Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 600

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/– Revista Insurrección //N° 600 –/_//_
_/Septiembre 2017/_
_*Trump ladra
*_
_**_
_//_ _*INDICE:*_

*La ciega que se vendió Revista Insurrección* <#La_ciega_que_se_vendi>
*[Declaración] Antioquia le habla a Quito Organizaciones Sociales /
Antioquia le habla a Quito* <#Declaracin_Antioquia_le_habla_a_Quito>
*El nuevo paramilitarismo colombianoDiego Serrano / Frente Urbano Camilo
Torres* <#El_nuevo_paramilitarismo_colombiano>
*Un país que destruye sus recursos naturales Ismael Ardila*
<#Un_pas_que_destruye_sus_recursos> *El miedo del régimen español a la
autodeterminación de Catalunya Marcos Salcedo / Frente Internacional
Milton Hernández <#El_miedo_del_rgimen_espal_a_la_>
**No duden del cese bilateral Delegación de Diálogo del ELN
* <#No_duden_del_cese_bilateral>
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Revista Insurrección: 10 años como semanario
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Qué es el cese al fuego bilateral, temporal y nacional
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“Diálogo inter generacional por la paz”
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_*La ciega que se vendió*_*
_
Revista Insurrección_*
*
El viernes pasado, al enviar a la cárcel a un ex presidente de la Corte
Suprema de Justicia, por venderse a los políticos ideólogos del
paramilitarismo, la Jueza 40 de control de garantías manifestó tristeza
porque “la justicia se venda al mejor postor”, por lo que no protege “la
búsqueda de la pacífica convivencia”; Denuncia que “nos encontramos ante
una crisis institucional en casi todos los sectores públicos”, y reitera
que “la justicia es ciega, pero no se debe vender”. También pregunta a
todas y todos los colombianos, por “¿Quién está realizando el control
social?” Ante este derrumbe del país.
Los casos de corrupción en la rama judicial son innumerables. Por
ejemplo, el escándalo de la Corte Suprema de Justicia está precedido de
la detención por corrupción del fiscal Luis Gustavo Moreno, delegado
para la lucha contra la corrupción y, la detención del Secretario de
Seguridad de Medellín Gustavo Villegas, por favorecer intereses de
narcotraficantes y paramilitares.
En varias regiones del país han ocurrido detenciones de magistrados,
jueces, fiscales y otros funcionarios como en el Departamento del Meta y
en Cartagena. En esta ultima ciudad, fue detenida la fiscal 3
especializada María Bernarda Puentes acusada de recibir sobornos para
favorecer paramilitares en la costa Caribe, y esa misma fiscal meses
antes puso en la cárcel a lideres sociales que habían denunciado la
existencia del paramilitarismo en la región.
Estos casos de corrupción coinciden con el inicio de la puja electoral,
cuando muchos candidatos han renunciado a sus partidos tradicionales
-carcomidos por la corrupción-, para presentar sus candidaturas a través
de firmas. Estos candidatos, pretenden ocultar y esquivar su
responsabilidad en el desfalco que han hecho al país a través de la
maquinaria clientelista y belicista, que han desarrollado y mediante la
cual han gobernado históricamente a Colombia.
Algunas cifras indican que cada año el país pierde cerca de 50 billones
de pesos por la corrupción. Los casos de corrupción que ha conocido el
país se encuentran bajo la responsabilidad de la mayor parte de la
institucionalidad pública y privada y, han afectado recursos de la
salud, la educación, el campo, los servicios públicos, las pensiones,
entre otros. A todo ello se suma la presencia de transnacionales que no
solamente amenazan los territorios, generan desplazamiento y despojo,
sino que además sobornan las instituciones para garantizar la inversión
del capital extranjero.
Entonces, la corrupción en Colombia es histórica y sistémica y sus
autores deben responder desde los niveles más altos y, “no saltar del
barco que se hunde”, como lo están haciendo los políticos cuyos partidos
se encuentran comprometidos con graves hechos de corrupción y
paramilitarismo. Los magistrados y políticos actualmente investigados
han favorecido el funcionamiento del sistema, del cual se han
beneficiado otros tantos que permanecen en el poder y debieran apartarse
de él. ¿Quiénes son y han sido sus jefes?
La corrupción no se puede explicar desde la simple debilidad del Estado
y la falta de controles, tampoco desde el clientelismo y la “mermelada”
como opinan muchos. Entre otras cosas no es mermelada lo que reparten y
reciben, la corrupción es la grasa que requiere la maquinaria para que
funcione el sistema.
La solución no es tan simple como exigir la investigación y sanción a
los corruptos y, el desmantelamiento de las redes criminales que
sostienen entre otras a las economías legales e ilegales que soportan
el aparato criminal. Ello es necesario, pero no es posible si quienes
ocupan los más altos cargos del aparato judicial, legislativo y
ejecutivo están comprometidos con estas prácticas y se benefician
permanentemente de la criminalidad, para sostenerse en el poder y
aumentar sus riquezas.
El problema tiene raíces muy profundas y comunes en la mayoría de los
países de la región, por lo que el Gobierno de los Estados Unidos –el
más corrupto de todos–, ha aprovechado esta problemática para desplegar
una estrategia de destapar información acumulada que poseen sobre actos
de corrupción, en países de América Latina, para hundir a sus oponentes
y realzar a sus condicionales; Estrategia perversa que además conlleva
una gran perdida de soberanía para esta naciones.
En Colombia, la superación de la corrupción se encuentra directamente
relacionada con la necesidad de construir una democracia para la paz,
por lo que su tratamiento requiere de grandes transformaciones
económicas y políticas, que permitan la adopción de soluciones eficaces
y duraderas.
Por ello insistimos en la participación activa, amplia, incluyente y
pluralista de toda la sociedad, en el debate y análisis público de los
problemas, en la construcción de una visión común de paz y, de las
transformaciones básicas urgentes que necesita nuestra sociedad, a fin
de avanzar en la construcción de un país con paz, justicia, equidad y
soberanía.
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_*
[Declaración] Antioquia le habla a Quito
*_
