Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 596

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Los comunicadores populares del ELN asumimos el reto en la
construcción de una sociedad distinta, rescatar la información es
tarea urgente de quienes asumimos el alzamiento armado como un
derecho universal de los pueblos, el corazón se hincha con el
viento, da pálpitos al retorno de la voz, volver la mirada a un
continente de identidad arrebatada, de sueños conquistados, pero
con el pensamiento aún altivo.
Ahora, cada territorio de construcción insurgente despliega un
canal informativo. Con Nuestras Voces a un ¡click! ,se abre un
escenario de articulación, que en medio de los fragores de la
guerra se permitirá romper el cerco mediático, movilizar la
conciencia y reafirmar la voz de cada territorio, desde el sistema
de información eleno sumamos nuestros esfuerzos en proyectar las
reivindicaciones de los territorios en resistencia, tal como en el
inicio de nuestra primera marcha guerrillera hemos decidido estar
siempre junto al pueblo, tanto ayer como hoy la vigencia de la
movilización insurgente es innegable, las voces todas, de nuestra
organización están cada vez más cerca.
www.fgoriental.org <http://www.fgoriental.org/>
www.insurgenciaurbana-eln.org <https://insurgenciaurbana-eln.org/>
_www.fgoccidental.org_ <http://www.fgoccidental.org/>
proximamente… más…. con Nuestras Voces a un ¡click!
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/– Revista Insurrección //N° 596 –/_//_
_/Agosto 2017/_
_*La duda paramilitar
*_

_**_
_//_ _*INDICE:*_

*Los componentes del cese bilateral Revista Insurrección*
<#Los_componentes_del_cese_bilateral>
*Legalizar el paramilitarismo, ¿otra vez? Yolanda Álvarez*
<#Legalizar_el_paramilitarismo_otra_vez>
*Propuesta de acuerdo humanitario ¡YA! en el ChocóSociedad civil / Dpto.
del Chocó* <#Propuesta_de_acuerdo_humanitario_YA_en>
*Solucionar una de las crisis humanitarias más graves Delegación de
Diálogo del ELN*
<#Solucionar_una_de_las_crisis> *OMAYRA, Una entre setenta mil Alexandra
Sáenz <#OMAYRA_Una_entre_setenta_mil>
**Mitos sobre el ELN (cuarta parte) Héctor Useche*
<#Mitos_sobre_el_ELN_cuarta_parte>
*Un país que regala su petróleo* *Ismael Ardila*
<#Un_pas_que_regala_su_petrleo>
*Gobiernan para las transnacionales* *Luis Gaitán*
<#Gobiernan_para_las_transnacionales>
*_Ultimos videos:

“Diálogo inter generacional por la paz”
<https://www.eln-voces.com/index.php/arte-cultura/videos/1224-el-que-patea-la-paz-gana-puntos-en-las-encuestas-2>

“El que patea la paz, gana puntos en las encuestas”
<https://www.eln-voces.com/index.php/dialogos-de-paz/entrevistas-delegacion-de-paz/1214-el-que-patea-la-paz-gana-puntos-en-las-encuestas>

_**
<http://www.eln-voces.com/index.php/arte-cultura/videos/1190-saludo-a-la-xviii-asamblea-general-de-la-uso>**
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Para desuscribirse de esta lista de noticias envié un mensaje en blanco
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automáticamente del
servidor.)—————————————————————————————-
_*Los componentes del cese bilateral*_*
_
Revista Insurrección_*
*
Entrando a la última semana de Agosto y faltando 10 días para el arribo
del Papa Francisco a tierras colombianas, ratificamos nuestra
disposición y decisión a seguir buscando en la Mesa de conversaciones,
el acuerdo para un cese al fuego bilateral temporal.

Lograr un cese de los enfrentamientos entre las tropas del gobierno y
las guerrillas del ELN, así sea de carácter temporal, de por sí
generará, de manera inmediata, beneficios humanitarios para aquellos
territorios en donde las acciones militares de parte y parte, se viven
con mayor intensidad.

Pero a la vez el cese bilateral ha de tener un efecto más amplio, en la
medida en que este reduzca las afecciones, que hoy genera el conflicto.
Por tanto, el cese ha de estar acompañado de medidas de cada parte,
tendientes a generar unos alivios humanitarios, que beneficien
directamente a la población.

De nuestra parte estamos en disposición de contribuir de manera activa a
éste cese y a suspender temporalmente distintas acciones, propias de la
guerra de guerrillas y de una fuerza insurgente, como es nuestro caso.

