunidad.

Estos casos son tan extendidos, al igual que otras actividades ilegales
donde se asesina, destierra, roban bienes y se acusa con falsos testigos
a inocentes pobladores. Se ha demostrado que no se trata de casos
aislados sino de prácticas ilegales constantes y sistemáticas, por lo
que se eleva a políticas de Estado.

De la misma manera, se ha comprobado las relaciones continuadas de
oficiales y suboficiales de los distintos componentes de las FF.AA.,
auspiciando y desarrollando el accionar conjunto con las bandas
paramilitares y su compromiso con los crímenes cometidos, reafirmando
esta criminal práctica de los agentes del Estado.

En su dimensión ilegal no solamente se agenciaron estas prácticas, sino
que además se enrolaron con el narcotráfico y cohonestaron con los
parapolíticos y paraempresarios.

Muchos miembros de las FF.AA. responsables de diversos delitos, nunca
fueron requeridos por la justicia y ahora a los pocos contra quienes
actuó, los espera una ley de perdón y olvido, amparados por la llamada
justicia transnacional, fruto de los acuerdos entre las FARC y el Gobierno.

De esa manera, se apagan las esperanzas de millones de víctimas de
crímenes de Estado, de la tan anhelada verdad, justicia y reparación
como expectativa generada en el proceso de paz y a la que se comprometió
el gobierno colombiano al desarrollarse el proceso de paz.

Los militares y policías honestos, que están al interior de las FF.AA.
sin permitirse este tipo de conductas criminales, deben reafirmarse en
la institución y seguir en filas buscando su depuración.

Con todas y todos ellos el ELN ha tenido y tiene disposición de hablar
independientemente de su nivel jerárquico, porque la paz que concebimos
requiere del esfuerzo de todas y todos los colombianos honestos, que
quieren un futuro de justicia social, democracia y soberanía.

La guerra que vivimos nos la impusieron los señores del poder y aunque
en ella estamos en orillas opuestas, somos hijos del mismo pueblo con la
inmensa mayoría de hombres y mujeres pertenecientes a las FF.AA. del
Estado, por tanto, somos hermanos y hermanas para luchar juntos por un
destino de paz y fraternidad.
Respetuosamente.

_
_*_*Nicolás Rodríguez Bautista

Febrero 20 de 2017 *_
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*_Una Mirada a los Acuerdos de La Habana: Parte IV_

*_*Alberto Grimaldos*_
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La posibilidad de elaborar un análisis sobre la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) supone un examen del contexto en el que se produce el
Acuerdo con las FARC-EP y la comprensión del delito político que éste
entraña; la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales
es un aspecto decisivo en la concreción de este contenido.

Las FARC-EP proceden a abordar un Acuerdo de Justicia, bajo la
perspectiva de comprometer a todos quienes “participaron directa o
indirectamente” en el conflicto armado. Esto, sin embargo, de acuerdo a
un tratamiento diferenciado. En ese orden, los destinatarios de la JEP
son definidos del siguiente modo: 1) Investigados o condenados por el
delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no
pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión. 2) Combatientes de
grupos armados, únicamente si éstos suscriben un acuerdo final de paz
con el gobierno. 3) Colaboradores y personas que han financiado grupos
paramilitares sin haber sido coaccionados y que no hayan sido condenados
por otra jurisdicción. 4) Agentes del Estado que hubieran cometido
delitos con ocasión del conflicto armado.

En primer lugar, salta a la vista que la ponderación de
responsabilidades establecida en el Acuerdo tiende a determinarse en
virtud de un precepto que se ha expresado desde la fundamentación y
propósitos del Acuerdo. Se señala que “deberá tenerse en cuenta la
calidad de garante de derechos por parte del Estado, así como la
presunción de que el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de
las armas”. Esto tiene dos consecuencias significativas; la primera,
remite a la comprensión de lo acordado en razón de la rebelión. La otra
remite a los efectos e implementación de lo acordado.

Sobre lo primero, se asume que el contexto en que se produce el Acuerdo
tiende a mantener la rebelión como hecho injustificable y delincuencial.
Si la rebelión implica el ejercicio de la fuerza y el empleo de la
violencia, supone una disputa del monopolio de las armas y, por tanto,
un cuestionamiento a la legitimidad de dicho monopolio. Sin duda, el
cuestionamiento es respondido por el establecimiento al categorizar la
práctica como delito. Esta es la visión que se impone en el Acuerdo de
La Habana.