_*Organizaciones Sociales / Antioquia le habla a Quito*_
*
_Pronunciamiento público sobre el proceso de negociación entre el
Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)_
Medellín, 12 de septiembre de 2017
En el marco del evento “Antioquia le habla a Quito” realizado en
Medellín durante la última semana de agosto de 2017, organizaciones,
instituciones e integrantes de la sociedad civil nos reunimos con el
objetivo de debatir y sentar posición sobre el actual proceso de paz
entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Partiendo
de que la actual fase pública de los diálogos que se desarrollan en
Quito ha abierto la posibilidad a la participación activa e incluyente
de la sociedad civil, reconociéndola como sujeto esencial para la
solución final negociada del conflicto armado político en Colombia,
emitimos el siguiente pronunciamiento:
Hacemos un llamado a reconocer la heterogeneidad del conflicto armado en
nuestro país, ya que, por un lado, tiene sus raíces en problemas de
carácter social, político y económico; Y por otro lado, ha sido
protagonizado por una multiplicidad de actores (insurgentes,
contrainsurgentes y estatales). Consideramos además que la resolución de
la guerra entre insurgencias y estado no puede desconocer los procesos
que vienen adelantando diferentes comunidades respecto a la resolución
de otros conflictos (de carácter ambiental, económico, cultural, etc.).
Los diálogos de negociación deben incluir las agendas locales y
territoriales, haciendo énfasis en que las soluciones al conflicto
también son heterogéneas.
En este sentido, creemos que la paz merece una reflexión más amplia y
profunda, para buscar condiciones que verdaderamente la hagan estable y
duradera, trascendiendo las firmas de los acuerdos negociados. Es decir,
la paz debe ser entendida como un escenario de participación activa
donde se comienzan a forjar los caminos de construcción real y búsqueda
continua de soluciones a todas las manifestaciones de violencia
derivadas de los diferentes problemas estructurales por los que ha
atravesado históricamente el país. Por lo tanto, debemos entender que es
un proceso de transición y transformación democrática y paulatina que
debe involucrar a todos los sectores de la sociedad, como lo son
agremiaciones económicas, movimientos sociales, organizaciones
comunitarias, diversos grupos étnicos y de género, defensores y
defensoras de derechos humanos, víctimas, instituciones religiosas y
actores armados en conflicto.
Manifestamos además una serie de preocupaciones frente a algunas
condiciones que anteceden y rodean el actual proceso de negociación
entre el gobierno y el ELN.
La primera tiene que ver con los obstáculos por los que ha venido
pasando la ejecución de los puntos pactados en el Acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército
del Pueblo (FARC- EP), creemos que esta coyuntura no propicia un
ambiente de confianza para continuar con la Mesa en Quito, por eso
hacemos hincapié en la urgente necesidad de propiciar garantías
jurídicas y políticas que blinden los acuerdos negociados y generen
seguridad y amparo para el camino de consecución de la paz.
La segunda está relacionada con la alarmante cifra de 186 líderes y
lideresas sociales asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de
julio de 2017 y la omisión del Estado frente a esta situación y el
reconocimiento de la sistematicidad de estos ataques y persecuciones a
líderes sociales y defensores de derechos humanos; denunciamos que
mientras no existan acciones contundentes de protección y garantías para
ejercer las reclamaciones, la consecución de un escenario apto para la
paz se dilata y debilita.
La tercera hace referencia al poco cubrimiento informativo y analítico
respecto al proceso de negociación en Quito; señalamos que dicho proceso
ha tenido momentos de incertidumbre a los que no se les ha hecho el
suficiente seguimiento, estudio y difusión.
La cuarta se refiere al poco interés por parte del gobierno en
posibilitar escenarios de participación de la sociedad civil; hay una
carencia en la formación e integración de espacios para que las
diferentes organizaciones y grupos sociales manifiesten sus posturas y
peticiones frente al proceso.
Con todo lo anterior, y como partes conformantes de la sociedad civil
del departamento de Antioquia interesadas en participar activamente en
el curso del proceso y la constante construcción de la paz, concluimos que:
– Respaldamos el cese bilateral temporal al fuego entre el Gobierno y el
ELN, y, en el mismo sentido, instamos a las delegaciones a continuar
avanzando en su pacto definitivo siempre y cuando haya garantías de
seguridad para ambas partes.
– Exigimos al Gobierno cumplir con los acuerdos firmados en La Habana
con las FARC-EP. Le hacemos un llamado a no vulnerar lo ya acordado y
refrendado por el congreso, ni a omitir el compromiso que adquirió con
el pueblo colombiano el 24 de noviembre de 2016.
– Respetamos la autonomía de los pueblos para respaldar o no el proceso
de negociación pero, por otro lado, pedimos habilitar espacios para que
la participación social sea desde las dinámicas y los procesos sociales
de los territorios que posibilitan tanto la denuncia de las formas
particulares en las que vivimos el conflicto, como la expresión de las
maneras en las que nos comprometemos con su solución; sólo de esta
manera será posible llegar a acuerdos verdaderos y ejecutables para
cesar con las múltiples confrontaciones.
– Hacemos el llamado a que se acuerde de manera acertada y con prontitud
la participación social vinculante a la mesa de negociación en Quito,
posibilitando al pueblo colombiano expresar elementos de agenda para la
negociación y propuestas para la solución política al conflicto armado
desde los territorios. Solicitamos crear condiciones para que exista una
veeduría ciudadana a todas las eventualidades del proceso.
– Consideramos importante fortalecer los procesos de sensibilización y
pedagogía para la paz que amplíen el conocimiento y generen conciencia,
primero, frente a la historicidad del conflicto social, político,
económico y armado; y segundo, frente al actual proceso de paz entre el
Gobierno y el ELN. Ello además, con el espíritu de que se logren
concretar metodologías de participación desde los ciudadanos y ciudadanas.
_
¡Construyamos Paz,

