Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 609

————————————————————————
/– Revista Insurrección //N° 609 –/_//_
_/Noviembre 2017/_

*_No se cansan de incumplir_*
_//_ _*INDICE:*_

*No se cansan de incumplir Revista Insurrección*
<#No_se_cansan_de_incumplir>
*Un salto cualitativo en la unidad Organizaciones sociales*
<#Un_salto_cualitativo_en_la_unidad>
*El esquivo alivio humanitarioOrganizaciones sociales*
<#El_esquivo_alivio_humanitario>
*La inhumanidad de las prisiones colombianas Ismael Ardila*
<#La_inhumanidad_de_las_prisiones> *¿Vivimos en paz en las ciudades?
Camilo Trochez <#Vivimos_en_paz_en_las_ciudades>
**Ni sierra, ni nevada, ni de Santa Marta Emerson de Francisco
* <#Ni_sierra_ni_nevada_ni_de_Santa_Marta>
*_Ultimos videos:

La NO violencia contra la mujer
<https://www.eln-voces.com/index.php/arte-cultura/videos/1350-la-no-violencia-contra-la-mujer>
__

_*
*_Twitter:_*

ELN Voces <https://twitter.com/@eln_voces>
*_Youtube:_*

*_ELN <https://www.youtube.com/user/1964ELN>_*

*_ELN Paz _* <https://www.youtube.com/channel/UCZr45H61ijQjeuDC2ReFJeA>
*_
_**
<http://www.eln-voces.com/index.php/arte-cultura/videos/1190-saludo-a-la-xviii-asamblea-general-de-la-uso>**
*————————————————————————————(
Para desuscribirse de esta lista de noticias envié un mensaje en blanco
a colombia-unsubscribe@eln-voces.com Recibirá un mensaje de respuesta
automáticamente del
servidor.)—————————————————————————————-
_*No se cansan de incumplir*_*
_
Revista Insurrección_*
*
El pasado viernes 24 de noviembre se cumplió un año de los acuerdos de
paz pactados entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC,
hecho que convocó a múltiples expresiones de la sociedad a concentrarse
en un acto protocolario en el mismo lugar de su firma, el Teatro Colón
en Bogotá.
El escenario en el cual debió haberse desarrollado una fiesta, se
convirtió en tribuna de exigencias, como lo hizo ver el mismo Timoleón
Jiménez en su intervención: “Esta fecha ha de representar un clamor
nacional, el aliento a una gigantesca movilización para que se cumpla
sin burlas lo pactado.” Lo afirmó dado que la implementación de los
compromisos adquiridos por parte del gobierno como representación del
Estado, en los acuerdos firmados hace un año, progresivamente los han
venido alterando y recortando para que nada sustancial cambie.
Las FARC han cumplido su palabra, se desmovilizaron, entregaron las
armas y crearon un nuevo partido político para participar de la vida
política legal. En contraste a esto y a pocos días de finalizar el
trámite rápido de decretos; el gobierno y el Congreso de la República se
encuentran en una carrera de tortugas, en una lógica de amarres y
mezquindades, haciendo todo lo posible para el incumplimiento, para que
nada avance en cuanto a reformas de fondo y para que la impunidad siga
su reinado.
La seguridad jurídica de los acuerdos se encuentra en crisis. La Corte
Constitucional y el Congreso redujeron la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP) apenas para el cumplimiento exclusivo de las FARC. Con nuevas
condiciones y límites, abrieron más campo a la impunidad de crímenes de
Estado, para que altos mandos militares y financiadores del
paramilitarismo no sean sometidos a la justicia. Las elites, han
legislado para sus propios intereses, buscando su propia inmunidad, lo
que implica un desconocimiento de los derechos de las víctimas y una
burla a los principios elementales de la responsabilidad de Estado, en
materia de verdad, justicia, reparación auténtica y no repetición.
Permitir que la violencia estructural que aplican los de arriba, siga
siendo la manera como el Estado trata los conflictos políticos y
sociales, es negar la posibilidad de que las fuerzas populares
alternativas, puedan competir por el poder a través de las vías
políticas legales. La manera como han venido desarticulando y
desbaratando los acuerdos firmados con las FARC antes de cumplirlos, es
de por sí una demostración nítida de ello, de lo que están en
disposición de hacer: ningún impedimento tiene para no honrar la palabra
empeñada.
El Estado se comprometió a luchar contra el paramilitarismo. A la fecha
el paramilitarismo sigue existiendo y fortaleciéndose a lo largo y ancho
del país. Se ha conocido que desde abril de 2017 a la fecha han sido
asesinados 31 exintegrantes de las FARC y 12 de sus familiares. Cientos
de prisioneros políticos de las FARC no han recobrado aún su libertad:
de los 3.774 presos políticos de esa fuerza, aún permanecen privados de
la libertad 796.
No han garantizado los derechos al Ejercicio de la oposición y la
Participación Política, el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición acordado entre las partes aún no ha iniciado
sus funciones. La seguridad y sostenibilidad económica para la
reincorporación se encuentra en vilo, no arrancan los proyectos
productivos para excombatientes; tampoco se les otorga tierras para
adelantar actividades agrícolas.
Pareciera que dentro del “Plan Victoria” del gobierno, estuviera el
incumplimiento de los Acuerdos con las FARC, para desmotivar su
militancia, provocar su deserción y disolverlos como fuerza política.
La decisión de la Corte Constitucional del 14 de noviembre de 2017, que
declaró exequible el Acto Legislativo 01 del 2017, desvertebra en
aspectos centrales la JEP, quedando reducida al juzgamiento de las FARC
y no de la otra parte del conflicto. Se excluyeron funcionarios civiles
del Estado y terceros civiles, tales como empresarios y financiadores,
los que han sido decisivos en el exterminio y genocidio del pueblo
colombiano. Vuelve la figura de la extradición, bajo la excusa de la
reincidencia o incumplimiento con la Justicia Especial para la Paz.
Recordamos la declaración de Montecristi, firmada por las FARC y el ELN,
en Ecuador en octubre pasado, y reiteramos el llamado a las
organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos, y a los
sectores democráticos y alternativos para emprender y continuar
esfuerzos de organización, denuncia, resistencia, movilización, defensa
de la vida, del territorio, por las garantías y los Derechos Humanos de
los colombianos y colombianas, y a la lucha constante por un país en paz
y con justicia social.
Ante esto, surge la pregunta ¿con quién se pacta en Colombia un acuerdo
de paz? ¿Quién tiene capacidad de acordar y también voluntad real para