Sobre lo segundo, si se asume como cierto por ambas Partes -tal como lo
registra el Acuerdo- que el Estado ostenta legítimamente el monopolio de
las armas, la continuación de expresiones violentas organizadas con
distintos fines debe ser combatida; de manera que el esclarecimiento y
trato de fenómenos como el asesinato selectivo de líderes sociales es
obligación imperativa del Estado. En sentido estricto, toda acción que
el establecimiento no pueda justificar es un desafío al monopolio de la
fuerza. Si, como ha sucedido, quienes deben estar encargados de
identificar y perseguir estas prácticas no presentan resultados y el
problema se acrecienta, se deben asumir dos posibles explicaciones; o
bien, es falso que sea de interés del Estado preservar el monopolio de
la fuerza y, por tanto, no tiene sentido que la insurgencia acepte esto
en un Acuerdo de paz, aún como presunción; o bien, es evidente que el
empleo de la fuerza por parte del Estado se hace con fines distintos al
de ser “garante de derechos”.

Ciertamente, esta exigencia es plenamente posible si se logra establecer
un Acuerdo con la totalidad de las organizaciones insurgentes. De lo
contrario, como ocurre hasta la fecha, la centralidad de la ofensiva
estará dada en las organizaciones rebeldes que no se acojan a un proceso
de paz; lo conveniente para el establecimiento será, entonces, el
aniquilamiento de los grupos de oposición política que lo obstaculizan,
primando el cuestionamiento a la legitimidad sobre el monopolio de las
armas y no su aceptación, como lo propone el Acuerdo.

En síntesis, asumir el monopolio de las armas por parte del Estado en un
Acuerdo de Paz tiene un carácter prospectivo, en tanto se le exige al
establecimiento responsabilidad; esto es, explicación, tratamiento e
implementación de justicia, por hechos de violencia que se presenten. La
manifiesta incapacidad de ello, habilita la continuación de la rebelión,
en la medida en que hay omisión de la misión del Estado en su condición
de “garante de derechos”.

Adicionalmente, sobre el tratamiento diferenciado, el numeral 44 de la
Jurisdicción Especial para la Paz precisa que los agentes del Estado
tendrán un tratamiento basado en el DIH; conforme a éste, se valorará lo
establecido en las reglas operacionales de la fuerza pública. También se
indica allí que la responsabilidad del mando no podrá fundarse
exclusivamente en el rango, jerarquía o ámbito de la jurisdicción. Se
dice: “La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los
actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la
respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su
disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva
conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir, y de haber
ocurrido, promover las investigaciones procedentes”

Para el caso de las FARC-EP, el numeral 59 de lo consignado en la
Jurisdicción Especial para la Paz, indica que la definición de
responsabilidad de sus integrantes, estará basada en el DIH, el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal.
En compensación hacia las FARC-EP por lo señalado en el numeral 44 para
los Agentes del Estado, se afirma: “La responsabilidad de los mandos de
las FARC-EP por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el
control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en
la información a su disposición antes, durante y después de la
realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su
alcance para prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las decisiones
correspondientes. La responsabilidad del mando no podrá fundarse
exclusivamente en el rango o la jerarquía”.

Si bien se rompe la cadena de mando en lo mencionado, los Agentes del
Estado estarán cobijados por el DIH, mientras que, en el caso de las
FARC-EP, se aplicará esta normativa, el Derecho Internacional de los
DDHH y el Derecho Internacional Penal. Ello supone un desbalance en la
imposición de sanciones, pues se exonera a los Agentes del Estado de
someterse a una jurisdicción que los juzgue por sus actos al margen de
su condición, pese a haber incurrido en conductas contrarias a los
derechos humanos; lo anterior se expresa también en la interpretación
que se realice del régimen normativo de la Fuerza Pública y lo dispuesto
por la “Ley de Amnistía, Indulto y Tratamiento Penales Especiales”. De
allí, sin embargo, el apoyo que distintos sectores vinculados a las
Fuerzas Armadas han dado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Se
estima que a ésta se acogerían más de 5.500 uniformados.