con Garantías para la Vida

y Participación Directa de la Sociedad!
_
Firman,
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – NODO Antioquia.

Congreso de los Pueblos.

Semillero de investigación Cultura, Violencia y Territorio (INER – U de A).

Colectivo de Educación Popular Paulo Freire.

Corporación Social Nuevo Día.

Corporación Jurídica Libertad.

Oficina Estudiantil UN.

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Colectivo de Estudio y Trabajo – CET.

Corporación Volver.

Proyecto de Educación Popular Estanislao Zuleta – PEPEZ.

Red Popular Caminando la Palabra.

Tejido Juvenil Nacional – TEJUNTAS.

Identidad Estudiantil.

ASOVISNA.

Proyecto Exilio y Memoria.

Corporación Social Semilla Urbana.

REDEPAZ – Antioquia.

Pax Christi Medellín.

Mesa Ecuménica por la Paz.

Comosoc Antioquia.

Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud.
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*
*_El nuevo paramilitarismo colombiano_

*_*Diego Serrano / Frente Urbano Camilo Torres*_
*
*
*
La estrategia del enemigo interno, ha sido la condena de Colombia, que
no da luces a la posibilidad de ampliar su horizonte democrático; bajo
esta lógica, el país ha sobrevivido a la historia reciente, pues la
estigmatización, el señalamiento, la persecución y la desaparición de
todo el conjunto de personas, ideas y discrepancias políticas que
busquen cuestionar y confrontar al Estado, han estancado las opciones de
cambio, bajo una perspectiva que dignifique la existencia y los modos de
vida del pueblo colombiano.
_
Los orígenes imperialistas_

Después de la segunda Guerra mundial, surge el imperialismo
norteamericano, como la principal potencia hegemónica mundial e inaugura
la Guerra Fría, como la guerra permanente contra el comunismo a escala
planetaria, bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Así el Pentágono
le impuso a las oligarquías criollas, la estrategia del enemigo interno,
como la prioridad militar de sus gobiernos. Haciendo uso de todo el
aparato estatal, buscaron reprimir cualquier tipo de expresión
opositora, para evitar o neutralizar la acción política de diferentes
sectores de la sociedad, aglutinados en movimientos sociales y
organizaciones políticas diferentes a las tradicionales y eso se
intensifica como prácticas de Estado, tras el surgimiento de las
guerrillas de izquierda en 1964. Así se oficializa el Terrorismo de
Estado, que ataca de manera sistemática a la población civil, con
diferentes mecanismos de terror.
Para el caso colombiano, la aplicación de esta estrategia imperialista,
fue el surgimiento y la consolidación del proyecto paramilitar, como una
política de Estado, que con el pretexto de la lucha antisubversiva,
fortaleció el dominio económico y político de las oligarquías en
distintas regiones, por medio de la acción militar ilegal; fundamentado
también en un proyecto ideológico que se alimentó de la ausencia de
Estado en muchos territorios del país y de la presión generada por la
insurgencia, a los grandes terratenientes y latifundistas. Esto llevó al
establecimiento de un discurso anticomunista generalizado, el cual tuvo
aceptación no sólo en las esferas del poder económico y político, sino
que, gracias al papel de los medios de comunicación, caló en gran parte
de la sociedad. Con ello se aludió a la defensa de la propiedad privada
por medio de la reivindicación de la “legítima defensa”, discurso con
gran afinidad entre importantes empresarios, usurpadores de tierras del
país y empresas multinacionales.
_El paramilitarismo al poder_