A la vez, en el acuerdo para el cese, el gobierno ha de tomar medidas
efectivas y concretas, así sean de carácter temporal, tendientes a
actuar de manera efectiva y real frente al genocidio en curso contra
dirigentes sociales y de izquierda, contra la expansión paramilitar y
frenar la persecución a la dirigencia social. Estas medidas, de hacerse
efectivas, conllevarían a que el cese incorporase alivios humanitarios
concretos para amplios sectores de la población, afectados por la
acción paramilitar y la violencia de sectores extremos de las clases
dominantes.

Este cese que estamos buscando acordar, ha de tener las características
y especificidades propias del momento inicial en que se encuentra la
Mesa de Quito. Éste no sería un cese del fin del proceso de negociación,
cuando se logre un acuerdo de paz. Éste sería un cese temporal,
experimental, de los momentos iniciales del proceso, jalonado por un
hecho tan importante, como es la visita de su Santidad el Papa Francisco
Primero.

Además de los alivios humanitarios, lo concreto de este cese, será la
suspensión de las acciones ofensivas entre las dos partes, es decir la
suspensión mutua de los ataques. Para ello se requiere de la voluntad de
las dos partes, además de unos compromisos y reglas, y de una veeduría
para prevenir y verificar incidentes, que puedan ocurrir.
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*
_*
Legalizar el paramilitarismo, ¿otra vez?
*_
_*Yolanda Álvarez*_
*
Por estos días en Colombia, está en debate el Proyecto de Acto
Legislativo número 4 de 2017, que se tramita en el Congreso de la
República y que tiene como finalidad prohibir el paramilitarismo en la
Constitución Política del país.

Prohibir la conformación, creación, promoción, instigación,
organización, instrucción, financiación, apoyo, tolerancia,
encubrimiento o favorecimiento de estos grupos paramilitares, no debería
generar resistencia u oposición en ningún sector de la sociedad, si la
verdad sobre la estrategia paramilitar se le contara al país masivamente
y no persistiera el negacionismo sobre su actual expansión.
_La fusión de dos escuelas_

El paramilitarismo ha sido una antiquísima táctica anti subversiva en la
que, las elites colombianas son expertas, practicada desde antes del
surgimiento de la guerrillas revolucionarias de los años 60. Hay que
recordar la existencia de los Pájaros o Chulavitas, grupos paramilitares
impulsados por la extrema derecha violenta, con el propósito de
exterminar la oposición, en el periodo de La Violencia (1946-1958).

No debe olvidarse que en 1960, un Equipo de investigación enviado por
el gobierno de Estados Unidos produjo un informe sobre la situación de
seguridad en Colombia, en el que registró la preocupación por la
presencia de las guerrillas de la época y dos años más tarde el Ejército
de Estados Unidos envió otra misión al mando de William P. Yarborough,
en la que recomendó la conformación de estructuras de civiles armadas de
índole clandestinas o paramilitares, para “realizar acciones terroristas
contra los comunistas”.

El marco legal del paramilitarismo en Colombia inició en 1965, con el
conocido Estatuto para la Defensa Nacional (Decreto 3398 de 1965),
expedido por el gobierno de León Valencia (1962-1966), que habilitó a
las Fuerzas Armadas a conformar grupos armados de civiles a su cargo y
dotarlos de de armas de uso privativo de las Fuerzas armadas.

Así las Fuerzas Armadas colombianas vincularon a población civil en
acciones contrainsurgentes; adecuaron sus manuales y reglamentos
militares. Crearon crueles grupos de autodefensa, y uno de los más
sangrientos fue la Alianza Americana Anticomunista (AAA).
_La alianza con el inframundo_

En la década de los 80, los grupos paramilitares se fortalecieron y sus
actuaciones se hicieron más públicas en varios territorios colombianos.
Los grupos paramilitares que más se extendieron fueron los creados por
terratenientes y narcotraficantes; entre los que se destacó el MAS
(Muerte a Secuestradores) creado por el Cartel de la cocaína de
Medellín. Se estima que a 1987 en Colombia ya existían 128 grupos
paramilitares.

En 1989, tras la masacre de una Comisión de jueces en La Rochela, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado emitieron sentencias
en las que dejaron sin base legal aquellos decretos que habían dado
lugar a la conformación del paramilitarismo, por considerar que ello
iba en contravía del “monopolio de las armas en manos del gobierno”.