En efecto, los llamados “Tratamientos Penales Especiales” cobijarán a
los Agentes del Estado. Allí se establece, como “gesto de confianza”, la
renuncia a la persecución penal, la cual extingue la acción penal, la
responsabilidad penal y la sanción penal a los Agentes del Estado. Este
mecanismo elimina los antecedentes penales de la base de datos y no
tiene efectos retroactivos a futuro en términos laborales,
disciplinarios, administrativos o fiscales. El que se califique este
mecanismo como “gesto de confianza”, sin duda, no constituye una
justificación. Se trata de habilitar un procedimiento, aunque en
innegable desventaja, que supla, para la fuerza pública, el otorgamiento
de amnistías. La desventaja es evidente en la limitada inserción que
tendría la insurgencia, dado el descrédito acumulado por los medios
masivos durante años, en relación con la posibilidad de los Agentes
estatales. Éstos últimos podrían, incluso, aspirar a la reincorporación
por parte de las instituciones. En tanto los medios masivos no cesen de
propiciar información que desdeñe y restrinja la actividad política de
los antiguos guerrilleros, no existirán posibilidades profundas para el
tránsito pleno a la vida civil.

Ahora bien, en relación a los llamados delitos políticos, la Ley de
Amnistía y lo contemplado por la Jurisdicción Especial para la Paz, son
tajantes en determinar este tipo de delitos, como “aquellos en los
cuales el sujeto pasivo de la conducta ilícita es el Estado y su régimen
constitucional vigente, cuando sean ejecutados sin ánimo de lucro
personal”. En relación a este reconocimiento, lo primero a señalar es
que éste supone, por una parte, que las organizaciones insurgentes
tienen móviles determinados por un carácter calificado de “opositor” y
una actuación independiente del lucro económico; lo cual, empero, no
implica una exoneración de responsabilidades y, por consiguiente, una
abolición del delito. La rebelión sigue siendo una conducta que debe ser
juzgada; pues su práctica, pese a “legitimarse” en su calidad de
“actividad política”, sigue siendo ilegal.

Esta comprensión de la rebelión se produce en concordancia con el
panorama de desfavorabilidad que rige la actividad rebelde en Colombia.
De ello no hay duda. Las exigencias que se imponen en relación a los
aportes de Verdad, permiten dar cuenta de la naturaleza en que será
procesada la rebelión, pese a ser amnistiada. Según el numeral 27 de la
Jurisdicción Especial para la Paz “la concesión de amnistías o indultos
no exime del deber de contribuir, individual o colectivamente, al
esclarecimiento de la Verdad”. De acuerdo con esto, de ser solicitado,
los amnistiados estarían en obligación de declarar en procesos
jurídicos, de comprobarse que su participación en el conflicto o sus
testimonios, contribuyen al esclarecimiento o refieren a hechos
sancionables.

La obligación de suministrar verdad no siempre estará orientada a
resarcir a las víctimas. Se busca identificar, crear lazos y esquemas
que permitan dar cuenta de la realidad insurgente para sancionar su
práctica. Sigue operando, aún en el proceso de paz, la lógica de
descalificar y dar tratamiento criminal a la conducta rebelde. Ese modo
de concebir la rebelión no contribuye al reconocimiento político al que
se aspira con la superación de ésta, entendida como el levantamiento armado.

Para el Ejército de Liberación Nacional, la rebelión se concibe como una
conducta, amparada por el derecho de los pueblos a implementar justicia
y reclamar condiciones para una vida digna. El reconocimiento de esa
idea, permite asimilar el actual carácter político de nuestra actividad
y brinda condiciones para el tránsito, enmarcado en la solución
política, a una forma no armada del ejercicio político.

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La Puja Por Un Nuevo Amanecer Guaraní
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Frente Internacional Milton Hernández*_
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El Paraguay habla Guaraní. Un caso único en la historia universal,

la lengua de los indios, lengua de los vencidos, es el idioma nacional
unánime.
_
Eduardo Galeano._
/_Patria traicionada_/

La dictadura bipartidista de derecha que oprime al Paraguay desde hace
más de 120 años, adecua el contexto guaraní a su beneficio, para alienar
dominar y gobernar al pueblo. La fusión infernal entre imperialismo,
oligarcas, poderes públicos, poder mediático y fuerzas de seguridad del
Estado; Imponen la pobreza, siembran arbitrariedad, violencia y muerte.