Esta lógica, después de más de tres décadas de haber aparecido el
paramilitarismo como política de Estado, sigue tan vigente como nunca,
incluso a pesar del show y la parafernalia de la supuesta
desmovilización que se dio en torno a la Ley de Justicia y Paz de 2005,
del ex presidente Álvaro Uribe, mediante la cual se hizo el montaje,
para hacerle creer a la opinión pública, que las fuerzas paramilitares
dejaban de existir. Pero eso no fue más que una farsa mediática, puesto
que se mantiene el mismo discurso antisubversivo y se sigue generando
las prácticas de terror en la mayoría de regiones del país, en las
cuales el paramilitarismo nunca dejó de existir, porque nunca sus
aliados políticos y económicos han perdido el dominio de los territorios
de los que se apoderaron y mantienen a sangre y fuego.
La década del 2000 será el escenario del desmonte parcial de las
estructuras paramilitares. El país entra en un momento de consolidación
de un modelo de desarrollo extractivista y de monocultivos, sobre el
cual los paramilitares tienen muchas afinidades. Además, el
paramilitarismo se convierte en la locomotora de una nueva fase de
acumulación originaria de capital, mediante la desposesión violenta y
las ganancias extraordinarias del narcotráfico. La política de tierra
arrasada del paramilitarismo, permite vaciar los territorios con
presencia guerrillera, de la gran mayoría de la población, que sufrió la
desaparición de las formas organizativas, el asesinato de los
principales dirigentes y el destierro masivo.
Así se da una simbiosis entre la rancia oligarquía regional y los nuevos
ricos del narcoparamilitarismo. La llegada de Álvaro Uribe Vélez a la
presidencia, en el 2002, significará la consolidación de un proyecto que
se venía construyendo a nivel regional, por vía de la política y por vía
de la fuerza (estructuras y bloques del paramilitarismo), que con Uribe
se centrará en una perspectiva nacional. Con Uribe, el
narcoparamilitarismo se toma por asalto el poder del Estado central,
para lo cual será necesario legalizar las bases económicas creadas por
los paramilitares y desmontar parcialmente la actividad militar de
algunos grupos; es por ello que una de las banderas políticas del
uribismo en aquel entonces será este acuerdo de paz, el cual pretende
favorecer a una generación de jefes narcoparamilitares en un proceso de
reinserción, de manera que se les dé cierta legalidad, cumpliendo unas
penas ridículas, para que puedan consolidar sus proyectos económicos en
cada una de las regiones de control, legalizando sus capitales mal
habidos, y, controlando la actividad política y económica en sus
territorios.
_
El neoparamilitarismo_