Sin embargo, en 1994 nuevamente renace a la vida jurídica el
paramilitarismo. El presidente César Gaviria (1990-1994) expidió el
Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que brindó las bases para
que su sucesor Ernesto Samper (1994-1998) en diciembre de 1994,
autorizara la conformación de las conocidas “Asociaciones Comunitarias
de Seguridad Rural (CONVIVIR), con el derecho a portar armas de uso
exclusivo de las Fuerzas Militares y con el fin de colaborar con la
Fuerza Armadas en la seguridad y lucha contrainsurgente. Se estima que
en ese momento las mafias, ganaderos, terratenientes y gremios
económicos crearon más de 400 de estos grupos paramilitares.
_La invención del ejército ‘contra’_

En 1997, los distintos grupos paramilitares se agruparon en lo que se
conoció como Autodefensas Unidas de Colombia, siguiendo el mismo
objetivo contrainsurgente; quienes en alianza con empresas,
terratenientes, fuerza publica y la mayor parte de la institucionalidad,
incursionaron a sangre y fuego en la mayor parte de territorios rurales
contrarios al régimen, marcando el peor periodo de la historia de
violencia del país, dejando millones de víctimas con su accionar.

Luego, en el año 2005, el presidente Álvaro Uribe (2002-2010), mediante
la Ley de Justicia y Paz, generó una estrategia para resolver la
situación jurídica e indultar a los miembros de estos grupos narco
paramilitares.

Como se puede observar, es evidente que el paramilitarismo ha sido
permitido legalmente. En 52 años, sólo durante cinco años (1989-1994),
no hubo sustento legal de su accionar.
_No le dan la cara a las víctimas_

El debate suscitado en oposición al Acto Legislativo que prohíbe
constitucionalmente el paramilitarismo, demuestra que persiste un
sector de la elite que sigue reivindicando y justificando su existencia;
corriente negacionista de la abrumadora evidencia histórica sobre el
daño que han proporcionado al país y sobre la responsabilidad que le
atañe al régimen dominante.
_El Estado colombiano es responsable del paramilitarismo porque:_

a) lo creó, armó, fortaleció y le dio un marco legal;
b) por acción y omisión de los agentes del Estado, evidenciada por
la connivencia permanente con él;
c) Por no haberlo desmantelado aún; y
d) Por la magnitud de la impunidad con que los ha favorecido.
_El arrepentimiento universal_

Hay que aprender de otras experiencias del mundo, por ejemplo de la
experiencia vivida luego del Holocausto. El Estado alemán prohibió la
simbología nazi, incluida la esvástica, símbolo, que representa una
ideología nazi bajo la cual millones de personas en Europa fueron
asesinadas.

Es necesario que en la máxima norma del país se prohíba expresamente el
paramilitarismo, como una de las garantías de no repetición. Lo que
está prohibido, no está permitido, de esa manera se avanza en “sacar la
violencia de la política”; lo que requiere de hechos concretos de
persecución, y transformaciones profundas y estructurales. Por esto
mecanismos como los que hemos planteado en la Mesa de Quito, como el
Sistema de Alerta y Ataque (SAA) que vincula la acción.
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*_Propuesta de acuerdo humanitario ¡YA! en el Chocó_

*_*Sociedad civil / Dpto. del Chocó*_
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De la sociedad civil del departamento del Chocó

Dirigida al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación Nacional -ELN-
_Consideraciones_

La sociedad civil organizada del departamento de Chocó, las
organizaciones étnico-territoriales y sociales, cansadas de las graves
afectaciones generadas por el conflicto armado en sus comunidades y su
territorio, teniendo presente que el ordenamiento jurídico colombiano, y
en especial la Constitución Política de 1991 e instrumentos de Derechos
propios, ley 70 de 1993 y ley 89 de 1890, establece el reconocimiento de
derechos y libertades fundamentales y el deber del Estado de respetarlos
y garantizarlos; además, recordando que la Constitución Colombiana
establece la prevalencia en el orden interno de los tratados y convenios
internacionales que reconocen los derechos humanos y la aplicación, en
todo caso, del derecho internacional humanitario; (DIH), entre otros, se
suscribe la presente propuesta.
_Principios_

Respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario.
Respeto a la autonomía territorial y sus formas de gobierno
_Contexto_

Con la salida de las FARC-EP en el departamento del Chocó, se ha
reconfigurado las dinámicas de conflicto, entre los grupos armados
ilegales, sucesores/disidencias paramilitares y el Ejército de
Liberación Nacional -ELN-, que se encuentran en una disputa por el
control territorial. Así mismo, se han presentado combates entre la
Fuerza Pública y los grupos ya mencionados.