A fuego y sangre se impuso el 15 de agosto de 1954 la dictadura político
militar, del Partido Colorado y liberal, liderado por el General Alfredo
Stroessner bajo el mando del Comando Sur. Desde entonces el país sumido
en el atraso, es usado por el imperialismo, para desarrollar la guerra
sucia en el continente. Ha sido Paraguay sede central de la CIA, es base
importante para el esquema de contrainsurgencia en Nuestramérica, su
territorio fue fundamental en la Operación Cóndor y la caída de Allende.

Un rasgo de la dictadura fue la implantación del modelo neoliberal, como
una acción de escala geoestratégico de recolonización del hemisferio. El
neoliberalismo paraguayo se nutre del exterminio del ente público y de
la oposición, la destrucción medio ambiental. El Estado se ata a la
inversión de un sistema de seguridad, basado en la fuerza de las armas y
no en el desarrollo social.
/_Frutos de Lucha_/

El pueblo viene en un proceso de siglos, acumulando conciencia y
organización, resistiendo reventó los cimientos de la dictadura, pero un
aparente golpe de Estado el 3 de febrero de 1989, por colorados
“empoderados de demócratas”. Frena los ímpetus liberadores de los
inconformes.

Ese inconformismo tiene un momento de gloria con el triunfo electoral de
Fernando Lugo, en abril del 2.008. La oligarquía y los estadounidenses,
sintieron amenazados sus intereses, ante el peligro de profundización de
cambios iniciado por Lugo. Entonces fraguaron el golpe de Estado
parlamentario con un falso juicio político, el 22 de junio del 2012. La
masacre de Curuguaty, fue utilizada por los poderes fácticos e
institucionales para generar un estado de shock favorable al golpe.
Horacio Cartes y Federico Franco son los actores centrales de la masacre
y el golpe de Estado, implantándose la restauración conservadora.
/_La Ocupación Imperial_/

Cartes fue Electo presidente. Cogobiernan colorados, liberales,
Monsanto, la minera Tinto Alcan, Y los gremios económicos; Unión de
Gremios de la producción (UPG) la Asociación Rural Del Paraguay (ARP)
que nuclean a los grandes sojeros y ganaderos.

Sus primeras medidas fueron legalizar la ocupación imperial con bases
militares, desembarco de marines y todo el territorio dispuesto a los
planes castrenses norteamericanos. La ley pública privada, a través de
la cual se concesionan todos los bienes estatales (rutas, hidrocarburos,
electricidad, comunicación, agua, energía, etc.) al capital
multinacional por un periodo de 30 años. En esta ley existe una cláusula
que prevé; si una empresa multinacional invierte en la construcción de
una ruta y al final no genera rentabilidad, entonces el Estado debe
reparar la pérdida. Ley de Seguridad Interna, que permite la
militarización y declaración de Estado de Sitio en regiones del país con
la excusa de la lucha contra la insurgencia del Ejército del Pueblo
Paraguayo EPP.

El agronegocio, la minería y la ganadería constituyen las principales
actividades económicas del País, dominadas totalmente por la Monsanto,
le siguen comercio, servicios y turismo. El sector industrial se
encuentra medianamente desarrollado, produce bienes agrícolas y
ganaderos. Quinientas familias poseen el 90% de las tierras y la
concentración de la riqueza.
/_El Martirio Guaraní_/

Mientras el 20% más pobre accede al 3% del ingreso total de hogares, el
20% más rico se apropia del 60%. Es la nación más desigual del mundo.
Sólo un 53% de la población tiene acceso al agua potable,
(paradójicamente posee la segunda reserva de agua dulce del planeta), la
red de alcantarillado alcanza apenas al 9%. Los pobladores del campo y
urbanos carecen de servicios públicos, es grave la prestación en salud y
educación.

Tierras que debían destinarse a la reforma agraria, prevista en la
Constitución, terminaron en manos de simpatizantes de la dictadura
Stroessnerista (1954-1989) o amigos de altas autoridades del Estado.
Entre 1989 y 2003 fueron adjudicadas de manera fraudulenta 7.800.000
hectáreas de tierra, que equivale al 32% del territorio cultivable del
país. De esta manera, millones de paraguayos quedaron expropiados,
desempleados, constituyéndose este hecho en un conflicto social vigente.