Tras el proceso de desmonte de las grandes estructuras paramilitares
rurales, se van a conformar grupos neoparamilitares, que principalmente
entran a ejercer el control territorial urbano y suburbano. Estos
consolidarán estructuras a nivel regional, en los que surgirán alianzas
entre antiguos paramilitares, políticos y empresarios, de modo tal que,
tras la consolidación de su proyecto nacional de extrema derecha,
vuelven a sus regiones a controlar importantes sectores de la economía,
a gobernar la administración pública y seguir maniobrando desde la
ilegalidad, con todos los negocios ilícitos y criminales, como los
secuestros, el contrabando, la prostitución y el narcotráfico, del cual
no entregaron todas las rutas en el proceso de desarme, y con las
estructuras militares que no se desmontaron. Así pues seguirán
consolidando principalmente su economía de diversas formas: realizarán
las funciones de seguridad a los negocios del narcotráfico estableciendo
cuotas, las extorsiones seguirán siendo una fuente importante de
recursos, legalizarán el dinero conseguido de manera ilegal por medio de
empresas fachadas y la ayuda del sistema financiero, se dedicarán a la
tecnificación ganadera y al monocultivo, especialmente de palma de
aceite por medio del despojo de tierras; y en general se apropiarán de
rentas públicas gracias a la ayuda de políticos locales, por medio de
quienes podrán constituir empresas de juegos de azar y deportes
profesionales; cooperativas de seguridad, de salud, transporte y
distribución de combustibles; emporios de recreación y turismo, centros
comerciales, concesionarias de automóviles, urbanizaciones suntuarias, etc.
En las relaciones y vínculos establecidos con importantes sectores de la
sociedad, destaca la creación de partidos políticos que van a hacerse
con gobernaciones y alcaldías locales, lo cual va a demostrar que estas
estructuras no son sólo bandas al servicio del narcotráfico, sino que
tienen una perspectiva más global en relación a la política nacional,
ello se traducirá en entornos favorables para su dominio territorial. El
narcoparamilitarismo se vuelve en la principal maquinaria electoral,
para la consecución de votos bajo la ley metálica del “plomo y la plata”
y que terminan al servicio de todos los partidos políticos del
establecimiento.
Estos grupos neoparamilitares mantienen su directriz ideológica de estar
al servicio de la extrema derecha y defensa del Estado, funcionando por
medio de grupos regionales, donde cada uno de estos realizará labores de
inteligencia, finanzas, control y exterminio social y político, en
estrecha colaboración con los aparatos represivos del régimen. Dichas
labores se desarrollan por medio de redes de apoyo en información,
articulados a las estructuras de los cuadrantes que ha definido la
policía y grupos de apoyo militar, que seguirán operando desde la
clandestinidad y poniendo a su servicio la gran mayoría de las bandas
delincuenciales. Este amancebamiento de las fuerzas represivas estatales
y el neoparamilitarismo ha multiplicado en forma exponencial el negocio
del microtráfico de narcóticos, haciendo de Colombia, no sólo el
principal país exportador de cocaína, sino también, en uno de los
principales consumidores, con el gravísimo costo de la descomposición de
la juventud y la infancia.
_El neo paramilitarismo y el post acuerdo_

Con el acuerdo de las FARC con el Estado, para volverse una organización
legal; el gobierno de Juan Manuel Santos grita a los cuatro vientos que
Colombia entró a la época del “postconflicto”, sin que el Estado haya
mejorado o superado ninguna de las causas que dieron origen al conflicto
interno.
En medio de los debates jurídicos, que le permita a algunos jefes de las
FARC hacer parte del parlamento, la mayoría de la guerrillerada, no sabe
cuál será su destino, dentro de un sistema, que toda la vida
combatieron. La incertidumbre aumenta, cuando están viendo morir a
varios de sus camaradas y familiares en estado de indefensión y cuando
se incrementa la cantidad de asesinatos en los sectores sociales, de
líderes sindicalistas, campesinos, indígenas, afrodescendientes,
estudiantes, activistas populares y, defensores de Derechos Humanos.
Mientras una guerrilla se desarma, se dispara el accionar del
paramilitarismo, contra las organizaciones sociales y políticas que
desarrollan alguna actividad de defensa de sus derechos más elementales.
Nuevamente resurgen los grupos paramilitares rurales, tratando de copar
los territorios que abandona las FARC, causando el terror y el
destierro. Sin embargo, los voceros gubernamentales y todos los
intelectuales orgánicos y funcionales al establecimiento, hacen
malabares académicos para demostrar que el paramilitarismo no existe,
que la racha criminal no tiene sistematicidad y que sólo han resurgido
algunos bandas criminales a las que denominan Bacrim, que no tiene
móviles políticos y sólo les interesa enriquecerse.
Ahora se publicita la pronta entrega de uno de los principales grupos
del narcoparamilitarismo, que cada rato le cambian de nombre: Los
Urabeños, el clan Úsuga, las autodefensas Gaitanistas o el clan del
golfo. Pero, con toda seguridad que el gobierno no podrá endilgarle al
grupo de Otoniel, la responsabilidad de los centenares de crímenes que
han ejecutado en el último año, contra los sectores de la oposición.
Sencillamente esas muertes hacen parte de los crímenes de Estado y el
paramilitarismo es una de las máscaras que utilizan las fuerzas de
represión estatal.
Las guerrillas colombianas han venido jugando como una forma de
contención a la devastación capitalista, en varias regiones que son muy
ricas en biodiversidad, recursos naturales y bienes públicos. Con la
desmovilización de las FARC, se ha revivido la voracidad explotadora del
gran capital y por tanto, nuevamente asistimos a una reactivación del
paramilitarismo, que despliega el Terrorismo de Estado contra la población.
Paradójicamente, el mal llamado postconflicto, es otra fase de
agudización de la guerra interna colombiana, donde el Estado elimina
todo lo que represente el enemigo interno al gran capital.
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_*Un país que destruye sus recursos naturales
*__*
Ismael Ardila*_
*