En el marco de este contexto, también se evidencia una continua
violación de los DDHH e infracción al Derecho Internacional Humanitario
generando: Desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones de
la libre movilidad en el territorio, tortura, asesinatos, amenazas a
líderes y lideresas, secuestros, violencia basada en género,
desaparición forzada, contaminación por armas (minas antipersona,
munición sin explotar), reclutamiento y utilización de Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes, entre otros.

Así mismo, continúa la violación de Derechos de las mujeres, quienes de
manera particular han sido víctimas de explotación y abuso sexual. Esta
violencia está exacerbada y aunque son las mismas para todas las
mujeres, la vivencia es de manera diferenciada entre las mujeres negras,
indígenas, mestizas y en la población LGBTI.

Persiste el uso indebido del territorio por la explotación de recursos
naturales y la dinámica de economías extractivas, de manera ilegal e
irracional y por la siembra, recolección y control de rutas de
comercialización de cultivos de uso ilícito que afectan la
sostenibilidad ambiental y la pervivencia de las comunidades étnicas.

Es importante resaltar, que la precaria presencia estatal y el conflicto
armado han sido uno de los factores que ha incidido en el aumento del
desempleo, pobreza e inseguridad ciudadana en el departamento, afectando
el tejido organizativo y social.
_Exigencias de la sociedad civil para un acuerdo humanitario_

¡Ya! en el Chocó

Estas exigencias humanitarias responden a una lógica étnico-territorial
diferenciada, en tanto que, el departamento del Chocó en toda su franja
territorial, está integrado por comunidades negras, indígenas y mestiza.

A) Cese al fuego bilateral
B) Desmonte de estructuras de Grupos Armados Ilegales
C) Respeto a la autonomía territorial y derecho propio de las
comunidades, y respeto a los espacios sagrados
D) Minado / Desminado
E) Permanencia de ambas partes en la Mesa de negociación para la
solución política definitiva y no militar
F) Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes
G) Violencia contra las mujeres y comunidad LGBTI
H) Asesinatos y de desapariciones forzadas
I) Desplazamientos, Confinamiento o restricción a libre movilidad
J) Cese de siembra de cultivos de uso ilícito y prácticas de minería
K) Seguimiento y verificación
_
Suscriben la presente propuesta:_
Foro interétnico solidaridad Chocó

Mesa de diálogo y concertación de los pueblos indígenas del Chocó

Red departamental de mujeres chocoanas

Movimiento ruta pacifica de mujeres regional Chocó

Mesa departamental de víctimas

Alianza interétnica del San Juan.
_
Acompañantes_

Pacipaz

Ciederpaz

Misión apoyo al proceso de paz-OEA (mapp-oea)

Sistema de Naciones Unidas

Defensoría del pueblo regional Chocó

Procuraduría regional Chocó

Diócesis de Quibdó

Diócesis de Istmina-Tadó.

Red nacional afro urbana.
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_*
Solucionar una de las crisis humanitarias más graves
*__*
Delegación de Diálogo del ELN*_
*

La delegación de diálogos del ELN saluda y recibe con complacencia la
propuesta de “Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó”, formulada por
distintas y diversas organizaciones sociales de ese Departamento y
dirigida a la Mesa de diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional
-ELN y el Gobierno Nacional, el pasado 18 de agosto de 2017.

Desde ya, manifestamos que estudiaremos detenidamente las propuestas que
han sido presentadas y esperamos de parte del gobierno la misma
disposición en el marco de la Mesa de diálogos que adelantamos.

Compartimos el llamado hecho por ustedes sobre la necesidad de acordar
un cese bilateral del fuego con claros compromisos de alivio humanitario
hacia la población.

Ratificamos, nuestra disposición a continuar sentados en la Mesa de
dialogo buscando una salida política al conflicto social y armado que
vive el país. En el caso particular del Chocó ustedes conocen de manera
directa la ofensiva de fuerzas militares y paramilitares contra las
comunidades, por eso entendemos que esta región del país sería una en
donde se colocaría a prueba la voluntad de las partes, para generar
alivios que proporcionen un mejor ambiente de paz, en la región en donde
se registra una de las mas graves crisis humanitarias de Colombia.