La ola represiva y terrorista de los últimos años de crisis de
gobernabilidad pos golpe. Donde Campesinos e indígenas son amenazados,
asesinados y desaparecidos impunemente, por mafias corporativas, que
tienen raíces profundas en tierras privatizadas.

El enfrentamiento, entre colonos (productores brasileños) y los llamados
carperos paraguayos (porque viven en carpas) sin tierra, mantienen una
disputa por la posesión de miles de hectáreas de terrenos cultivables en
los distritos de Ñacunday, Santa Rosa del Monday y Cedrales,
departamento de Alto Paraná.
/_Empieza la Madrugada_/

Ante estos hechos el movimiento popular retoma los espacios de encuentro
y movilización. En olas se levanta, recuperando tierras, hace cortes de
rutas, marchas, tomas, caravanas, asambleas, en conexión con otros miles
de luchas de pueblos indígenas y campesinos que resisten y bregan contra
los desalojos violentos y solapados de sus territorios ancestrales y
tradicionales por parte del capital.

El movimiento campesino lidera la resistencia actual. Articula a la
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, la vía campesina,
sectores obreros, estudiantes secundarios y universitarios, artistas,
plataforma de organizaciones sociales, género, docentes, taxistas…

En lo político se resalta el fortalecimiento del Frente Guasu (alianza
de 8 organizaciones políticas) con mayoría de bases rurales liderada por
Lugo; Avanza país de composición urbana y la plataforma de mujeres Kuña
Pyrenda; integra a originarias, campesinas y urbanas. Legitimando
posibilidades para las elecciones del 2018.

El proyecto de nación alternativa transita con bravura los espinosos
caminos a la democracia, Por su memoria histórica, se pasea ese fantasma
autoritario que asola a la patria y toma forma humana de políticos que
se niegan a que Paraguay de un paso adelante hacia formas superiores de
vida, que ocupe su pueblo el digno lugar que le corresponde en la
historia, las nuevas generaciones están construyendo el quiebre, están
rompiendo las cadenas que los engrilla aun a los rescoldos de la vieja
dictadura, el tsunami popular guaraní esta rodilla en tierra.
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En Respuesta a la Contrainformación de los Medios de Información
*__*
Dirección Frente de Guerra Occidental*_
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Iniciando el mes de febrero, fueron asesinados por paramilitares en
Buenaventura una lideresa y su esposo, oriundos del Bajo Kalima, el
asesino excombatiente de las FARC y jefe paramilitar era hermano de la
lideresa a quien asesinó.

Luego de cometido el crimen, este sujeto intimidó y buscó refugio en la
Comunidad indígena de Santa Rosa de Guayacán.

Cuando la Comunidad se entera que este sujeto ha asesinado a la lideresa
y su esposo, lo denuncian tanto ante el ELN como a las fuerzas
gubernamentales.

El sujeto al enterarse que la comunidad lo ha denunciado, la amenaza con
matarlos a todos y huye de ella.

Como consecuencia de estas amenazas, la comunidad se desplaza y
evidencia la situación.

Los Medios de información, sin la más mínima objetividad, utilizan este
hecho para acusar al Frente Omar Gómez de ser el responsable de dicho
desplazamiento.

Los Medios de Información al tergiversar la realidad también hacen
guerra sucia.

La fuerte militarización en el área donde opera el Frente Omar Gómez del
ELN, lo lleva a responder con su accionar revolucionario contra las
fuerzas armadas del Estado y en esta respuesta informamos a la opinión que:
*El pasado 30 de enero sobre la vía Pereira-Quibdó, fuerzas guerrilleras
del Frente Omar Gómez del ELN, instalaron un campo minado al avance de
la Fuerza de tarea Titán del ejército estatal.

Resultados, un soldado muerto.

Nuestra fuerza sin novedad.
*El pasado 7 de febrero sobre el río San Juan, fuerzas guerrilleras del
Frente Omar Gómez, realizaron emboscadas a 4 pirañas de la armada
colombiana.

Resultados: una piraña averiada.

Nuestra fuerza sin novedad.
*El pasado 13 de febrero, Fuerzas guerrilleras del Frente Omar Gómez,
atacaron un grupo de paramilitares en el corregimiento La Italia.

Resultados: un paramilitar muerto.

Nuestra fuerza sin novedad..

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*Siempre junto al Pueblo*
*Viva el ELN *
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