La propiedad de los recursos en el subsuelo, son del Estado colombiano,
pero, no tiene un control absoluto sobre estos. La legislación para la
concesión de títulos de exploración y explotación de hidrocarburos, la
elite gobernante la ha llevado a que la ganancia de la renta petrolera
ha caído de un 75 por ciento a un 25 por ciento, y las Concesiones de
exploración y explotación se entregan casi que a perpetuidad, sin ningún
control ambiental ni responsabilidad social.
_Destrozos ambientales consentidos_

Colombia a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH,
estableció un reglamento único de contratación en áreas de exploración y
explotación de hidrocarburos; pero en este no establece un sistema de
gestión propio para prevenir y mitigar los impactos ambientales de gran
proporción. En el capítulo 5, artículo 19 de las Habilidades del
proponente establece que la acreditación de la capacidad ambiental debe
demostrarse a través de la norma internacional ISO-14001, esta no hace
diferencia de las particularidades de cada país, porque no es lo mismo
el mismo explotar petróleo en el desierto de Irak, que explotar petróleo
en un territorio con un ecosistema, tan complejo como las sabanas
inundables del departamento de Arauca; Capacidad que también pueden
demostrase con el documento del Responsabilidad ambiental corporativa.
(Ver: http://bit.ly/2we7HYc)
Múltiples investigaciones indican que las compañías petroleras rompen
con los parámetros ambientales, causando destrozos en las comunidades
como contaminación de los espejos de aguas superficiales, mortandad de
animales, deterioro de la calidad del aire por la quema de gases,
extinción y taponamiento de ríos, quebradas y sus afluentes.
En la comunidad de Guamal, Departamento del Meta, se adelanta una lucha
para frenar los trabajos en los pozos petroleros Trogón 1 y Lorito ”,
que colocan en alto riesgo las fuentes hídricas y las actividades
productivas de la región. (Ver: http://bit.ly/2yhYNKY)
En este mismo caso la procuraduría solicita la suspensión de las
actividades ya que presenta ocho casos de incumplimientos en materia
ambiental, entre los que se encuentran principalmente “la plata forma
del pozo Lorito 1, está a tan solo 100 metros del rio Humadea. Además,
se construirá sobre un manto acuífero subterráneo”. (Ver:
http://bit.ly/2x6Kmfr)
_El ecocidio de la Laguna del Lipa_

La Laguna del Lipa o Santuario Natural del Lipa; espejo de agua
superficial natural, que la compañía petrolera estadounidense,
Occidental de Colombia, OXY, la destruyó y hasta el momento ninguna
entidad estatal ha impuesto las sanciones correspondientes.
La Laguna del Lipa, era catalogada como un santuario natural y despensa
alimenticia, por los colonos que llegaron a la región del Sarare, desde
los años 50, época de la violencia bipartidista; y, durante el apogeo de
la explotación petrolera. Era un centro de intercambio comercial y
cultural para los seis pueblos milenarios que habitan el departamento de
Arauca.
La llegada de la petrolera OXY, conlleva a la desforestación de este
ecosistema. También al relleno de zonas inundables, caños, ríos y sus
afluentes, lo que conlleva a la mortandad de innumerables especies
acuáticas y desabastecimiento de una de las cadenas alimenticias y
económicas para la población araucana.
La explotación petrolera, históricamente no ha tenido sistemas de
gestión ambiental responsables que mitiguen los impactos negativos;
mucho menos, un sistema de tratamiento de aguas residuales, que siguen
siendo siendo vertidas a los cuerpos de agua superficiales, generando
graves daños a los ecosistemas. Otro aspecto fundamental, es que se
extraen de ella grandes cantidades de agua, hasta casi secar la Laguna.
(Ver: http://bit.ly/2jV5Ohq)
Un último proyecto petrolero en la Laguna del Lipa, es el cuestionado
proyecto Chipirón, que además, de ser instalado en el centro de lo que
queda en la Laguna del Lipa; Proyecto que le está dando un ultimátum, a
este Santuario Natural.
_Resistencia ante el saqueo a perpetuidad_