Somos conscientes de la inequidad y el abandono que sufren las
comunidades del Chocó. Por eso proponemos espacios de interlocución
directa, además de espacios de participación social, que se inicien con
una visita de las dos delegaciones (ELN — Gobierno), para escuchar a
la población, como un ejercicio directo y concreto de participación y
sin dilaciones.
_
Delegación de diálogos del ELN

Quito Ecuador, 22 de agosto de 2017.
_
***
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_*OMAYRA, Una entre setenta mil*__*
*_*
_Alexandra Sáenz_*
*

Con la esperanza viva en un futuro digno construido con todos y todas
los sectores sociales, hombres y mujeres militantes de la vida con
equidad y respeto por la naturaleza, compartimos unas líneas que
intentan traer a nuestra memoria y para que el olvido nunca sea otra
arma del enemigo, una figura emblemática de mujer digna y valiente,
entre tantas mujeres que han permanecido y persistido en la lucha por
una Colombia mejor: Omayra Montoya Henao, quien fue desaparecida el 11
de septiembre de 1977, por fuerzas represivas estatales, convirtiéndose
en la primera mujer en ser desaparecida en nuestro país -de un total de
70 mil desparecidos-, en el marco de las luchas que el pueblo colombiano
desarrolla.

El texto, fue escrito hace quince años por una entrañable amiga de
Omayra, cómplice solidaría de sus sueños, encontrado de nuevo en los
anaqueles donde ha estado guardado con celo y ternura, por una mujer
luchadora y amante de la vida; así que vuelves Omayra a poblar nuestros
corazones, a recordarnos que la lucha continúa, porque continúa la
guerra impuesta, con diversas formas, colores y ropajes, contra quienes
sueñan y trabajan por una Colombia humana, fundamentada en la justicia
social.
_Cuarenta años no son nada, si hay memoria_

“Septiembre 11 de 1977… cuarenta años se cumplen ya de la desaparición
de Omayra Montoya Henao, la compañera inolvidable.”

Cuando los recuerdos se agolpan y empiezan a caminar pisando fuerte por
la memoria, uno no sabe porqué la melancolía asoma con una sonrisa
cariñosa, en vez de tener arrugas de tragedia.

Ya no tiembla mi piel ni me pongo tensa cuando pienso en la tortura que
resistió Omayra antes de su muerte. Imagino en cambio que el árbol donde
fue colgada, hoy debe ser inmenso como las ceibas que cubren las plazas
de los pueblos y dará sombra a muchos caminantes. Un árbol con historia,
sembrado por algún campesino en cualquier lugar del municipio de
Soledad. Si hablara, contaría de una joven valiente, menudita, vital e
inteligente, que se portó con dignidad mientras un grupo de militares
uniformados la golpeaban, ataban y colgaban por las manos a sus ramas.

La cita con la muerte estaba allí, pero todo había comenzado en
Barranquilla horas antes, cuando la detuvieron con un joven que la
acompañaba y que sobrevivió para contar la verdad. En esa ciudad se
encontraban colaborando en la preparación de un Paro Nacional.

La tortura empezó en Puerto Colombia, mar adentro, con mordiscos de
cangrejos azules que los torturadores hábilmente pusieron sobre los
hombros de los desdichados. Y aunque no fue la única muestra de sadismo,
creo mejor despejar las tinieblas para no zozobrar en los recuerdos. Lo
cierto es que su cadáver solo fue encontrado muchos meses más tarde y
sus verdugos absueltos en un Consejo de Guerra.
_
El Paro Cívico Nacional_

Tres días después, el 14 de septiembre de ese año 77 los trabajadores
sindicalizados efectuarían un paro general que vino a convertirse en
paro popular, porque se extendió a los barrios, los caminos, las aulas y
las casas de la gente corriente. Protesta airada como una copa llena de
cansancio por hambre, alzas, represión y miedo. Entonces en la radio
solo se oía el tono grave de los locutores anunciando amenaza ¡como
aullidos de un mundo inclemente!

En los días que siguieron ya no hubo amenazas sino voces que informaban:
“…detenciones masivas en todo el país…”, “suben a más de 40 los
muertos en Bogotá”, ” hay más de mil sindicalistas presos…” “ordenes
de captura contra los subversivos…”.Recuerdo que el Ministro estaba
indignado, porque según decía de manera torrencial, “la democracia ha
sido mancillada”.
_Las semillas del árbol de Omayra_

En más de una ocasión he oído discursos que condenan compromisos como
los de Omayra. Compromisos que han sido de millares de Latinoamericanos,
como el Che, y de colombianos como el sacerdote-sociólogo, que marco mi
generación con sus mensajes y obra; por quien llevan el nombre de
Camilito, tantos niños. Compromisos de distintas épocas y de pueblos
enteros. Puede no compartirse una forma de decir “hasta aquí” a tanta
situación que acorrala y castiga. Puede no comprenderse.

Omayra, la bacterióloga antioqueña, que pudiendo llevar una vida común
escogió su destino a costa de su propia existencia, echó su suerte al
lado de los pobres. Con ella y por ella muchos corazones tuvimos la
experiencia de su gran ternura, su veta de humor inagotable, de un
coraje sin límites.