cumplir lo firmado? Los acuerdos con las FARC, supuestamente se firmaron
con el Estado y con un blindaje internacional. Pero, una vez firmados, y
so pretexto de la independencia de los tres poderes (ejecutivo,
legislativo y judicial), cada cual empezó a desconocer, a imponer
brechas, a evadir y a modificar unilateralmente aspectos centrales de lo
acordado. Eso es lo que en Colombia popularmente llamamos “hacer conejo”.
Con lo que ha pasado con las FARC, nos preguntamos con elemental
razonamiento, compartido por muchos que miran expectantes el devenir:
¿Qué confiabilidad o confianza puede tener no sólo el ELN sino la
sociedad que acompaña este proceso, visto lo que ha acontecido este
año?; ¿Qué seriedad hay por parte de las elites dominantes y de su
régimen, cuando hacen y solemnemente firman unos acuerdos que enseguida
incumplen? En lo que ha pasado ahora, se está repitiendo históricamente
por parte de las clases dominantes, lo que ha sucedido en cadena desde
la época de los Comuneros, pues cada vez que firman unos acuerdos de
paz, es para engañar y traicionar los compromisos.
**
————————————————————–
Compartir Articulo <https://twitter.com/ELN_Colombia>—-Subir——
<#Indice>
————————————————————-
*
_*
Un salto cualitativo en la unidad
*_
_*Organizaciones sociales* <#Saludos_al_cese_bilateral>_
*
En el propósito de continuar y profundizar el esfuerzo planteado en el
Seminario de Unidad, realizado en marzo del presente año, en el sentido
de dar un salto cualitativo en el proceso de construcción de una
perspectiva estratégica de unidad; convocamos la realización del
Encuentro Nacional por la Unidad y la Paz, en Bogotá, el 30 de noviembre
y 1 de diciembre 2017.
Dado que actualmente no existe un proyecto de Nación que pueda
convertirse en un articulador de la dinámica política y social en la
perspectiva estratégica de construcción de Poder, se requiere, sin duda,
superar el estado de dispersión en que se encuentra el campo popular,
democrático, y revolucionario del País. Se impone avanzar en un proceso
de unidad horizontal, colectiva e incluyente política y socialmente,
participativo, decisorio y sólidamente fundido en los intereses
populares, desde los territorios y sectores sociales, que reconozca más
allá de los ejes de lo comúnmente convenido, las autonomías y
diversidades de las dinámicas convergentes y en el que las corrientes
del pensamiento y la política emulen, configuren y cambien las
correlaciones de fuerza. En ese sentido, proponemos levantar un proyecto
político alternativo de poder en Colombia, que emerja como opción
política real, que gane el reconocimiento y confianza de la población y
la opinión.
Las dos facciones de la clase dominante se enfrentan en la búsqueda del
control del aparato del Estado en las próximas elecciones Presidenciales
y Parlamentarias, a través de un sistema político y electoral,
absolutamente antidemocrático y corrupto. Coyuntura electoral en la
cual, las izquierdas, teniendo una oportunidad favorable están avanzando
en acuerdos para una participación unitaria, como opción de gobierno,
que sirva en las mejores condiciones a la causa e intereses del campo
democrático y popular.
Estas tendencias de derecha y corte reaccionario sirven, desde la
geopolítica regional, de apoyo servil e incondicional a los designios de
los imperios para garantizar el control político, los recursos naturales
y las materias primas, tendiente a sobrellevar la crisis sistémica del
capitalismo. Así fomentan y diversifican la agresión económica, política
y militar contra los Gobiernos y los pueblos que, en Latinoamérica, en
un compromiso de soberanía y democracia, han logrado construir dinámicas
de integración y han asumido políticas que no satisfacen a esas potencias.
Todo indica que se requiere un proyecto político alternativo de unidad
que pueda comenzar a quebrar la hegemonía de las derechas en el País,
para plantearse la posibilidad de un cambio profundo, que tenga como
fundamento la defensa de la vida, exigiendo plenas garantías para la
participación del movimiento social y popular en sus espacios legítimos
de movilización y protesta, confrontando la estela de muerte y de terror
como práctica de la acción del paramilitarismo, se resuelva las
necesidades fundamentales de la población y ponga en marcha la
construcción de una sociedad soberana, democrática, justa y
ambientalmente sostenible.
Sin ese proyecto de unidad no es posible el cambio. Un proyecto de poder
popular y democrático que se consolide políticamente en Colombia, que
transforme la correlación de fuerzas entre la democracia y la
antidemocracia podrá neutralizar y contener el guerrerismo de las clases
dominantes y las graves consecuencias de la aventura imperialista en
Colombia.
En estas circunstancias, resulta urgente, indispensable e inmediato,
recabar la voluntad política y la práctica concreta por la unidad
estratégica, continuar y fortalecer los diálogos de unidad del campo
popular y democrático, los ejes programáticos de un eventual acuerdo,
los instrumentos articuladores, las metodologías para articular y
construir la unidad, en la movilización, desde los territorios y
sectores sociales y concretamente en el empoderamiento del pueblo en sus
diferentes espacios Sociales, Sectoriales, Locales, Regionales,
Territoriales y Nacionales, como condición y garantía para el avance y
sostenibilidad de las luchas reivindicativas, y para el desarrollo de su
estrategia hacia el poder y la construcción de un nuevo orden social.
En esta medida y perspectiva de la estrategia de poder, las luchas
coyunturales para el desarrollo e implementación de los acuerdos de paz
Gobierno – FARC, para el avance y respaldo en la decidida participación
de los diferentes y diversos estamentos de la sociedad en los diálogos y
de Gobierno – ELN en Quito, la instalación de una mesa de conversaciones
con el EPL, la movilización de la población en sus luchas
reivindicativas y el fortalecimiento del campo popular y democrático en
la coyuntura electoral; lograrán su mayor potencialidad, sostenibilidad
y eficacia.
Con estas razones y motivaciones; convocamos el “Encuentro Nacional por
la Unidad y la Paz”, que se realizará en la ciudad de Bogotá, durante
los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017.
Firman las organizaciones sociales y políticas, procesos, regiones y
territorios presentes en Seminario de marzo 2017.