Para los pobladores del Departamento de Arauca, el pozo petrolero Caño
Limón, explotado a perpetuidad por la compañía OXY, deja ver dos
estragos fundamentales: uno, entrega de recursos naturales a
extranjeros; Dos, el olvido estatal por parte del gobierno nacional. Con
el deterioro del medio ambiente; dicen, se va deteriorando la capacidad
productiva de la tierra; lo que se traduce en hambre y miseria. Una
mujer campesina de Arauquita, afirma que, “la empresa petrolera vertió
las aguas contaminadas a las caños, ríos y quebradas de la zona,
causando la inundación de las parcelas y dañando los cultivos de pancoger”.
Esto explica las marchas, paros, cabildos abiertos, audiencias públicas
que la sociedad araucana ha realizado para denunciar la perdida de los
ecosistemas naturales y reclamar la histórica deuda ecológica, que la
OXY tiene con la población del departamento de Arauca. Pero la
respuestas del gobierno y la petroleras son, represión constante contra
las comunidades, estigmatización, judicialización y en el menor de los
casos presencia del ESMAD para sofocar las justas reclamaciones.
Es importante resaltar que la exploración y explotación de petróleo, en
un comienzo supuso una gran esperanza para la población; pero esta se
tradujo en perdida de los recursos naturales, conflictos sociales,
conflicto armado, pobreza, perdida de la capacidad productiva.
Problemáticas de las cuales estaremos hablando en las futuras ediciones.
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_*El miedo del régimen español a la autodeterminación de Catalunya*__*
*_*
_Marcos Salcedo / Frente Internacional Milton Hernández_*
*
Luego de que ocurrieran los atentados el pasado mes, no se dejaba de
hablar en todo el mundo de Barcelona y las víctimas que allí murieron.
Luego de que el Rey y el presidente Mariano Rajoy visitaran Barcelona
para lamentar los hechos y “solidarizarse¨ con las víctimas y sus
familias, cientos de miles de personas marcharon en las calles
exigiéndole al Estado Español y al Rey, de que dejen sus negocios de
ventas de armas a los países del golfo, quienes financian y apoyan al
Estado Islámico. Estos actos de pésame por el gobierno y la monarquía,
eran considerados por la gente de Catalunya y muchos lugares de España
como hipocresía y cinismo, la misma hipocresía con que España habla hoy
de democracia para con el proceso catalán.
_La disputa por democracia y soberanía
_
Proceso, que por estos días aumenta la tensión política entre Catalunya
y Madrid, desde donde se genera la disputa por la democracia y la
soberanía que defienden los catalanes, y la de la unidad nacional del
gobierno español de Madrid con un Estado centralista y monárquico que
busca sabotear el proceso independentista, que para el próximo 1 de
octubre, tendrán una histórica jornada con el Referéndum.
Lo que se viene denominando soberanismo catalán y su auge, hasta el
punto de convocar y organizar un referéndum de autodeterminación con el
Estado español en contra, no era posible hace unos diez años atrás. Se
menciona que el apoyo social que existía frente al independentismo solo
era de un 16 por ciento en el año 2006, con un catalanismo dividido
entre la centro-derecha autonomista y una izquierda independentista que,
a pesar de su crecimiento, estaba lejos de la hegemonía.
Hoy el independentismo catalán, tradicionalmente minoritario, se ha
convertido en la corriente sociopolítica central en Catalunya, y va
teniendo una capacidad de movilización y cohesión, a pesar de las
enormes diferencias y contradicciones internas como para plantear un
referéndum de autodeterminación. La lucha de clases seguirá
agudizándose, mientras la independencia para la burguesía y derecha
catalana, sea la de tener un Estado propio en donde sus rentas
capitalistas se mantengan y crezcan, donde estén de tú a tú con la
burguesía española y europea.
_Los matices de la izquierda_

La izquierda se debate también entre sus diferentes corrientes y
matices. Encontramos la actual coalición que gobierna la capital
catalana de Barcelona, Barcelona En Comú, cuya plataforma política está
constituida por partidos como, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra
Unida i Alternativa, Equo, Procés Constituent y Podemos. Siendo su
presidenta la actual alcaldesa, Ada Colau, desde el 2015. Esta
plataforma realizo una consulta con sus miembros en donde se decidía
respaldar la jornada del 1 de octubre, no como un referéndum, si no como
una movilización, esta postura blanda es ideológica, también hay algo
frente a las tensiones que desde Madrid presionan el gobierno de Colau,
por las sanciones que tendría la alcaldía si permitía las locaciones y
las urnas para el referéndum. Pero, esa tensión se busca superar por las
instituciones catalanas pese a las amenazas de Madrid, así que trataran
de dar todas las garantías para la jornada, de esta forma lo han
manifestado en la prensa desde este 14 de septiembre en donde se hace la
campaña oficial para el 1 de octubre.
Desde la izquierda anticapitalista como las CUP (en catalán, Candidatura
d’Unitat Popular), formación independentista conformada por varias
organizaciones políticas entre ellas, Endavant (Organización Socialista
de liberación Nacional) y Poble Lliure, entre otras. Apoyan de lleno el
referéndum pero saben que el poder se construye desde abajo,
alimentándose de los movimientos sociales, que la independencia no se
decreta solamente.
Pero no todo se ha resuelto fácilmente, mientras el soberanismo catalán
se va uniendo, la postura del Estado Español ha sido la de mediante sus
instrumentos represivos sancionar y sabotear a quienes estén impulsando
la jornada. Ha realizado acciones como la de suspender la Ley del
Referéndum como base de apoyo. España ha trasmitido a los Mossos
d’escuadra (policía catalana) las órdenes del Fiscal General del Estado:
requisar urnas, papeletas, censos y cualquier material destinado a hacer
posible el 1-Octubre. La cadena TV3 también anunció haber recibido la
advertencia del Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya para «no
informar» sobre cualquier acto relacionado con el referéndum. El TSJC
trasladó a los directores de TV3 y de Catalunya Ràdio la notificación
del Tribunal Constitucional sobre la suspensión del referendum, en la
que se incluye la prohibición de reproducir la campaña institucional y
la advertencia sobre las consecuencias penales que podrían sufrir en
caso de desobediencia. En resumen, dos periodistas han sido amenazados y
una institución que los catalanes sienten como muy suya ha sido puesta
en el punto de mira.
_Junto a la radiotelevisión pública, la mayoría de ayuntamientos
catalanes recibieron la advertencia del TSJC. Pese a ello, más de 700
alcaldes (de 947) se han adherido ya al referendum._
Pero no solo trabajó el TSJC. También la judicatura madrileña está
haciendo horas extra estos días por Catalunya. Un juzgado de la capital
española prohibió –a petición del Partido Popular– un acto político a
favor del 1-octubre en Madrid, mientras que el Pleno del Tribunal
Constitucional, hizo suspensiones cautelares al admitir a trámite los
recursos de inconstitucionalidad contra las leyes catalanas de
Transitoriedad Jurídica y Código Tributario. La primera seria la norma
que debería hacer de puente entre la legalidad española y la legalidad
catalana en caso de victoria del Sí el 1-octubre; la segunda, parte del
engranaje con el que Catalunya quiere poner los cimientos de una
Hacienda propia.
_Incertidumbre en la población y los migrantes_