Al revivir los episodios compartidos en medio de un compañerismo alejado
de grieta, pienso en ella como una hoja al viento desprendida del árbol;
no la lloro como antes ni me tiembla la piel. Simplemente cumplo mi
promesa secreta de “no defraudar su memoria”.
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_*Mitos sobre el ELN (cuarta parte)*__*
*_*
_Héctor Useche_*
*
¿El ELN no quiere firmar el acuerdo con Santos? ¿No valora la
experiencia de La Habana? ¿Está aprovechando el momento para ´copar
territorio de las FARC´? ¿En Quito falta más presencia del COCE para
´tomar decisiones´? A continuación, nuevos argumentos para desmitificar
discursos hostiles y defendernos (nosotros y ustedes, lectores y
lectoras) de la manipulación informativa, a la que nos tienen
acostumbrados los dueños del poder.

[ Otros mitos desmentidos, partes 1, 2 y 3: https://goo.gl/L4kPAb ]
_
Mito 10: “El ELN no quiere firmar con Santos”_

Hemos dicho que estamos dispuestos a firmar Ya… pero no cualquier
cosa. Estamos dispuestos a firmar un acuerdo decente para el pueblo
colombiano en el marco de la agenda acordada, pero las demoras del
gobierno son parte del problema. Hemos dicho: avancemos, vayamos
firmando y vayamos implementando. Somos realistas, vemos que, a este
paso, el gobierno de Santos no permitirá discutir todos los temas de la
Agenda; eso no se resuelve acelerando de manera irresponsable ni tampoco
amenazando al ELN con el nuevo gobierno. El Diálogo debe ser con toda la
sociedad, y la negociación, no solo con el ´Santismo´ sino con el
conjunto las élites dominantes, eso no cambia ante un nuevo gobierno.
_Mito 11: “El ELN desconoce el proceso con las FARC”_

El proceso de La Habana es un referente para nosotros, por lo que logró
avanzar y por lo que falta. Estudiamos las propuestas para el agro en el
punto 1, pero también el incumplimiento del Estado y el asesinato de
militantes de las FARC en el pos-acuerdo. Somos tan respetuosos de ese
proceso que en nuestra Agenda con el gobierno incluimos la necesidad de
coordinación de las dos mesas de manera explícita. Además, nos hemos
reunido con el Secretariado de las FARC. El éxito de esa implementación
sería un beneficio para el país. No decimos nada muy novedoso si, a la
vez que valoramos esos avances, sostenemos que hay que prestar atención
a las cosas que ese proceso dejó por fuera; ser crítico no significa
negar los avances.
_Mito 12: “El ELN está dedicado a ocupar las zonas de las FARC”_

Quisiéramos tener la capacidad política y militar para hacerlo… pero
aun así no lo haríamos. Respetamos los procesos sociales de las bases de
las FARC, no somos oportunistas. Pero tampoco podemos dejar abandonadas
a las comunidades que han pedido hablar con nosotros y que nos han
pedido protección, especialmente frente al avance de los grupos
paramilitares.
_Mito 13: “Los que están en Quito no tienen mandato para negociar, allí
debería estar todo el COCE”._

Los delegados en Quito tienen la legitimidad de años de lucha, pero
además fueron designados por mecanismos internos que validan su
presencia en la Mesa. Como si fuera poco, de manera permanente, la
Delegación está en comunicación con el Comando Central (COCE, máxima
instancia de la Organización) y la Dirección Nacional para informar y
fortalecer nuestra posición en el diálogo, que es una posición única y
consensuada. De parte del gobierno no vienen todos los ministros, pero
no por eso desconocemos su legitimidad como delegados; esperamos lo
mismo sobre nuestra delegación.
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*
_*Un país que regala su petróleo*__*
*_*
_Ismael Ardila_*
*
El petróleo es uno de los recursos naturales más importantes para el
desarrollo económico y social; sin embargo, Colombia no aplica las
mejores políticas para la explotación de hidrocarburos; éstas solo están
diseñadas para atraer la inversión extrajera y no para beneficiar a la
población.
_La historia arcaica de la sumisión_

Históricamente los recursos de hidrocarburos son propiedad de la Nación
(decreto 24 de 1828, Constitución de 1858, Constitución de 1886, ley 30
de 1903). La historia también demuestra que en materia de hidrocarburos
se ha legislado para favorecer intereses particulares (ley 38 de 1887).