**
*
*————————————————————-
Compartir Articulo <https://twitter.com/ELN_Colombia>
—-Subir—– <#Indice>
————————————————————-
*
*
*
*_El esquivo alivio humanitario_

*_*Organizaciones sociales*_
*
*
*
Al finalizar el segundo mes de Cese al fuego bilateral, temporal,
nacional (CFBTN), no rebajan las acciones de persecución contra las
fuerzas políticas alternativas, ni el trato de guerra a la protesta
social, ni la represión brutal contra la población privada de libertad
en las prisiones colombianas. Por lo que “objetivo primordial de mejorar
la situación humanitaria de la población” que tiene este Cese, sigue
siendo de bajos logros. Estas son las acciones de persecución que hizo
el régimen en la última semana.
El domingo 19 de noviembre en San José de Apartadó la comunidad
denunció la llegada de un grupo de paramilitares fuertemente armados al
asentamiento en la vereda La Esperanza, allí entraron violando la
propiedad y buscando a uno de los líderes locales, luego interceptaron a
un poblador de la zona al que le dijeron:
“Sabemos que ese HP (sic) está aquí en La Esperanza y Gildardo Tuberquia
En Mulatos son los que nos denuncian cuando nosotros pasamos por las
fincas, pero ese jueguito se les acabó porque los vamos a sacar de sus
casas como sea y por encima del que sea”.
Además, denunciaron que pasado jueves 16 de noviembre, cuando llegaba al
caserío de San José a recoger a su mamá, fue atacado a bala desde la
base militar de El Mariano, a unos 200 metros, el joven Juan De La Cruz
Guzmán Sucerquia, sufriendo varios impactos en su cuerpo y debiendo ser
hospitalizado de inmediato. Finalmente aseguran que existe complicidad
entre la Brigada XXI del Ejército y el paramilitarismo que hoy controlan
esa región.
El 21 de noviembre fue amenazada e intimidada por sicarios, Marlen
Arévalo, líder social y defensora de derechos humanos en Guamal, Meta.
Las amenazas son producto de la denuncia que venía haciendo por la
construcción del pozo petrolero “Lorito” por Ecopetrol y la ANLA, sin
los permisos constitucionales necesarios.
Desde el lunes 21 de noviembre, hombres y mujeres detenidos en la
cárcel judicial de Pasto – Nariño, dieron inicio a una huelga de hambre,
a la que se sumaron 1.500 personas. Sus peticiones son mejores
condiciones de Salud para los presos y denunciar las deficientes
condiciones logísticas del plantel que tiene una sobre población de 200
por ciento.
El miércoles 22 de noviembre La Red de Derechos Humanos del
Putumayo dio a conocer la desaparición del campesino José Torres, de la
vereda Brisas de Aguablanca, del municipio de Puerto Leguízamo. Los
habitantes de la vereda manifestaron que unidades de la Infantería de la
Marina habían hecho un despliegue militar durante esos días.
El 23 de noviembre en la cárcel Tramacúa de Valledupar El
prisionero Jorge Andrés Pérez D. 6982, denuncia que, a pesar de las
tutelas falladas favorablemente para resolver la solicitud de traslado
por enfermedad y acercamiento familiar, esta no ha sido cumplida. En su
lugar ha recibido represalias por parte de la guardia y la
administración del centro penitenciario, aislándolo de los demás
compañeros e infringiéndole tratos crueles e inhumanos al dirigirlo a un
calabozo de aislamiento.
El 24 de noviembre en Belén de los Andaquíes, Caquetá, fueron
encontrados muertos Mario Jacanamejoy Duverne y Prieto Coro que llevaban
más de cuatro días sin saber del paradero. Jacanamejoy era líder del
pueblo Inga, hacia parte de la mesa de concertación de los pueblos
indígenas del Caquetá y pertenecía al movimiento político
El día 24 de noviembre, fue agredido brutalmente el preso político
del Ejército de Liberación Nacional, Edwin Londoño, recluido en el Patio
C, del Establecimiento de reclusión del orden nacional de Pedregal –
Antioquia, por un recluso paramilitar de las llamadas Autodefensas
Gaitanistas.
El 24 de noviembre en Tumaco, Nariño, Henry Castellanos conocido
como “Romaña” dirigente del partido político de las FARC, tuvo que salir
de la Zona Veredal, porque se encontraba amenazado por las bandas
paramilitares que asechan esa región. Asegura, además, que esta
situación es común en todo el país, producto del incumplimiento del
gobierno de los acuerdos pactados hace un año; con lo que pone en riesgo
a excombatientes y líderes sociales.
_
_