También la preocupación radica en la comunidad y pueblos migrantes que
viven en Catalunya donde muchos aún no han solucionado su situación de
papeles y a los que se les ha prohibido votar en el referéndum. ¿Serán
tenidos en cuenta en una república catalana, será factible obtener los
papeles? ¿Desaparecerá la ley de extranjería? ¿Podrán obtener la
nacionalidad catalana?, son preguntas que se hacen los migrantes que
viven en Cataluña y que también apoyan el referéndum y al pueblo
catalán en su libre derecho de decidir su destino.
Mientras el calendario avanza hacia el primero de Octubre, también se
siente la solidaridad del pueblo de Euskal Herria (País Vasco) quienes
también anhelan la independencia y de seguro les suscitara nuevos
escenarios de debate el actual contexto catalán. Precisamente en la
ciudad vasca de Vitoria, fue cancelado un acto político que realizaría
en favor del referéndum la diputada Anna Grabriel de las CUP. La policía
llego y declaro ilegal el acto, dándolo por terminado. Cientos de
personas se agolparon en abucheos y rechazos solidarizándose con la
diputada catalana.
Esperemos entonces como se desarrollaran los hechos de aquí al 1 de
octubre, algunos avizoran que el gobierno español incrementara la
represión hasta el nivel de poder militarizar Cataluña. Amanecerá y
veremos cómo corre el viento por esos lados del mediterráneo.

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_*No duden del cese bilateral*__*
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_Delegación de Diálogo del ELN
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El pasado 4 de septiembre, anunciamos el Acuerdo de Quito (ver
comunicado: http://bit.ly/2yvXJDk), para realizar 101 días de Cese al
fuego bilateral, temporal y nacional.
Desde entonces las dos Delegaciones de diálogos hemos estado
dedicadas a redactar los reglamentos de funcionamiento del Mecanismo de
Veeduría y Verificación, y los Protocolos sobre Reglas y Compromisos,
Comunicaciones para prevenir incidentes, Seguridad e Información
pública; para que el domingo Primero de octubre pueda iniciar el cese al
fuego bilateral contando con reglas claras.
Éste es una cese de inicio de la negociación, que aporta a rebajar
la intensidad del conflicto desde ya, que no deja esto para el final del
proceso, buscando que sea la población la principal beneficiada de un
clima de paz. En este inicio, no hay separación de fuerzas y cada parte
mantiene su plena movilidad; Contando con la veeduría y verificación de
la ONU, la Conferencia Episcopal de Colombia y las organizaciones sociales.
Los propósitos de esta mesa de diálogos son “suscribir un Acuerdo
Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en
búsqueda de una Colombia en paz y equidad”, según consta en el Acuerdo
de Caracas del 30 de marzo de 2016; por esto durante esta tregua
buscamos que despegue la participación masiva de la sociedad, como
sujeto protagónico de los cambios.
Uno de los objetivos que traza la Agenda de conversaciones es
“erradicar la violencia en la política”, para que no haya persecución
política, se deje de usar la violencia como control social y de aplicar
la represión ilegal; Fundamentos que van a ayudar a frenar la expansión
del paramilitarismo y su intento por copar territorios que pueda ir
dejando las FARC.
El Acuerdo de Quito, dice que el cese bilateral debe finalizar el
martes 9 de enero de 2018, y no el día 12 como están afirmando algunos
voceros del Gobierno.
_

Delegación de Diálogos

Ejército de Liberación Nacional

Quito, 23 de septiembre de 2017_
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