En Colombia la explotación formal de petróleo inicia en 1896 [1]; ya
desde entonces la actividad atrajo a petroleros norteamericanos. Para la
época el gobierno no participaba en la administración de las operaciones
de exploración y explotación; las concesiones oscilaban entre 30 y 50
años, con prórrogas de 10 a 20 años, y los impuestos establecidos no
beneficiaban significativamente al país (3 a 14,5 por ciento). Este
sistema funcionó hasta 1974, cuando el gobierno de Alfonso López
Michelsen (1974-1978), quien lo abolió por medio del decreto ley 2310,
pero las concesiones existentes permanecieron hasta la fecha en que
pasaron a manos del Estado.

A pesar de esto, en la actualidad aún existe una concesión vigente
extendida por más de 20 años y adjudicada por Álvaro Uribe en 2003
(concesión 2162, Yalea, empresa Perenco, fecha de finalización
05-03-2023, con un pago de regalías del 11,5 por ciento) [2].
_Seguimos en las mismas_

La historia no dista mucho de la realidad actual, aunque la legislación
en materia de recursos de hidrocarburos ha venido evolucionando
notablemente y se han creado empresas y entidades estatales como
ECOPETROL y Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH. A pesar de ello,
los cambios a favor de Colombia no son muchos; los contratos de
concesión, por ejemplo, se empezaron a entregar de forma “asociada” y
los impuestos de regalías solo llegaron a un 20 por ciento.

En otras palabras, Colombia, no ha tomado la administración total de los
recursos petroleros, sus derivados y sus ganancias. Y así duró hasta
1999, cuando el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1970-1974). A partir
de la ley 508, las regalías que recibe el Gobierno se dan de forma
escalonada (5 al 25 por ciento). El 5 por ciento para campos con
producción menores o iguales 5 mil barriles diarios, el 25 por ciento
para producciones mayores de 600 mil barriles diarios. Claro, esas
cifras de producción son utópicas, porque nunca se han dado.

La política colombiana en materia de hidrocarburos tiene una evolución
amañada, que busca favorecer cada vez más al capital privado y
extranjero, y no a los intereses del país. Antes de 1999 la renta
petrolera le representaba al país un 20 por ciento de regalías sobre la
producción, y a través de ECOPETROL recibía otro 40 por ciento; el otro
40 por ciento se lo quedaba el inversionista. En resumidas cuentas, al
Estado le correspondía cerca del 80 por ciento.

Después de 1999, la participación del país en la producción petrolera se
redujo al 30 por ciento, las regalías se redujeron a un 8 por ciento
(ley 756 de 2002), en el mejor de los casos se recibe un 9 por ciento de
regalías de los pozos descubiertos después de 2000. Estos cambios
redujeron la participación del Estado en la renta petrolera a
proporciones que van entre el 55 y el 60 por ciento.

En resumidas cuentas, al comparar los porcentajes de participación
petrolera con los demás países latinoamericanos Colombia tiene el más
bajo (38,62 por ciento). Ecuador en cambio tiene un 85,75 por ciento de
participación; en este país las empresas son contratistas, no
concesionarias. Bolivia tiene nacionalizados los hidrocarburos, la renta
petrolera es del Estado y la participación de los antiguos contratos
privados es del 72,7 por ciento. Venezuela tiene una renta petrolera
del 70 por ciento; aunque tiene nacionalizado el petróleo, las empresas
contratistas deben entregar a la nación la tercera parte de la
producción como impuesto de extracción y regalías. En Argentina la renta
petrolera es del 69,24 por ciento. Perú se queda con una renta petrolera
del 60,87 por ciento. Brasil, con el 44,37 por ciento.
_Un asunto de dignidad nacional_

Los datos anteriores demuestran que Colombia tiene un sistema de
participación en la renta petrolera que desdeña el interés nacional, en
el que la mayor ganancia económica la obtienen las empresas
concesionarias; eso demuestra que el desarrollo industrial, económico y
social de la población colombiana es sólo una visión engañosa, difícil
de alcanzar.

En próximas ediciones de nuestra Revista Insurrección analizaremos el
comportamiento del precio del petróleo y los problemas estructurales
(sociales, ambientales y culturales) que en el camino va dejando la
explotación petrolera.
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[1] Pérez Víctor Eduardo y Bueno Salazar Rafael “El Petróleo en
Colombia”. Ecopetrol 50 años.

[2] Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos — AHN.
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_*Gobiernan para las transnacionales*__*
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_Luis Gaitán_*
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Dos cosas ha mantenido históricamente la oligarquía de este país: por un
lado, su profunda convicción antidemocrática, debido al miedo que le
generan los cambios; por el otro, la protección sin agüero de las
transnacionales, por encima de los intereses de las mayorías. Estas dos
cosas, por supuesto, soportadas sobre el ejercicio de la violencia.