**————————————————————–
Compartir Articulo
<https://twitter.com/ELN_Colombia>**
—-Subir—— <#Indice>
————————————————————-
*
_*La inhumanidad de las prisiones colombianas
*__*
Ismael Ardila*_
*
Ante la crisis humanitaria de la población privada de libertad, los
reclusos de la cárcel de Palo Gordo en Girón Santander, “invitan a los
organismos de control como la Defensoría del Pueblo, Contraloría y
Procuraduría, ONG’s, Comunidad Nacional e Internacional, para que hagan
seguimiento a la sentencia T-762 emanada por la Corte Gonstitucional en
el 2015”, que obliga al gobierno a resolver la catástrofe humanitaria de
las cárceles.
_
Silenciados a golpes_

La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, denunció ante el director del
Instituto penitenciario de Colombia (INPEC), General Jorge Luis Ramírez
Aragón, que el 10 de noviembre, 100 guardianes de la cárcel Picota de
Bogotá, irrumpieron en el Patio Cuatro, para allanar las celdas en las
horas de la madrugada, y donde, resultaron brutalmente atropelladas
decenas de presos políticos. Los propios prisioneros denuncian que
“fueron brutalmente agredidos, con golpizas, daños de sus pertenencias y
dejando un saldo de más de 70 heridos, igualmente se les aplicó medidas
de represión, internando a varios de ellos en las Unidad de Tratamiento
Especial UTE”. En este actuar de la guardia, fueron agredidos
prisioneros políticos tanto de las FARC, como del ELN.
Los prisioneros denuncian que, en la agresión, los guardias del INPEC,
explotaron más de 150 pipetas de gas, lanzaron bombas aturdidoras.
También indican que después estar un largo tiempo, desnudos en la cancha
de fútbol, regresaron a sus celdas, pero encontraron sus colchonetas
dañadas, mojadas y, hasta orinadas. De igual forma les robaron sus
pertenencias. Más grave aún, sufrieron la destrucción de medicamentos
para enfermos terminales, por parte del cuerpo de custodia y vigilancia
del INPEC; lo que tipifica una violación flagrante a la dignidad humana.
En el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca,
uno de los presos políticos del ELN, Jhon Leyton, fue apuñalado
mientras, se encontraba en labores de aseo en la cancha de fútbol del
Bloque Dos. Este es un riesgo que corren los presos políticos del ELN,
ya que, se encuentran distribuidos por todo el centro penitenciario y no
tienen la oportunidad de agruparse en un solo pabellón, para que tengan
garantizada su seguridad.
El régimen viola el derecho a la protesta. Como sucedió en el
Establecimiento de Reclusión de Pasto, con la retaliación a la huelga
que realizaron en protesta por las múltiples problemáticas que afectan
su dignidad, vida e integridad: “el día 24 de octubre de 2017, se
realizó un operativo de la guardia penitenciaria en el marco del cual se
destruyeron sus pertenencias, los alimentos almacenados por los internos
(café, aceite, yogurt, etc) fueron pisoteados y vertidos sobre los
colchones y ropa. Igualmente, se les amenazó con restringir el derecho a
la visita si continuaban con la jornada”.
_
Sin salud ni alimentación básicas_

En el sistema carcelario en Colombia la prestación al servicio de salud
dejó de existir. En la cárcel de Girón, desde comienzos de 2017, no se
les está prestando el servicio integrado de salud a la población privada
de libertad. Por falta de medicamentos hay más de 800 formulas médicas
represadas. Incluso el 10 de noviembre de 2017, la atención médica del
Patio 3 fue suspendida, debido a la misma excusa; “no hay medicamentos”,
según justificó la administración de este centro carcelario.
Esta situación pone en riesgo la vida del preso político del ELN, Jorge
Iván Ibarra Rojas, quiere presenta deterioro en su salud, y la demora en
la atención hace más difícil su situación, debido a la desidia y
negligencia, por parte del Estado, El INPEC y de las directivas de la
cárcel de Girón.
El derecho a la alimentación es otro que está en precarias condiciones.
En comunicado emitido el 8 de noviembre del presente año, los reclusos
de la cárcel de Ocaña, Norte de Santander, denuncian que “la situación
es tan crítica que la mayoría de los presos pasan toda la semana sin
comer por miedo a envenenarse o intoxicarse, ya que el nivel de
descomposición en el que nos entregan la comida, es tóxico para el
organismo. Es así, como sólo hasta el fin de semana ingerimos alimento
alguno, porque tenemos la visita de nuestros familiares y sabemos que
traen comida en buen estado”. La misma situación se presenta en la
cárcel de Palo Gordo en Girón. https://derechodelpueblo.blogspot.com/
_Amontonados más que hacinados_

Las condiciones indignas para los reclusos nacen del hacinamiento. Los
internos en la cárcel de Ocaña, dicen que la sobrepoblación en esta
prisión es del 200 por ciento.
En el año 2016, se declaró una emergencia en todas las cárceles, pero
las medidas que se tomaron no tuvieron efecto positivo, pues a febrero
de 2017, el hacinamiento se encontraba en el 52,53 por ciento, y, las
quejas seguían creciendo; según el portal del diario El País
http://www.elpais.com.co/judicial/se-agudiza-la-crisis-carcelaria-en-colombia-habra-una-salida.html
Por su parte el diario El Tiempo, dice que las cárceles están a
reventar, explica que la capacidad de las cárceles en el país ese de
79.410 reclusos, pero que en la actualidad hay 117.276; es decir, existe
una sobrepoblación carcelaria de 37.688 presos. En otras palabras, un
hacinamiento carcelario del 47.68% en el país. Establece que 32.637
hombres, y, 2.438 mujeres, están acusados por un delito.
En este informe también se establecen los 8 departamentos con mayor
hacinamiento carcelario.

http://www.eltiempo.com/justicia/servicios/alerta-las-carceles-de-colombia-estan-a-reventar-88538
Departamento
Cárceles Hacinamiento (%)

La Guajira
Riohacha 445

Magdalena Santa
Marta 367

Cesar
Aguachica 188,5

Boyacá Puerto
Boyacá 126

Amazonas
Leticia 121,1

Nariño Cinco
cárceles 111,9

Chocó
Quibdó 95,8

Antioquia 20
cárceles 70,12
_Las elenas y elenos prisioneros políticos_

Una Comisión de verificación de la situación de los Presos Políticos de
ELN, visitó las cárceles de Palo Gordo, Cómbita, El Barne, Acacias,
Yopal, Arauca, Palmira, Jamundí, Popayán, y Pasto. Estas visitas arrojan
una estadística de 349 integrantes del ELN, recluidos en las cárceles
del país.
En cárceles como la de Acacias, Meta, se encuentran dispersos en todos
los patios, situación que representa un grave peligro para su
integridad, ya que no se les permite agruparse; allí también se
encuentran recluidos presos de bandas criminales y grupos paramilitares.
Es preocupante el pésimo estado de salud, en el que se encuentran varios
presos políticos como Óscar Alexis Pérez Incapié, recluido en la cárcel
de Jamundí y, herido por un preso social. Wilder, preso en la cárcel de
pasto, herido en combate en la pierna izquierda, está con tutores y
tornillos, pero desde el mes de junio no ha recibido ninguna revisión
médica. Pedro Alfonso Pedrados, recluido en la cárcel de Arauca,
presenta deterioro de salud por el mal de Chagas y padece Parkinson; en
la misma situación se encuentra José Alejandro Castillo Marín, quien fue
herido en el estómago, fue sometido a una cirugía, pero desde ese
momento vomita sangre y cuando tiene recaídas no puede ni levantarse. A
estos casos de problemas de salud no se les presenta la atención
adecuada, situación que demuestra la grave crisis en la que se encuentra
el sistema de salud carcelario.
La población privada de la libertad y los presos políticos del Ejército
de Liberación Nacional, solicitan a la mesa de Quito, para que su
situación mejore, y para ser tenidos en cuenta en el proceso de
participación, para que se diseñe un instrumento que genere
empoderamiento y unidad, para construir desde las prisiones aportar a
una Paz justa y duradera.
***
————————————————————–
Compartir Articulo
<https://twitter.com/ELN_Colombia>**
—-Subir—— <#Indice>
————————————————————-
**
_*¿Vivimos en paz en las ciudades?*__*
*_*
_Camilo Trochez_*
*
Las ciudades se han convertido poco a poco, en la otra cara olvidada del
conflicto que vive Colombia desde el siglo pasado. A lo largo de más de
cincuenta años, más de siete millones de desplazados víctimas del
conflicto, más el despojo de tierras en el campo y la extinción de la
vida campesina, han servido para engrosar los “cinturones de miseria”
que rodean las ciudades colombianas. Se trata de verdaderos “guettos”,
donde el Estado y las cámaras de la televisión no llegan, donde reinan
la violencia, la miseria y la exclusión.
En el actual cese al fuego bilateral, temporal y nacional, pactado entre
el gobierno de Santos y el Ejército de Liberación Nacional, cabe pensar
¿cómo llevar la paz y los “alivios humanitarios” a las ciudades? Lo que
implica erradicar el ataque a los líderes sociales, el tratamiento de
guerra a la protesta social y la criminalización de la pobreza. Sin
embargo, existen grandes obstáculos a enfrentar.
_La degradación humana en las urbes_