Esta política se ve reflejada en la atención que han generado las
consultas populares, pues le han empezado a generar molestia al gobierno
y a las empresas que buscan explotar la tierra.
_El gobierno se compromete_

A partir del auge de las consultas populares, la preocupación del
gobierno y su férrea defensa de los inversores extranjeros se ha puesto
de manifiesto en el escenario público. Tanto así que el pasado 1 de
agosto, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas se comprometió a
presentar ante el Congreso un proyecto de ley que le quite dientes a las
consultas.

En palabras del ministro: “No puede ser que los intereses de unas
minorías muy pequeñas, de un concejo municipal, se impongan sobre las
necesidades de toda una sociedad.”

Una clara muestra de a quién responden los intereses del gobierno.
Aparte de desconocer la voluntad popular, se pretende tratar a estas
“minorías” como ignorantes, pues en sus argumentos nada tiene que ver la
defensa del agua con la explotación de la tierra; según ellos “no son
incompatibles”, supuestamente quienes impulsan las consultas no
entienden el desarrollo del país, que la minería responsable si existe,
etc. Pero en la práctica se evidencia el daño y desolación como lo único
que le queda a los territorios luego de que una transnacional se roba
sus riquezas.

Han insistido en el bienestar de las comunidades, sin embargo, ahora
parece peligroso que, en varios territorios del país, la misma gente se
los esté pensando con la vocación agrícola en primer plano.
_La soberanía es la discusión_

Los tibios asomos de defensa de la soberanía del gobierno han sido
mediatizados. Por un lado Nicaragua, el Galeón San José, la política de
persecución a Venezuela, etc. Sin embargo, ante el peligro que
representan las transnacionales para la economía del país, hay un gran
silencio cómplice.

Gracias a décadas de gobiernos que se dedicaron a sacrificar la
soberanía y ponerla en bandeja de plata al imperialismo, hoy casi que
cualquier fallo en contra de una transnacional conlleva a una demanda
que el Estado muy seguramente perderá.

Muestra de ello es el caso de la empresa Hupecol Operating Co. Dicha
empresa tenía las licencias para exploración de Caño Cristales, y el
gobierno se vio obligado a suspenderla gracias a la presión y
movilización ciudadana. Sin embargo, hoy la empresa tiene una demanda
por más de 83.000 millones de pesos debido a los incumplimientos de
Colombia: a eso llaman “seguridad jurídica” de las empresas, según lo
acordado en el TLC.

Esta es apenas una de las tantas demandas que tiene el Estado por haber
entregado la soberanía a entidades privadas y extranjeras. Otro ejemplo
se relaciona con el paro minero en Antioquia: la Gran Colombia Gold, que
el pasado febrero anunció su intención de demandar al estado por 700
millones de dólares, reclama demoras en la ANLA y la alcaldía de Segovia
al no expulsar a los mineros ilegales, a quienes considera invasores.

Aquí acaban los discursos de responsabilidad social, hasta ahí llega el
sentido de pertenencia que tienen por el país dichas transnacionales,
pues ante sus intereses sacan los dientes incluso con el patrocinio de
grupos paramilitares. La respuesta del gobierno no podría ser peor: les
da la razón a pesar de la arremetida jurídica emprendida hace más de un
año.
_Presión social es el remedio_

El caso del botadero de Doña Juana en Bogotá no escapa a esta la
realidad. Hace un par de meses el Centro de Gerenciamiento de Residuos
(CGR) anunció su intención de que se aumentara al doble el precio que
paga la ciudad por tonelada. A pesar de que el daño a la salud de miles
de habitantes urbanos se ha evidenciado estos últimos días, la posición
del distrito ha sido de respaldo a la concesión.

Queda claro que la defensa de la soberanía popular se hace con
movilización social, y que lo último que hará el gobierno es darle la
razón a la gente. Un punto más de la alergia que les causa la
participación en un proceso de solución política.

En Segovia, Remedios y demás municipios del nordeste antioqueño, se ha
levantado un fuerte movimiento cívico contra las multinacionales del oro
y en defensa de la pequeña y mediana minería. También en Bogotá los
vecinos protestan ante la grave crisis ambiental y de salubridad pública
que genera el manejo irresponsable de la alcaldía. Tanto en un lado como
en otro la respuesta gubernamental es la represión a la población y la
defensa incondicional de los intereses de las empresas multinacionales.
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