Al igual que el campo colombiano, en las ciudades es impactante la
ausencia del Estado, lo que causa una guerra que se vive en calles,
barrios y comunas urbanas. Las periferias de las ciudades el Estado no
garantiza derechos básicos para la población, como empleo digno,
educación, salud y vivienda; allí todos sobreviven por debajo de la
línea de pobreza.
_Según el último informe de ONU Hábitat:_

“América Latina es la región más desigual del mundo; los países de peor
desempeño fueron Colombia, Costa Rica y Ecuador, y la ciudad de Colombia
con una mayor distancia entre el 10 por ciento más rico y el 10 por
ciento más pobre fue Medellín” [1].
La ciudad capitalista neoliberal tiene dos caras, una la de las elites,
privada, para consumo de una minoría, con centros comerciales, parques,
y zonas exclusivas; mientras que, en la otra, la de los barrios
populares y asentamientos ilegales sobreviven las grandes mayorías de la
población.
_De la limpieza social a la limpieza política_

El conflicto armado y el narcotráfico son determinantes en la vida de
los pobladores urbanos, a través de bandas locales que vienen
funcionando como franquicias de grandes mafias nacionales e
internacionales, como el ahora llamado Clan del Golfo o Urabeños,
Águilas Negras, la Terraza o la Oficina de Envigado y miles de bandas
locales, usadas todas por el Estado como su brazo paramilitar. En los
últimos años el llamado Clan del Golfo viene expandiéndose desde Urabá,
a ciudades como Medellín, Cali y Buenaventura enfrentando a otras bandas
o anexionándolas, en un proceso de confederación similar al que llevó a
la creación de los ejércitos paramilitares de hace 20 años.
El negocio principal es el narcotráfico, el micro-tráfico, el cobro de
extorsiones y otro tipo delitos menores; por su gran poder económico y
militar la criminalidad de los bajos fondos, ha subordinado las
instituciones locales y regionales, ejerciendo como arma eficiente para
controlar el territorio y su población. El desbordamiento de estas
bandas en las principales ciudades ha llevado a una difícil situación
humanitaria con persecución, asesinatos, reclutamiento, extorsiones, e
imposición de fronteras invisibles.
En el Distrito de Agua Blanca en Cali, vive el 30 por ciento de los 2,1
millones habitantes que tiene esta, la tercera ciudad de Colombia; sus
comunas figuran entre las más violentas, existiendo allí 3 mil jóvenes
involucrados en 150 pandillas al servicio de la mafia, guerra que
produce cientos de muertes al año, y hace que los jóvenes que allí
viven, mueran antes de los veinte años [2].
En la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, presenta similares
problemas, donde resalta la llamada “limpieza social”, que oculta de
fondo el fascismo y la criminalización de la pobreza, impulsada por las
agencias represivas del Estado. Allí han sido asesinadas por lo menos 5
mil personas desde los años 80, y recientemente en Bogotá, se registran
189 casos, con 346 homicidios producto de esta modalidad criminal del
Estado, donde un 28 por ciento de los casos ocurre en Ciudad Bolívar [3].
Medellín presenta por igual altos niveles de violencia, y es, además,
una de las ciudades más desiguales de Colombia, a pesar de ser
catalogada como “ciudad innovadora”, ¿en qué? Es el resultado de la
penetración del paramilitarismo, en una amalgama de carteles del
narcotráfico y elites locales, con las que penetraron las instituciones
estatales. A pesar de la supuesta desmovilización de los paramilitares
hecha por Uribe, hoy Medellín es el mejor ejemplo de cómo funciona, la
simbiosis de exclusión, narcotráfico y paramilitarismo, para ejecutar
limpieza social y limpieza política.
Los herederos del paramilitarismo en Medellín mueven negocios por 40 mil
millones de pesos mensualmente. ¿Cómo lo hacen?: Por el sistema
financiero; Bancolombia, Grupo Aval, Davivienda, dicen los
investigadores de Kavilando [4]. De esta manera se articulan los
negocios ilícitos con la ciudad capitalista, y al mismo tiempo el crimen
organizado y las elites regionales.
No solamente las ciudades más grandes de Colombia vienen sufriendo los
vejámenes del conflicto y el abandono estatal, pequeñas cabeceras y
ciudades intermedias como Buenaventura, Tumaco, Quibdó y Río Sucio
sufren los mismos problemas al convertirse en centros estratégicos de
los corredores del narcotráfico, afectando totalmente la vida de sus
pobladores. Los cuales abandona su territorio, costumbres y tradiciones
para ser empleados y víctimas de esta gigantesca industria ilícita.
_Disputa territorial_

La presencia de bandas delincuenciales al servicio de grandes carteles,
con un importante poder económico y control territorial, se constituyen
en claros obstáculos para la movilización y la organización social;
además del micro-tráfico y otros negocios ilícitos, estas ofrecen
servicios contrainsurgentes y paramilitares, funcionales a los intereses
del gran capital. Al ser caracterizadas como solamente “bandas
criminales”, el Estado no reconoce el móvil político en los asesinatos a
líderes sociales, y sólo los cataloga como delincuencia común.
Raul Zibechi afirma que la elite dominante después de ganar la pelea en:

“las regiones dominadas por los paramilitares, la guerra continúa, pero
con otros actores, como las pandillas que actúan sobre el legado de
miedo dejado por la violencia, usando métodos muy similares…imponiendo
orden patriarcal, racista, capaz de regular los mínimos intersticios de
la vida cotidiana” [5].
El territorio es el principal objetivo en disputa, por lo que la
población es la principal afectada, pero la que vienen cayendo
mayoritariamente en la espiral de violencia, es la población joven.
Recientemente vienen aumentando los asesinatos de líderes sociales y
dirigentes de Juntas de Acción Comunal, como estas lo manifestaron el
pasado 12 de noviembre, en una jornada nacional de protesta y
movilización en rechazo de los crímenes contra líderes comunales y sociales.
_
Retos de una paz urbana
_
Las cifras demuestran cómo crece el empobrecimiento y la exclusión de
las mayorías nacionales. El desempleo juvenil en Bogotá, es el más alto
que el promedio de la ciudad: 15,1 frente a 9,3 por ciento. La
informalidad juvenil, es decir empleo de baja calidad, supera el 24 por
ciento. En cuanto a la educación 4 de cada 10 jóvenes no logran ingresar
a la universidad, y cerca del 42 por ciento de los que terminan el
bachillerato, no pueden ingresar al año siguiente a formación técnica,
tecnológica o profesional. El Departamento nacional de estadística ha
establecido que un universitario puede tardar hasta siete meses en
conseguir un empleo [6].
La crisis del embarazo precoz se agrava a diario. Cuando llegan a los 20
años de edad, el 25 por ciento de las mujeres han estado embarazadas al
menos una vez; mientras que el 11 por ciento quedó encinta antes de los
14 años y el 14 por ciento, entre los 15 y los 19. Son jóvenes las
principales víctimas de homicidio: entre el 30 y el 40 por ciento [7].
El aumento de la delincuencia, la drogadicción y la prostitución
significa que estamos en una sociedad y unas ciudades que tiene grandes
deudas con sus niños y jóvenes; por la falta de oportunidades, de
educación, salud y empleo, principales obstáculos estructurales por
enfrentar, componente fundamental de este inmenso problema que vive
Colombia y en especial el país urbano [8].
_____

[1] http://bit.ly/2A6UtBk

[2] http://bit.ly/2i92YVZ

[3] http://bit.ly/1YHNyBk

[4] http://bit.ly/2BoCowV

[5] http://bit.ly/2iV1mN0

[6] http://bit.ly/2vRS5N6

[7] http://bit.ly/2vRS5N6

[8] http://bit.ly/2vRS5N6.
_
_ **
————————————————————–
Compartir Articulo <https://twitter.com/ELN_Colombia> —-Subir——
<#Indice>
————————————————————-
*
_*Ni sierra, ni nevada, ni de Santa Marta*__*
*_*
_Emerson de Francisco
_*
*
La Sierra Nevada de Santa Marta, aparte de ser una reserva natural, se
considera un lugar sagrado para las etnias que la habitan; En vista de
la amenaza que enfrentan, el pasado 16 de noviembre cientos de indígenas
Arhuacos protestaron en la entrada de la Gobernación del Cesar,
exigiendo frenar la minería en la Sierra Nevada y, la protección de los
ecosistemas, además de solicitar un diálogo con el mandatario
departamental, Francisco Ovalle Angarita; como respuesta sus peticiones,
fueron atacados brutalmente por la policía militarizada del Esmad.
Una vez más, ante una legítima y pacifica vía de protesta, la respuesta
estatal es acudir a la fuerza y de esta forma acallar las comunidades,
soslayarle sus derechos y, salvaguardar las garantías y beneficios que
le brinda a las empresa mineras multinacionales. De esta forma, el
Estado demuestra su esencia, de reconocer derechos sociales, ambientales
y culturales en sus discursos electorales, pero en el diario vivir,
sofocar las voces disidentes a sangre y fuego.
Con la entrega de esta joya del Caribe a las empresas multinacionales
mineras, en adelante ya no tendremos Sierra, y por la pérdida de los
glaciares dejará de ser Nevada, además al pasar a manos extranjeras
dejará de ser de Santa Marta.
_La Sierra es un santuario natural y espiritual_

La Sierra Nevada de Santa Marta, es una fuente hídrica y biodiversa del
Caribe colombiano, en la medida en que es la principal fuente de agua
para las cabeceras de los departamentos de la Guajira, el Cesar y el
Magdalena. Los ríos que nacen en la Sierra Nevada producen más de 10 mil
millones de metros cúbicos de agua por año, de los cuales una parte se
convierte en fuente de agua para 1,5 millones de personas. Las cuencas
forman en la parte plana y circunvecina de la Sierra, valles aluviales
que en conjunto suman más de 280 mil hectáreas de fértiles tierras.
La Sierra Nevada de Santa Marta fue declarada, reserva de la Biosfera en
1986 [1], parque natural en 1989 [2] y, parque nacional en 1999 [3].
Además, es el hogar de cuatro etnias que habitan, protegen y defienden
sus ancestrales tradiciones, los Kogui, los Arhuacos, los Wiwas y
Kankuamos; Junto con estas etnias, en sus territorios habitan varias
comunidades de colonos que cultivan los fértiles suelos de la parte baja
de la Sierra y, contribuyen al abastecimiento de alimentos de los
pobladores de las ciudades y pueblos aledaños.
En esta reserva natural, existen en total 348 títulos mineros, 285
títulos mineros vigentes, 132 proyectos mineros en marcha, y siete
bloques mineros activos. Adicionalmente, hay cerca de 1320 solicitudes
de títulos y otros 18 títulos de explotación en convenio con la Agencia
Nacional de Hidrocarburos. Esto se convierte en un riesgo latente para
las comunidades y el ecosistema; Además de las afectaciones al agua, el
aire, la flora y la fauna de los territorios tradicionales y de cerca de
los 32 municipios alrededor de la Sierra, los proyectos extractivistas
están cambiando la vocación del territorio y poner en riesgo la
seguridad alimentaria de las comunidades indígenas y de 200 mil colonos
campesinos. De igual forma, afecta la salud de la población por la
contaminación, perjudica el modelo cultural y de desarrollo sostenible,
las etnias pierden la autonomía sobre sus territorios, y se debilita y
fragmenta la organización social propia de la comunidad.
_El oro no se come, ni se bebe_

Según la Agencia Nacional de Minería a la fecha existen 8.866 títulos
mineros vigentes, y afirma que en nuestro suelo existen 2.015 toneladas
de oro (60 millones de onzas). Muchos de estos títulos se encuentran en
paramos y montañas, que no sólo albergan una gran biodiversidad; sino,
que además son el abastecimiento de agua potable de millones de
personas, ejemplo de esto son La Colosa, Santurbán, Santa Isabel, La
Sierra Nevada, entre otros.
La explotación de oro a cielo abierto, representa uno de los mayores
peligros para la biodiversidad, la sostenibilidad ambiental y la
vocación agropecuaria del país. Principalmente, porque desde el punto
ambiental, en este tipo de minería se utilizan grandes cantidades de
cianuro y de agua que se contaminan y se vuelven irrecuperables. Además,
en lo social, se desplazan las comunidades ubicadas en las cercanías de
los yacimientos y se ven dañados sus medios de subsistencia, las fuentes
laborales son muy pocas y temporales y, las costumbres culturales se ven
amenazadas, por la migración multitudinaria de personas atraídas por la
fiebre del oro.
_Miseria de las comunidades, para que las multinacionales se enriquezcan_

Un estudio de septiembre de 2016 de la Contraloría, dice: “la calidad de
vida de la población de las zonas de explotación de minerales no sólo no
mejoró, sino que, en la mayoría de los casos, vio consolidar su retraso
en contraste con otras regiones”.
El Departamento del Chocó tiene un indicador de pobreza del 74 por
ciento y un déficit de vivienda de 82 por ciento, en contrate con un
incremento acelerado de la extracción de oro, que sube hasta alcanzar un
39 por ciento de la producción colombiana. En la Guajira se encuentra la
mina de El cerrejón [4], de donde sale el 68 por ciento de nuestro
carbón, pero sufren 76 por ciento de necesidades básicas insatisfechas
(NBI), y tiene una tasa de mortalidad infantil de 38 por cada mil
nacidos vivos, mientras que en en el resto de Colombia es de 18.
Puerto Gaitán, en el Meta, es el municipio colombiano que más regalías
recibe por la explotación del petróleo; Sin embargo, registra la tasa
de mortalidad infantil más alta del país, con 61 niños por cada mil
nacidos vivos. Además, su población carece de servicios esenciales como
agua potable y electricidad.
_
Decisión de las mayorías sobre los Bienes Comunes_

Sin duda, la política ambiental y minero-energética del país, no solo
debe ser discutida por la sociedad de manera activa y vinculante, sino,
además, la sociedad en su conjunto, no solo las comunidades afectadas,
debe organizarse y masivamente exigir al estado los cambios básicos
urgentes que necesita la sociedad, de otra forma será imposible alcanzar
una paz con justicia y equidad social y, que a su vez sea estable y
duradera. Mientras exista desigualdad social y leyes a favor de los
monopolios y en contra de los intereses del pueblo, la rebeldía en armas
no solo será un derecho, sino un deber y la única alternativa de los
pueblos.
_____

[1] En el ámbito internacional, la red mundial de Reservas de la
Biosfera hace referencia a zonas ecológicas representativas de las
distintas regiones biogeográficas que constituyen espacios de gran
diversidad biológica, con características naturales de gran interés
científico.

[2] Sierra Nevada fue declarada Parque Natural por el Parlamento de
Andalucía en 1989 debido a las singularidades de flora, fauna,
geomorfología y paisaje. Posteriormente, el Parlamento Autonómico
propuso su declaración como Parque Nacional.

[3] El Parque Nacional de Sierra Nevada viene a sumarse a la Red de
Parques Nacionales (Ley 3/99, de 11 de enero de 1999).

[4] Mina Carbonífera a Cielo Abierto más grande de Colombia, y tercera a
nivel mundial.
Categoría: Militancia.
**————————————————————–
Compartir Articulo <https://twitter.com/ELN_Colombia>—-Subir——
<#Indice>
————————————————————-**
**
*
*
*
*Siempre junto al Pueblo*
*Viva el ELN***
————————————————————————————————
RESPETAMOS SU PRIVACIDAD
Este correo llega a usted porque está o estaba subscrito/a a una de
nuestras listas o porque alguien nos proporcionó su dirección
pensando que nuestra información es de su interés.
Si el contenido de este mensaje no es de su interés, lamentamos
que le haya llegado. Para desuscribirse de esta lista de noticias
envié un mensaje en blanco a colombia-unsubscribe@eln-voces.com
Recibirá un mensaje de respuesta automáticamente del servidor.
————————————————————————————————

FontFuente: colombia@eln-voces.com, via: colombia-bounces@eln-voces.com

Leave a comment

*